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Tribuna
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La comunidad autónoma madrileña en la nacion española

El bello recinto del castillo de Manzanares el Real, cuya construcción inició en 1435 el marqués de Santillana -el gran hombre de armas y letras, autor de las Serranillas-, fue escenario ayer del inicio formal del proceso autonómico de Madrid. Con la presencia de los parlamentarios madrileños, la excelentísima Diputación asumió la iniciativa de promover el autogobierno de la provincia, abriéndose de este modo un plazo de seis meses, dentro del cual habrán de pronunciarse sobre el tema sus 178 municipios. Desde ahora. mismo,cabe prever que la respuesta de los concejos carpetanos será globalmente positiva y que los mínimos constitucionales fijados (dos tercios de los municipios, representantivos de la mayoría del censo electoral) quedarán ampliamente desbordados.El Estatuto de Autonomía,de la provincia de Madrid -o si se prefiere ya desde ahora de la región de Madrid- habrá de ser elaborado, conforme al artículo 146 de la Constitución, por una asamblea en la que se integrarán los miembros de la excelentísima Diputación y los 36 diputados y senadores de la provincia. Una vez elaborado el proyecto, se elevará a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

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Según las expectativas más fundadas, en 1982 Madrid accederá a su autonomía, que habrá de estructurarse en torno a una asamblea, un consejo de gobierno y un presidente, Lógicamente, la Diputación Provincial será solemnemente disuelta, y su patrimonio y sus actuales funciones serán asumidas por la comunidad autónoma de Madrid.

¿Cuáles son las ventajas de disponer de una autonomía provincial en Madrid? Aparte de otras posibilidades de inserción en una región más amplia -en las que no voy a insistir, y para las cuales remito al lector al artículo que con el título de Reflexiones sobre la Autonomía de Madrid publiqué en EL PAIS del 14 de septiembre de, 1980-, me parece que hay serias razones para que los madrileños hagamos uso del derecho que tenemos a la autonomía.

Primero de todo, hay una cuestión de dignidad política al responsabilizarnos del gobierno en el horizonte de la provincia. Porque el autogobierno, en contra de lo que algunos piensan cuando se habla de él en relación los dos archipiélagos y las distintas nacionalidades y regiones de la Península, no es un primer paso en la pérdida de poder por el Estado. Superando esa visión acendradamente centralista, hay que verlo como un cambio en la estructura del Estado, precisamente para la mayor participación de todos en ese Estado. Por eso, las autonomías bien entendidas, en vez de ser un movimiento de desintegración, pueden ser el definitivo avance a la, vertebración de la nación española, al asumir todas sus partes la corresponsabilización que les corresponde.

Ahora, al iniciar la senda de nuestra propia autonomía, los madrileños -los últimos que quedábamos por hacerlo- vamos a colocar en su sitio lo que los arquitectos llaman la piedra clave, que consolidará el arco constitucional del proyecto autonómico español.

Al asumir las competencias que le permite el juego de los artículos 143 y 148 de la Constitución sin caer en necios localismos, y cooperando con el Gobierno de la nación y con la Administración general del Estado, la comunidad autónoma de Madrid tendrá la responsabilidad principal en temas muy importantes: ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; sector agrario; gestión del medio ambiente; cultura y patrimonio monumental; promoción del turismo, del deporte y del tiempo libre; fomento del desarrollo económico en sus diversos aspectos dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional, y coordinación de las policías locales.

Todo lo anterior significa para la comunidad autónoma de Madrid un amplio trabajo a realizar, en el cual todos los esfuerzos serán pocos si queremos evitar los pesados aparatos burocráticos, las manifestaciones ostentosas y las inepcias políticamente có nsentidas. Habrá que ser realistas e inflexibles para impedir que prosperen esas malas hierbas y para no permitir que surjan duplicaciones con la Administración central.

La autonomía es algo demasiado serio para dejarla al albur de improvisaciones y fantasías, que tienen muy poco que ver con el estudio profundo de los problemas y con la imaginación creadora. Sobre todo cuando la prbvincia de Madrid está en un momento crítico de su propio devenir, por la Presión de su recrecida población, camino ya de los cinco millones de habitantes, sobre un territorio bien menguado de poco menos de 8.000 metros cuadrados. .

Casi todo está en peligro. Las sierras de Guadarrama y de Somosierra se ven acosadas por la continuada invasión de las urbanizaciones de segundas residencias, los espacios naturales, como el Monte de El Pardo y su entorno, o el Soto de Viñuelas, o el Pinar de Oriol, todavía no cuentan con verdaderas protecciones contra la contaminación y la especulación. Por lo demás, en los espacios rurales -vegas del Jarama, del Tajuña y del Tajo, valles del Guadarrama y del Alberche-, lo que queda de agricultura se debate entre la contaminación de las aguas y el abandono de tierras que se degradan a eríales, solares y vertederos, a la espera de ser soporte de urbanizaciones o de una industrialización anárquica que en parte está comiéndose el mejor suelo agrícola de la provincia, cuando hay secanos en que podrían establecerse los nuevos polígonos industriales y residenciales de forma racional y ordenada.

Pero hay otros muchos problemas: el paro, la educación, la sanidad, la cultura. Por eso hay que preguntarse: ¿a dónde va Madrid? ¿Va a seguir en su ritmo de crecimiento a no se sabe dónde, o vamos a crear las condiciones para una mejor calidad de vida para todos los que viven y trabajan en esta provincia? Y si se qui ére dar una respuesta sensata a esta pregunta, no cabe duda de que habrá de tenerse en cuenta nuestra posición geográfica. Por eso recuerdo, para terminar, las últimas palabras de mi artículo en EL PAIS el 14 de septiembre del año pasado. Optando Madrid por el artículo 143 de la Constitución es evidente que esta macroprovincia, con casi el 12% de la población española, y con niveles aún superiores de producción e ingresos, no puede aislarse -ni física, ni económica, ni socialmente- de las regiones de Castilla-León y Castilla-La Mancha. Será necesario establecer un triálogo en base al artículo 145 de la Constitución, concluyendo convenios de desarrollo económico, transportes, turismo, conservación de espacios naturales, planes directores territoriales, etcétera. De esta forma, sin perder cada comunidad autónoma su propia personalidad, el resultado será que Madrid desempeñará el papel de región bisagra.

Ramón Tamames es catedrático de la Universidad Autónoma y diputado al Congreso por la provincia de Madrid.

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