Se tramitan once conflictos con las comunidades autónomas
Un total de once conflictos constitucionales están en tramitación entre el Gobierno y las comunidades autónomas del País Vasco y la Generalidad de Cataluña.Asimismo, la Administración central, según ha sabido Efe, prepara en estos momentos la documentación de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra una ley de la Generalidad en materia de bibliotecas.
Cuatro de los once conflictos se encuentran ya en trámite de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal y los seis restantes en la fase previa de requerimiento mutuo entre el Gobierno central y la comunidad autónoma correspondiente.
Cinco de los conflictos son con Cataluña y los otros seis con el País Vasco. Los conflictos son los siguientes:
Recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Senadores del Parlamento vasco; recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Transferencias de las diputaciones a la Generalidad; recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento vasco por la que se reconoce el derecho de inviolabilidad e inmunidad a sus parlamentarios; recurso de inconstitucionalidad, también contra el Parlamento vasco, sobre centros de contratación de cargas de transporte terrestre de mercancías.
El Gobierno consideró que esta ley de contratación podría atentar contra la unidad del mercado.
Conflicto de competencias contra el decreto de la Generalidad de Cataluña sobre emisoras radiofónicas de frecuencia modulada.
Requerimiento de incompetencia formulado por el Estado contra un decreto vasco por el que se crea un registro de convenios colectivos de trabajo; requerimiento del Gobierno vasco al Gobierno de la nación para que se derogue el decreto sobre las cajas de ahorro; requerimiento de la Generalidad al Gobierno de la nación para que derogue parcialmente un decreto sobre clubes y federaciones deportivas; requerimiento de la Generalidad al Gobierno contra el decreto de servicios mínimos en relación con la huelga del pasado mes de marzo del Metro y transportes urbanos; requerimiento de la Generalidad contra el decreto de alta inspección; requerimiento del Gobierno vasco contra este último decreto.
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