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Se inicia el último de los procesos autonómicos

Madrid fue rechazada por Castilla-La Mancha

El tema de la autonomía de Madrid estuvo centrado en sus inicios en la polémica sobre su integración o no en el territorio preautonómico de Castilla-La Mancha.La primera reunión de los parlamentarios madrileños para tratar el tema de la preautonomía tuvo lugar en mayo de 1978, y en ella se decidió que Madrid se integrase en la región castellano- manchega. Sin embargo, las cinco provincias que componen el ente castellano-manchego (Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Toledo) se mostraron rotundamente opuestas, al manifestar su temor de que el centralismo de la Administración madrileña a nivel estatal pudiera ser trasplantado a la nueva comunidad. Después de duras negociaciones se llegó a una solución de compromiso: la región castellano-manchega comenzaría sola su proceso autonómico, incluyendo una cláusula adicional en su Estatuto que permitiera la posible incorporación de Madrid en años posteriores.

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Sin embargo, esa cláusula no será utilizada por el momento, ya que las posturas primitivas han variado diametralmente y la balanza se ha inclinado definitivamente por la autonomía uniprovincial, lo que ha demostrado el apresuramiento de los primeros momentos y la falta de estudios en profundidad con que se abordó el problema en aquella ocasión.

Fue el PCE el primer partido mayoritario que optó por la vía del artículo 143 de la Constitución, al decidir en febrero del pasado año, en una reunión del Comité Central, la conveniencia de que Madrid se configurase como una región autonómica uniprovincial, sin cerrar las puertas a una ulterior articulación en Castilla-La Mancha.

Casi tres meses más tarde, el comité regional de la Federación Socialista Madrileña (FSM) acordaba iniciar el proceso autonómico uniprovincial de Madrid por la vía del artículo 143 de la Constitución.

El 15 de diciembre del pasado año, la FSM del PSOE y UCD-Madrid llegaban al acuerdo de iniciar el proceso autonómico madrileño el 1 de febrero, pero el aplazamiento del congreso de UCD, tras la dimisión de Suárez, motivó a los ucedistas a pedir el retraso del pleno de la Diputación que pondría en marcha el proceso autonómico.

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