Los defraudadores del aceite pueden haber obtenido 75.000 millones de pesetas de beneficios

La evidencia estadística de un gigantesco fraude del aceite de oliva está constatada a nivel oficial desde 1974 y apuntada desde 1970, al margen de las reiteradas denuncias efectuadas en este sentido por entidades e instituciones relacionadas con el sector olivarero. El fraude es cuantificable en unas 250.000 toneladas anuales y ha podido deparar a los defraudadores unos beneficios de 75.000 millones de pesetas en los últimos diez años, si se supone que el beneficio por litro sólo haya sido de treinta pesetas.

Aproximadamente un millón y cuarto de litros de aceite ilegal por diversas causas se ha recogido ya en las provincias afectadas por la intoxicación, y se calcula que puede rebasarse el millón y medio, sin incluir a Madrid en este cómputo, según informaciones solventes. (La información oficial ya ha cuantificado una incautación de 1.070.640 litros).Nadie ha dicho aún qué cantidad de ese aceite es tóxico. Tampoco se sabe qué cantidad de aceite tóxico queda en circulación, tanto envasado como componente de quesos, dulces, embutidos y conservas, por citar sólo productos que el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social (MTSSS) ha señalado como peligrosos de consumo en el circuito, comercial de venta ambulante, y sin querer pensar en otras posibilidades.

Lo único que se sabe es que una importadora de aceite llamada RAPSA vendió a otra empresa comercializadora de aceite de consumo llamada Raelsa una partida de 110.000 kilos de aceite industrial (tóxico) que esta firma puso a la venta como comestible.

Sobre este punto se sabe también que una partida de 59.000 kilos de aceite de Raelsa, destinado al consumo humano, fue previamente refinado por la empresa sevillana Itehache. Este volumen de aceite se corresponde con la mitad del comprado por Raelsa a RAPSA, pero ninguna autoridad ha precisado aún si se trataba de aquel aceite de colza desnaturalizado (destinado a uso industrial). Legalmente, Itehache sólo puede refinar aceite comestible. Pero, en el caso de que esos 59.000 kilos fueran efectivamente la mitad de los adquiridos a RAPSA, ¿qué pasó con la otra mitad?

No se sabe tampoco si Raelsa distribuyó la totalidad de ese aceite tóxico en el circuito de venta ambulante de aceite sin marca, o si también comercializó con otras firmas (sí se sabe, por ejemplo, que en ese circuito ambulante se vendió a entidades colectivas, como colegios).

El aceite tóxico no es sólo el que se ha detectado entre el vendido a granel y ambulante, sino el de, al menos, cinco marcas legalmente reconocidas. ¿Qué porcentaje de mezcla ilegal llevan estos aceites? ¿Qué componente se mezcló con la grasa pura de oliva? ¿De dónde procedía? ¿Cuál es el total de kilos de estos aceites tóxicos puestos en circulación o en situación de almacenamientos? ¿Es exclusivamente la red directa de venta al consumidor el campo comercial de esas empresas o se extiende su actividad a otras. áreas? En otras palabras, ¿dónde se ha distribuido el aceite de las cinco marcas legalizadas consideradas tóxicas" Ninguna autoridad ha informado de estas cuestiones.

Tampoco hay, hasta la fecha, esclarecimiento oficial del destino y uso de las cuatrocientas toneladas de aceite de colza desnaturalizado (tóxico) que RAPSA vendió en el primer trimestre de este año a la empresa catalana de productos químicos Salomó.

No deja de ser curioso el hecho de que la primera nota oficial sobre el resultado de las investigaciones sobre el fraude que ha causado esta intoxicación masiva fuese facilitada después de que este periódico publicara la presunta implicación de Raelsa. Así como que la segunda nota sobre más implicaciones y detenciones, en especial sobre el proceso de importación, fuese facilitada el mismo día en que informábamos de la presunta implicación de la empresa importadora RAPSA y la detención de sus dos propietarios, después de varias consultas en los departamentos ministeriales competentes, sin obtener otra cosa que datos inconexos o ambiguos, y de diversas gestiones en Madrid y San Sebastián, que, finalmente, aportaron un resultado positivo.

