Los servicios de inspección de los ministerios son escasos y mal utilizados

El Consejo de Ministros abordó, el viernes, el tema de la protección de la salud de los consumidores, con el fin de aunar los servicios de inspección de los ministerios relacionados con temas de alimentación, como Sanidad, Economía y Comercio y Agricultura. Hasta que la mal llamada neumonía atípica se cobró 57 vidas, la Administración no ha visto la necesidad de coordinar estos servicios con el fin de paliar las grandes deficiencias que sufren.Ante el caso de la adulteración del aceite de oliva con aceite de colza tóxico y el fallo de inspección que ha revelado, los ministerios implicados se han defendido escudándose en la falta de medios humanos, pero no es tan grave este hecho como la ausencia de una labor conjunta que ha llevado a una interferencia de competencias y la mala utilización, o no utilización, de los recursos existentes.

El tema del control y vigilancia de los alimentos se rige por tres normas distintas según que ministerio. El de Comercio sería el en cargado de la aplicación de sanciones por infracciones cometidas en materia de disciplina de mercado; su labor, en términos populares, seria la de «leer, pesar y medir». Para ello cuentan con cuarenta inspectores en Madrid y provincia, aunque, según las declaraciones del ex presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, García Pablos, el número es tan sólo de veinte y sin ningún vehículo para prestar su servicio. Para toda España, el número de inspectores es de cuatrocientos, y el presupuesto global asciende a sesenta millones.

La labor de estos inspectores, así como su formación técnica, arrastra todavía reminiscencias del pasado, cuando los inspectores de Comercio se dedicaban a perseguir el estraperlo; desde entonces sus métodos no han variado sensiblemente. La mayor multa que pueden imponer como sanción administrativa es de medio millón de pesetas.

Por su parte, la normativa que afecta a Agricultura le da poder para reprimir e inspeccionar los fraudes en los productos agrarios, mientras que Sanidad tiene competencia para el control y la vigilancia de los alimentos desde el punto de vista de protección de la salud.

El argumento más esgrimido por las autoridades de los distintos ministerios, a la hora de descargarse de culpas, es la falta de presupuestos que ayuden a ampliar las plantillas de las distintas inspecciones. Se da el caso, por ejemplo en Sanidad, que en fechas de verano tiene que redoblar los servicios en la zona litoral a costa de los inspectores del interior, con lo que casi dejan desabastecidas de servicios las ciudades que no están situadas en la costa.

A nivel global, en todo el país existen unos 8.000 veterinarios en funciones de inspección pertenecientes a los ministerios de Agricultura y Sanidad, 3.000 farmacéuticos de inspección de las delegaciones, 5.000 inspectores químicos de aduanas, ayuntamientos y Ministerio de Agricultura; quinientos químicos de alimentación, doscientos ingenieros agrónomos y veinte biólogos.

Las cifras resultan ridículas si se piensa en un país de 36 millones de habitantes, que aumenta sensiblemente de población en los meses de verano. Sin embargo, no es tan grave la falta de medios como el mal uso que de ellos se hace. Esto lo han denunciado los mismos profesionales, como los farmacéuticos, quienes ayer mismo manifestaron, en una conferencia de Prensa, que, a pesar de ser pocos los profesionales que trabajan en el control sanitarios, ellos, como cuerpo, eran subvalorados.

Esta mala utilización se ha hecho patente con la investigación de la toxicidad del aceite de colza, donde en ningún caso se ha contado con los laboratorios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ni con el Instituto de la Grasa de Sevilla, uno de los mejores dotados de toda Europa.

Para colmo, se ha dado el caso de que, mientras se producía la intoxicación por el aceite de colza, las inspecciones provinciales de Sanidad se encontraban -como aún siguen- en proceso de transferencia a las autonomías. hecho que sin duda resta eficacia a su funcionamiento habitual.

Es curioso, sin embargo, que mientras la Jefatura de Comercio Interior cuenta con cuarenta inspectores, según sus fuentes -veinte, según los consumidores-, el Ayuntamiento de Madrid tiene una dotación de 75 inspeciores de abastos con ocho unidades móviles, de los cuales M han pasado a formar parte de las juntas municipales de distrito.