El veto del primado y la soberanía española

Los ciudadanos españoles tenemos derecho a exigir que, nuestro Estado se comporte como un Estado soberano, cuyos poderes se ejerzan con arreglo a las leyes internas, sin la más mínima interferencia ni tutela de otros Estados, por muy poderosos que éstos sean, y precisamente con tanto más rigor y escrúpulo cuanto más poderosos éstos sean, como es el caso de Estados Unidos de América y del Estado Vaticano.Cuando en un acto importante de carácter político, social, cultural o religioso -ya se celebre éste en París, ya en Toledo- un representante calificado y autorizado de nuestro Estado se presenta como tal para ocupar el lugar que por derecho, acuerdo o larga tradición le corresponde, cualquier decisión o medida de los organizadores del mencionado acto para excluir o expulsar de ese lugar con pretextos no pertinentes al representante de nuestro Estado en esa ocasión es y debe ser considerado como un agravio gratuito e intolerable al pueblo español y su soberanía.

Viene esto, naturalmente, a cuento del inadmisible veto impuesto en Toledo por el cardenal primado de España, Marcelo González, a nuestro ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, impidiéndole presidir primero, como le correspondía en su calidad de encargado de las relaciones del Gobierno con la Iglesia católica, y asistir después, en compañía del jefe del Gobierno, a la procesión del Corpus Christi, rompiendo con ello, mediante una decisión unilateral que podría estar cargada de consecuencias, una hermosa tradición secular que venía sellando unas dignísimas relaciones de concordia, respeto y cortesía entre los dos poderes soberanos en su propia esfera, la Iglesia católica y el Estado español, cuya armonía es plenamente compatible con la libertad de creencias religiosas que a todos los ciudadanos nos reconoce la Constitución.

El pretexto esgrimido para esta solapada amenaza a la convivencia civil entre los españoles ha sido el de que el actual ministro de Justicia es el autor de la ley de Divorcio, aprobada por el Congreso soberano. Con todos los respetos, excelentísimo y reverendísimo señor primado, el responsable de la ley de Divorcio no es el señor Fernández Ordóñez. Ni él, dignísimo demócrata, respetuoso con la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, pretende imponemos esa ley a los españoles -como otros hicieron con las leyes precedentes en esa esfera-, ni los españoles aceptaríamos que se nos impusiese. Responsables colegiados de esa ley son el Gobierno indivisible de la nación, las Cortes Españolas y el pueblo que ha votado esas Cortes, y que podría pronunciarse concretamente sobre el tema en ese referéndum tan temido en medios integristas.

Un agravio al pueblo

De este modo, excelentísimo y reverendísimo señor primado, su veto al ministro de Justicia, que en esta ocasión representaba a nuestro Estado y sustituía la tradicional presencia de los Reyes de España en el Corpus toledano, constituye un veto, un agravio y una afrenta a todo un pueblo soberano y una intromisión en decisiones políticas que no pertenecen precisamente a su jurisdicción y que en un Estado moderno -o, si vuestra excelencia prefiere, en un Estado de derecho- se adoptan en virtud de mecanismos precisos de los poderes democráticos, acatados y respetados por el pueblo, y que son una garantía de convivencia pacífica y solidaria frente a las amenazas golpistas, las intromisiones abusivas de las llamadas fuerzas fácticas y los coloniajes y caciquismos de toda laya.Por encima de otras diferencias, los españoles que, después de cuarenta años de despotismo no ilustrado, valoramos nuestra soberanía hemos de apreciar profundamente a los gobernantes que la respetan estrictamente, como hizo en este caso el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, al no aceptar -si es cierta la información de EL PAIS- el veto al representante del Estado. Ante afrenta e intromisión semejantes, nuestras exigencias y nuestras respuestas han de ser idénticas en Toledo, en Washington o en París si se presentara el caso. Aún más estrictas en Toledo y en el Vaticano, pues si en todos los casos pueden quedar perturbadas las relaciones diplomáticas y de armonía entre Estado y Estado, en el Vaticano y en Toledo -¡nuestra gran Toledo tolerante y humanista, integradora, con Alfonso el Sabio, de las culturas árabe, cristiana y judía, crisol de una España abierta y universal!- puede quedar perturbada la convivencia entre españoles.

Resulta triste pensar, por otra parte, que un primado de España detenga, con espíritu inquisitorial, a las puertas de la catedral de Toledo, a un representante de España por el delito de respetar la voluntad popular mayoritaria, cuando ningún primado, en los años amargos de represión de los vencidos que siguieron a nuestra guerra civil, supo repetir el gesto cristiano y generoso de san Ambrosio, a las puertas de la catedral de Milán, impidiendo el paso de otro Teodosio sanguinario hasta que no lavara sus manos, manchadas de sangre, pidiendo perdón a sus víctimas y haciendo la paz con los vencidos.