En resumen, después de tres meses de intoxicación, los ciudadanos siguen sin conocer, de manera oficial, la cuantificación, el alcance, del fraude que ha causado la muerte de 79 personas y la enfermedad de más de 10.000, ni el entramado de circunstancias en que se ha producido.

Fraga pregunta por 100.000 toneladas

El diputado y portavoz por Coalición Democrática, Manuel Fraga Iribarne, interpuso el pasado día 9 de junio una interpelación al presidente del Gobierno en la que pregunta sobre las medidas gubernamentales que han hecho posible la existencia de un fraude anual de 100.000 toneladas en la comercialización del aceite de oliva.

Días antes, exactamente el día 5, EL PAIS publicaba un informe en el que se daba cuenta del resultado de las informaciones obtenidas por diversos conductos. Estos datos reflejaban un consumo anual en España de 700.000 toneladas de aceites vegetales. De este supuesto total, 500.000 toneladas eran distribuidas en botellas o envases; otras 75.000 iban destinadas a la industria, y unas 30.000 se vendían autorizadas a granel. Su simple suma -se decía en esa información- muestra la falta de 100.000 toneladas.

Por otra parte, entre el consumo aparente y el real de aceite de oliva se advertía desde años un desfase de unas 80.000 o 90.000 toneladas al año, según estudios del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Comercio Interior. Dicha cifra venía a coincidir con el hueco de 100.000 toneladas advertido en el consumo total de los varios aceites vegetales.

Manuel Fraga, en su interpelación, analiza estos y otros datos. «Existe un aparente equilibrio -según CD- entre el consumo de aceite de oliva en España (350.000 toneladas al año), más las exportaciones (100.000 toneladas), y el total de la producción anual española (450.000 toneladas)». Sin embargo, «a pesar de tal supuesto equilibrio entre la oferta y la demanda, que haría innecesaria la intervención de los organismos reguladores de la Administración, el FORPPA», añade el diputado de Coalición Democrática, «desde la campaña de 1975/1976 ha tenido que comprar a los productores, y por tanto retirar del mercado para que no se hundieran los precios, la cantidad de 280.000 toneladas de aceite de oliva, que tiene en estos momentos depositados en los almacenes del Patrimonio Comunal Olivarero; es decir, el erario público español tiene que comprar la misma cantidad de aceite de oliva que el fracaso e incompetencia de los organismos públicos están permitiendo que se venda fraudulentamente».

De 100.000 a 200.000 toneladas

La realidad parece superar las cifras de fraude manejadas hasta ahora. Y evidencia un choque de evaluaciones entre algunos de los departamentos ministeriales responsables del control.

Una encuesta específica sobre el consumo de aceite en España, realizada en 1970 por el Instituto Nacional de Estadística, ya arrojó unos datos que sorprendieron en otros departamentos ministeriales. Aquellos resultados indicaban unos desfases entre la com paración de cifras oficiales que apuntaban la posibilidad de un fralude de considerables proporciones.

Pero fue a raíz de una encuesta estadística realizada en el período de 1973-1974 cuando pud, o constatarse un presunto fraude gigantesco.

Aplicando la ecuación importación más producción igual a consumo, más existencias, más exportación, puede despejarse cualquiera de sus componen es. En el caso del aceite comestible, en el que las importaciones son mínimas, la producción debe ser igual al consumo, más las existencias, más la exportación, si existe un equilibrio entre la oferta y la demanda. Hace años que ese equilibrio no existe, sin que se hubiera averiguado la causa.

Al margen de las demincias reiteradas por diversas entidades e instituciones sobre la posibilidad o la certeza del fraude en el aceite, la encuesta de presupuestos familiares realizada por el INE en 1973-1974 arrojó unas notables divergencias respecto al consumo de aceite de oliva en relación con las cifras oficiales de producción del mismo. Fuentes consultadas por este periódico señalan que, en su día, el departamento de Agricultura se resistió a aceptar tal resultado, razón que llevó al INE a dar una explicación de la consistencia de las cifras que presentaba su encuesta, como consta en la edición publicada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, de mayo de 1975.

