Nicaragua conmemora el segundo aniversario de la revolución sandinista con fuertes divisiones internas

Los diecinueve puntos de acuerdo alcanzados a finales de junio en el foro nacional, que reunió a todas las fuerzas políticas del país, apenas son más que una mínima tregua, alcanzada después de arduas negociaciones en las que una vez más quedó patente la tremenda diferencia existente entre el modelo de Estado que quieren construir unos y otros.Los sandinistas han dejado bien claro que no están dispuestos a retroceder en los logros sociales del proceso revolucionario: reforma agraria, educación gratuita, salud pública, estrechamiento del abanico salarial y nacionalización de algunos importantes sectores económicos (banca, comercio exterior, pesca, minería). Desde su punto de vista, el proceso de reconstrucción de un país surgido de una guerra civil no permite ir a las elecciones antes de 1984.

Al margen de las severas críticas que la oposición hace del programa económico gubernamental, en el que ve una progresiva estatalización del aparato productivo, los críticos del sistema temen que esas anunciadas elecciones se celebren en un marco legislativo de partido único, al estilo de lo que ocurre en los países comunistas.

Humberto Ortega, ministro de Defensa, tenido por uno de los hombres más moderados del Gobierno y partidario de la tercera vía, declaraba semanas atrás que el Frente Sandinista no está dispuesto a entregar el poder al primero que llegue con un puñado de votos. Manifestaciones de este tipo sirven a los grupos opositores para afirmar que estas elecciones poco tendrán que ver con los usos de una democracia parlamentaria de corte occidental.

El mismo Humberto Ortega ratificaba, sin embargo, a finales de junio a una delegación de la Internacional Socialista presidida por Felipe González el propósito del Gobierno sandinista de mantener el proceso dentro de un marco pluralista y de economía mixta. Y en honor a la verdad debe decirse que al menos por ahora existe una libertad de opinión real, que se traduce todos los días, a través del diario La Prensa y numerosas emisoras de radio, en una campaña sistemática de críticas al Gobierno.

Pero lo que preocupa más a los opositores es el eco que prestan los medios de comunicación oficialistas (Barricada y Nuevo Diario) a los sectores más radicales del sandinismo, partidarios de dar un paso más enérgico en la socialización del país. La nueva ley de Reforma Agraria podría interpretarse como un éxito de esta corriente, aunque ello sea contradictorio con la presencia mayoritaria de terceristas (más moderados) en la Administración del Estado.

La oposición se ha polarizado básicamente en torno al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Movimiento Democrático Nacional (MDN), que dirige el economista Alfonso Robelo, ex miembro de la primera Junta de Reconstrucción Nacional. El arzobispo de Managua, Miguel Obando, se ha sumado al coro de los críticos con una militancia cada día más activa, a la que trata de arrastrar a sus colegas del episcopado nicaragüense. Empresa privada, partidos políticos de corte conservador-liberal y la jerarquía eclesiástica son, pues, los tres pivotes sobre los que se sostiene la oposición interna al sandinismo.

El Cosep ha acusado al Gobierno de incumplimiento del programa de unidad nacional, suscrito al término de la guerra civil por todas las fuerzas que intervinieron en la lucha contra Somoza. En lo político se dice que el Frente Sandinista ha pasado a ser el único usuario del poder ejecutivo y legislativo, y que proyecta mantener esta situación indefinidamente, de forma que las elecciones se limiten a un cambio de personas. Esto contradice el compromiso del Gobierno de reconstrucción de instaurar un régimen democrático basado en el sufragio universal y la participación de todos los partidos políticos, salvo los nostálgicos del somocismo.

Según los empresarios del Cosep, los conceptos de Estado y Frente Sandinista aparecen cada vez más ligados en un peligroso acercamiento hacia un sistema de partido único, aunque reconocen la existencia de otros partidos, pero sin un marco legal ni capacidad de influir en el proceso. La Junta, el Gobierno y el Consejo de Estado están, de hecho, en manos de los sandinistas, que controlan igualmente el Ejército, y en ocasiones han tratado de coaccionar incluso a la Administración de justicia.

