El consenso autonómico

LA NUEVA charla entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE en torno al replanteamiento conjunto de la estrategia autonómica de centristas y socialistas parece haber servido al menos para fijar un plazo improrrogable -el 31 de julio- a la firma del acuerdo. Las declaraciones de Felipe González también dejan en claro que el PSOE y UCD llegarán a un entendimiento, aunque Alianza Popular y el PCE queden fuera de las negociaciones.El establecimiento de una fecha tope para salir del laberinto autonómico es una sana medida de higiene mental y política. La fórmula dilatoria de encargar dictámenes a un comité de expertos, dentro del cual trabajan técnicos vinculados a UCD y al PSOE, que conocen los deseos y las posibilidades de sus jefes y clientes, sólo ha servido para irritar a los nacionalistas catalanes y vascos, menoscabar la imagen del Parlamento y sumergir en la confusión, el tedio y el cansancio a la opinión pública.

Con excepción de las autonomías catalana y vasca, cuya reivindicación nació en el cuerpo social de esas comunidades, el Estado de las autonomías, inventado y dibujado desde los despachos, siempre se ha movido en medio de una espesa niebla de conceptos imprecisos, palabrería huera y agravios comparativos. La indefinida prolongación de un debate viciado desde el origen . y sostenido por quienes originaron y alimentaron el embrollo amenazaría con transformarlo en una discusión bizantina.

La decisión del Gobierno y del PSOE de concluir un acuerdo sobre las autonomías aun sin contar con el apoyo de Alianza Popular y del PCE significa el reconocimiento, indirecto y oblicuo, de que deben ser quienes rompieron los platos quienes recompongan la vajilla. Dado que centristas y socialistas son los grandes responsables tanto del jeroglífico título VIII como de los abusos cometidos en su nombre y de la manipulación demagógica de los agravios comparativos en su desenvolvimiento, parece justo que sean ellos quienes pechen ahora con los problemas que pueda crearles en cada región la rectificación de sus errores. Si Alianza Popular o el PCE prefieren quedarse al margen de esa palinodia, UCD y PSOE podrán consolarse con la idea de que, a la larga, la sociedad española seguramente comprenderá las razones de un viraje destinado a corregir las irresponsabilidades y los errores cometidos en este terreno fundamentalmente por centristas y socialistas.

Parece necesario subrayar que la rectificación de UCD y PSOE debería afectar únicamente a su propia estrategia en aquellas regiones en las que son abrumadoramente mayoritarios y sobre cuyo futuro autonómico la concertación entre ambos partidos resultaría decisiva. No se trata, así, pues, de inventarse una cuarta lectura del título VIII, y menos aún de forzar su interpretación mediante leyes orgánicas, sino de que centristas y socialistas en tanto que fuerzas políticas mayoritarias, se pongan de acuerdo para elaborar y votar estatutos de autonomía sin hacerse la guerra entre sí para la rebusca de votos.

En esa perspectiva, resultaría un despropósito que los pactos entre UCD y PSOE para concertar sus estrategias autonómicas en tanto que partidos, maniobra perfectamente legítima en sí misma, fueran confundidos con decisiones del Estado o adoptaran la forma de leyes orgánicas después de haber sido elaborados a extramuros del Parlamento. Al igual que sería una vulneración de la legalidad constitucional cualquier tentativa de que esos pactos interpartidistas se impusieran por la fuerza a comunidades en las que UCD y PSOE no son hegemónicas y que disponen ya, como es el caso de Cataluña y el País Vasco, de regímenes de autonomía promulgados por las Cortes Generales, aprobados en referéndum popular y dotados de instituciones de autogobierno en pleno funcionamiento cuyos parlamentarios fueron elegidos en las urnas en marzo de 1980.