Esta encuesta, como la específica de 1970, así como la siguiente de presupuestos familiares (se realiza cada seis años, aún no ptiblicada la última) evidencian un consumo de aceite de oliva muy superior al de producción. La cuantificación de este exceso se aproxtma a las 250.000 toneladas anuales. ¿Cuál era la procedencia de este supuesto aceite de oliva realmente consumido pero no producido?

No parece que tal aceite esté elaborado con otros aceites vegetales, haciéndolos pasar en el mercado como de oliva, por cuanto dichos estudios estadístices fijan que la relación producción -consumo de estos aceites es constante y normal.

La actual intoxicación masiva ha sacado a la palestra la utilización del aceite de colza desnaturalizado y vuelto a naturalizar como uno de los ingredientes para la elaboración del falso aceite de oliva. No obstante, el exceso de plantas esterificadoras en nuestro país; la existencia (véase EL PAIS de ayer) de almacenes donde se mantienen depositados juntos, a pesar de estar prohibido, aceites comestibles y grasas animales; el descontrol sobre los residuos del aceite refinado, teórica y preceptivamente destinados a la confección de jabón, etcétera, indican otras presuntas vías de elaboración de las mezclas fraudulentas.

Las discrepancias de las cifras

La discrepancia de cifras oficiales, conocida desde hace, al menos. diez años, no ha servido para alertar a los responsables del control.

La desconexión interministerial, e incluso entre servicios de un mismo ministerio, se pone también de relieve hoy día. El propio ministro de Economía y Comercio, de quien depende en la actualidad el Instituto Nacional de Estadística, no ha tenido en cuenta, al parecer, los trabajos de este instituto a la hora de hablar del consumo de aceite en nuestro país y del grado del fraude. El pasado 14 de julio, en la conferencia de Prensa impartida por los ministros Sancho Rof, Lamo de Espinosa y Juan Antonio García Díez, éste afirmó que «España consume 700.000 toneladas de aceite al año, y la mezcla fraudulenta apenas corresponde al 1 por 10.000». Por lo visto, el ministro desconocía los resultados del trabajo de los funcionarios de su departamento.

Según la encuesta permanente de consumo, que se realiza todos los años, reflejada en el Anuario Estadístico de 1980, los españoles consumieron sólo en aceite de oliva veinticuatro litros por persona en 1979. Traducido a kilos suponen 21,984 kilos por persona y año. Multiplicado por la población nacional en ese año, cifrada en 36.664.967 personas, según el mismo anuario, arroja un consumo de 813.295 toneladas. Aplicando la misma operación a 1981, la cifra de consumo de aceite no resulta 700.000 toneladas, como señaló el ministro, sino 822.069 toneladas.

Si de un supuesto de consumo de 700.000 toneladas, oficialmente aceptado, como señaló EL PAIS el pasado día 5, sólo se tenían controladas 600.000, lo que induce a la existencia de un fraude estimado en 100.000 toneladas, atendiendo a la cifra de 822.069 toneladas de consumo, que facilita el INE, del Ministerio de Economía y Comercio, resulta que el fraude, en realidad, se eleva a 222.000 toneladas anuales.

Más aún. Los datos obtenidos por el INE están evaluados en función de encuestas rigurosas realizadas sobre hogares familiares. Ello significa que el consumo real es mayor -y mayor el fraude-, pues no se contempla en la encuesta el consumo en industrias, entidades colectivas, bares, etcétera. Si nos referimos a un orden global de magnitudes, con un lógico error por defecto o exceso, cabe señalar que el aceite fraudulento se aproxima a las 250.000 toneladas anuales.

En el supuesto de que el beneficio de los defraudadores haya sido -de treinta pesetas en litro -cantidad aproximadamente inferior a un cuarto del precio de venta al público-, el montante adquirido por este procedimiento es de 7.500 millones de pesetas anuales. Aproximadamente, 75.000 millones de pesetas en los últimos diez años.