La oposición cifra en mil muertos el balance de la represion de Casablanca

Si la oposición marroquí no miente -o no se equivoca- unas mil personas perdieron la vida en la represión a que dio lugar la huelga general convocada el día 20 de junio pasado por la central socialista Confederación Democrática de Trabajadores (CDT). Mil muertos son muchos muertos, sobre todo para un país como Marruecos, que parece haber llegadá a una encrucijada de su historia.La economía, dice la oposición, no puede progresar más dentro de sus estructuras y organización actuales: las desigualdades sociales han llegado al límite de lo humanamente soportable. Marruecos, que exportaba cereales durante la época del protectorado, ha de importar hoy una buena parte de sus necesidades alimentarias. El 60% de lo que ingresa por exportaciones lo gasta en petróleo. La paz interna relativa, consecuencia de la unanimidad en torno al problema del Sahara, puede verse alterada ahora que el soberano aceptó el referéndum e, implícitamente, el abandono del territorio si el veredicto de las urnas le es desfavorable.

Sectores cada vez más amplios de una oposición ahora verdaderamente disminuida desde los sucesos de Casablanca de junio se preguntaban para qué sirve una democracia en la que sólo puede manifestarse el asentimiento con la política oficial, para qué un derecho a la huelga que sólo pueden ejercitar centrales sindicales afines al régimen, para que una libertad de Prensa que cuando se torna crítica es suprimida, para qué la permanencia en un Parlamento que consideran viciado, no sólo por resultar de unas declaraciones trucadas, sino de un sistema electoral que prima al caciquismo en detrimento de los partidos auténticamente nacionales y en el cual un tercio de los diputados son elegidos, por sufragio indirecto.

Una insolidaridad socialista con el monarca, ahora que éste aceptó el referéndum, causaría probablemente más perjuicio a la USFP (Unión Socialista de Fuerzas Populares) que al rey. Sería una paradoja más de las múltiples que existen, como la que concierne a los 150 prisioneros políticos que aún permanecen en las cárceles marroquíes desde el proceso de Casablanca en 1977, precisamente por defender entonces el derecho a la autodeterminación de los saharauis.

Paradoja sobre paradoja: los años de cárcel hicieron recapacitar a esos presos, que en buena parte adoptaron las tesis oficiales de la marroquinidad del Sahara, ahora que oficialmente, al aceptar el referéndum, se admite la posibilidad de una evolucíón diferente.

Los aumentos de precio de cinco productos básicos de primera necesidad -azúcar, leche, mantequilla, harina y aceite de mesa-, decididos el 28 de mayo por el Gobierno, fueron la gota que desbordó la paciencia de los trabajadores ante unas medidas que reducían de un,plumazo su poder adquisitivo en un 40%.

En el mes de octubre pasado, el FMI concedió a Marruecos un crédito permanente de mil millones de dólares, el segundo en importancia concedido por el FMI después del recibido en junio por Turquía, de 1.600 millones. A cambio, el FMI exigió a Marruecos que equilibrase sus cuentas, presupuesto, que congelase los salarios, redujese las inversiones y disminuyese las subvenciones a los productos básicos de primera necesidad que el Gobierno practica a través de la caja de compensación.

Esta decisión se traduce en la necesidad de aumentar los precios de venta al público de la harina (en un 40%), del azúcar (35% a 50%), aceite (28%), leche (14%) y mantequilla (76%).La oposición y la mayoría de los partidos, incluidos los gubernamentales independientes e Istiqlal, critican al Gobierno por la inoportunidad de las medidas y solicitan su revocación, a lo que el rey accederá parcialmente reduciendo las alzas en un 50%.

Diálogo difícil

El diálogo entre la oposición y el Gobierno se torna dificíl, precisamente ahora que está en discusión en el Parlamento el plan quinquenal 1981-1985. La oposicíón entiende que dicho plan mantiene los desequilibrios económicos actuales, con el agravante de repercutir más aún la crisis sobre los trabajadores. El compromiso contraído con el FMI de readaptar los precios de los artículos de primera necesidad de manera continua a los precios del mercado internacional será, añaden, una fuente de conflicto.

La única solución está, creen los socialistas, en modificar el reparto actual de riquezas y rentas. Como el Gobierno no está en absoluto dispuesto a hacerlo, afirmaba hace unos días un dirigente socialista, no tiene otra opción por delante que reprimir de manera permanente a los trabajadores.