Los socialistas presentan un texto alternativo a la composición y funciones del Instituto Nacional de Hidrocarburos

La inclusión del sistema de distribución de Campsa en el Instituto y los aspectos relacionados con el control externo y parlamentario y con el régimen de incompatibilidades de sus directivos son los puntos más destacados de la enmienda a la totalidad y de las diferentes enmiendas parciales que los socialistas han presentado al Congreso de los Diputados relacionadas con la creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos.

El pasado día 30 de junio, el PSOE presentó a la mesa de la Comisión de Industria y Energía del Congreso una enmienda a la totalidad con aportación de texto alternativo al real decreto de creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) y una serie de enmiendas parciales a diversos puntos del mismo. Como se recordará, el decreto-ley será tramitado en el Congreso como proyecto de ley con discusión en ponencia, comisión y pleno.Los socialistas incorporan en su texto la vieja idea defendida anteriormente por sus portavoces, de la necesidad de incorporar la red de distribución de Campsa al INH, para evitar zonas grises posteriores que podrían producirse en el futuro, con la desarticulación del monopolio fiscal con motivo de la entrada en el Mercado Común. «No se trata de nacionalizar la distribución, ha dicho uno de los expertos del PSOE en el tema a este periódico, sino de evitar una privatización solapada o la posibilidad de que las multinacionales se queden con ella».

Patrimonio fundacionalPara ello, el texto alternativo propone que el patrimonio fundacional del INH esté integrado por: una dotación inicial de trescientos millones de pesetas; las acciones y derechos pertenecientes al Estado en Petroliber e Hispanoil; las acciones y derechos pertenecientes al Estado y al Banco de España de Campsa; las acciones y derechos que actualmente pertenecen al INI en Enpetrol, Hispanoll, Eniepsa, Enagás y Butano, y «las propiedades y derechos del Estado afectados al Monopolio de Petróleos». En el decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 24 de abril, en este último punto se afirmaba textualmente: «Las propiedades y derechos del Estado afectados al monopolio de petróleos, que no formen parte, procedan ni vayan a ser destinados al sistema de distribución».

Además, en el texto alternativo socialista se incorpora una disposición adicional tercera en la que se dice: « El Gobierno, en el plazo de tres meses, acordará la creación de la Empresa Estatal de Distribución de Productos Petrolíferos, que estará integrada por los bienes y derechos del Estado afectados al Monopolio de Petróleos que se dedican a la distribución y la capacidad organizativa y recursos humanos de Campsa... La actividad de Sociedad de Cartera, que actualmente realiza Campsá, será se regada en otra sociedad con estos fines específicos». En su momento (a finales de abril), la segregación de la distribución de Campsa del INH fue comentada por fuentes parlamentarlas del Grupo Socialista como la pretensión de los refineros privados, de cara a la integración de nuestro país en la CEE, de que la red de distribución de la compañía estatal pasara a ser patrimonio de la nación y pudiera ser utilizada por las distintas refinerías del sector privado para distribuir sus productos por toda España. En este sentido, las citadas fuentes pusieron de manifiesto, con los balances de los últimos ejercicios de Campsa en las manos, que los activos de la compañía permanecían con su valoración histórica, en torno a los 40.000 millones de pesetas, cuando los valores reales de mercado de su flota de buques, instalaciones y trasportes podría superar los 250.000 millones de pesetas, «De lo que se trata, confirmaron ahora, es de que un capital público acumulado no pase a manos privadas ni de las multinacionales».

Control parlamentario

Otro de los puntos más significativos del texto socialista sobre el INH es el relativo al control del mismo. Se puede decir que al haberse aplazado in eternum el debate sobre el Estatuto de la Empresa Pública, el PSOE aprovecha cualquier resquicio para introducir en él sus ideas al respecto. En el decreto ley publicado en el BOE, la única mención que se hace al control del Instituto dice lo siguiente: «El régimen presupuestario y de control será el que resulte de la consideración de sociedad estatal que al INH atribuye el artículo primero del presente decreto-ley».

Los socialistas introducen tres artículos específicos referidos al control interno-auditorías-externo (mediante la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas) y parlamentario. En este último es en el que se nota la influencia de un Estatuto de la Empresa Pública de la oposición. «El control parlamentario se ejercerá, se dice en el texto, por la Comisión correspondiente, en los términos previstos en los reglamentos de las Cámaras, a cuyo efecto el INH remitirá a través del Ministerio de Industria y Energía, en el segundo semestre de cada año, un informe comprensivo de los objetivos económicos y sociales a alcanzar por el Instituto durante el año siguiente, así como un informe resumen del plan y el programa de las empresas integradas en el mismo; en el primer trimestre de cada año, un informe comprensivo de los resultados alcanzados durante el año anterior en relación con los objetivos propuestos, con expresión de los datos indicadores de eficiencia económica y financiera y el grado de cumplimiento de las políticas señaladas para cada empresa».

Por último, y en una primera lectura de la enmienda socialista, se aprecia el interés en ampliar el régimen de incompatibilidades acordado hasta ahora. También esto coincide con la filosofía general del PSOE. En el decreto-ley publicado, y por el cual se rige provisionalmente el INH, se afirma que «el desempeño de los cargos de presidente y vicepresidente será incompatible con el ejercicio de cualquier actividad profesional, mercantil o pública.

El PSOE amplía este régimen sustancialmente: « Los presidentes ejecutivos y los integrantes del nivel de alta dirección de las empresas dependientes del INH ejercerán dicho cargo en régimen estricto de dedicación exclusiva, sin que, en consecuencia, puedan compartirlo con cargo directivo en otras empresas públicas o privadas ni con otra actividad profesional». Dichas personas cesarán en sus cargos al cumplir los 65 años. También serían incompatibles los consejeros de administración de las empresas dependientes del INH con la condición de consejero de administración o integrante del nivel de dirección de otra empresa privada que desarrolle actividades análogas o relacionadas con las de la empresa pública de que se trate, o sean suministradoras o clientes de éstas; y por último, los integrantes del órgano de dirección o administración del INH con la condición de consejero o integrante del nivel de dirección de una empresa o agrupación de empresas privadas que se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el régimen de incompatibilidades del sector público estatal.

Este régimen de incempatibilidades, de ser aprobado, afectaría ya a alguna de las personas que forman el alto staff del presidente del INH, Claudio Boada, como por ejemplo a Juan Alegre Marcet, presidente de Fuerzas Eléctricas de Cataluña -(FECSA) y presidente de Unión Eléctrica (UNESA), patronal del sector. Por ello, toman sentido las palabras del socialista Javier Solana a este periódico a finales de mayo, cuando decía: «Espero que Claudio Boada sea cauto en su presidencia del INH hasta que se apruebe el proyecto de ley, ya que se arriesga a que salga algo cambiado de las Cortes ».