Fuga de divisas

En lo económico, las críticas son, si cabe, más feroces. "El Gobierno ha tratado de vender en el exterior", dice, el documento, "la imagen de que en Nicaragua se está implantando un modelo económico socialdemócrata, de economía mixta. La realidad es que el área económica estatal pareciera estar dirigida a constituir un capitalismo de Estado, sustentado en una maquinaria confiscatoria y de expropiación cuya voracidad no parece tener límites, y que fanciona muchas veces al margen de las mismas leyes revolucionarias".

El director ejecutivo del Cosep, Jaime Montealegre, admite, sin embargo, que el sector privado sigue controlando aún el 60% de la economía nicaragüense, aunque añade que se trata sólo de una decisión táctica: "No nacionalizan más porque no pueden, porque ya tienen bastantes problemas para manejar lo que ya han nacionalizado. Pero desde hace más de un año el empresario privado es víctima de campañas de orientación marxista que le tratan como si fuera un delincuente, cuando el programa original de la Junta contenía la promesa formal de respeto total a la empresa privada".

Rechaza Montealegre que el empresario esté descapitalizando el país como una forma de oposición al sistema. Todo lo más admite que en circunstancias como las actuales no existen incentivos para invertir más. No son estas las cifras que maneja el Gobierno, según el cual el sector privado ha retirado más de seiscientos millones de dólares del aparato productivo. El alto precio alcanzado por el dólar en el mercado negro (veinticinco córdobas frente a diez en el cambio oficial) es un indicio de que los capitales nicaragüenses se refugian en la moneda americana para iniciar el éxodo fuera del país.

Esta fuga de divisas ha radicafizado aún más a los sectores extremos del sandinismo, que se pronuncian por la incautación de empresas y tierras que hayan incurrido en este proceso de descapitalización. La reforma agraria es el primer paso. Una decisión idéntica en el terreno industrial es, sin embargo, más difícil por la falta de técnicos para dirigir las empresas del Estado. De ahí que el equilibrio actual sea difícil de romper.

Según la tesis oficial, la fuga de divisas no es sino un peldaño más en el proceso contrarrevolucionarío. El destino de los dineros de la alta burguesía no es desconocido para los sandinistas, muchos de ellos nacidos en familias de la clase alta. No en balde algunos apellidos (Cardenal, Chamorro, Montealegre) se repiten tanto en las nóminas del Gobierno como en la oposición más recalcitrante.

No pocos de estos dólares habrían engrosado cuentas especiales de Miami para compra de armas y entrenamiento de antiguos guardias somocistas, que sin ningún reparo anuncian desde Florida y Honduras una próxíma,invasión de Nicaragua. En la capital hondureña existe estos últimos días un clima de preguerra al que no son ajenos los sectores más reaccionarios del propio Ejército hondureño. Durante la última quincena de junio aumentaron las incursiones de bandas somocistas en territorio nicaragüense, donde dejaron un saldo de quince muertos, entre ellos un niño de siete años.

"Simultáneamente, el Gobierno de Honduras protesta por supuestas violaciones nicaragüenses de su territorio", dice el comandante Bayardo Arce, "pero lo cierto es que los muertos caen siempre de nuestro lado".

Esta permanente amenaza exterior sirve de justificación al Gobierno para la creación del ejército más poderoso de Centroamérica, con 50.000 hombres en sus fuerzas regulares y otros 150.000 en las milicias populares. La desigualdad hondureña (unos 15.000 hombres) es tan palmaria que toda invasión parece destinada al fracaso y no haría sino reforzar al Frente Sandinista en momentos en que se aprecian ya algunas fisuras en el respaldo popular. Los aviones Fuga del Ejército hondureño parecen poca cosa para desnivelar a su favor esta tremenda desproporción.

Sólo un importante apoyo interior, por parte de sectores disconformes con el proyecto gubernamental, podría dar alguna mínima posibilidad de éxito a una aventura bélica. Los datos disponibles permiten asegurar, sin embargo, que no existen condiciones para una insurrección de este tipo. La alta burguesía, que se ha convertido en el enemigo más tenaz del Gobierno, suele financiar las guerras, pero rara vez baja a las trincheras a hacerlas.