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Editorial:

¿Muertos de tercera?

PASAN YA de cuarenta las personas fallecidas a consecuencia de un agente patógeno inicialmente disfrazado bajo el manto de una epidemia de "neumonía atípica" y finalmente identificado como una intoxicación producida por la adulteración de aceites a granel.Esos rasgos de impasibilidad y aplomo con los que suele elogiarse la imagen del Gobierno Calvo Sotelo han llegado, en esta ocasión, a su apogeo. Ni notas del Gobierno ni comparecencias ante el Congreso del ministro del ramo han dado curso oficial al esclarecimiento del enigma. Los modestos ciudadanos cuya vida ha quedado segada por esa alteración, objetivamente criminal, de una grasa vegetal de consumo popular, casi exclusivamente reservada a las familias con escasos recursos, parecen, como en la macabra anécdota del accidente ferroviario, «muertos de tercera».

La Constitución no sólo establece la igualdad ante la ley y el derecho a la vida de todos los españoles, sino que también señala, en su artículo 43, que «compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». Resulta asombroso que el ministro de Sanidad y el secretario de Estado para la Salud se difuminen o se embosquen a la hora de reconocer sus propias responsabilidades o de exigírselas, en su caso, a los cargos de libre designación y a los funcionarios de su departamento culpables de negligencia o incompetencia. Y suena a sarcasmo que el último Consejo de Ministros se ocupara de esa especie de coche-escoba que es el poderoso Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, no para adoptar medidas respecto a esa intoxicación letal producida por la adutteración de ingredientes alimenticios, sino para cesar a José Barea.

La posibilidad de que la tupida maraña del organigrama estatal, tan celosamente defendida por los entusiastas defensores del centralismo a ultranza, engendre, por su propia e inútil complejidad, puntos muertos y zonas de nadie a efectos de competencias administrativas serviria, en todo caso, como prueba acusatoria de la irracionalidad del aparato estatal, pero no eximiría de responsabilidad al Gobierno en cuanto colectivo.

¿A quién correspondía el control de esos, aceites a granel, adulterados o no, cuya comercialización se halla prohibida desde 1974? ¿No existe ningún departamento administrativo que vigile a quienes mezclan el aceite de colza con otros aceites a fin de hacer imposible una manipulación tan monstruosa como la que ha causado esas muertes? ¿Cómo ha transcurrido tanto tiempo entre las primeras advertencias del equipo médico del Hospital del Niño Jesús y las pruebas de laboratorio que han verificado esa hipótesis? ¿Por qué la obcecada insistencia del Ministerio de Sanidad en atribuir esas muertes, causadas por intoxicación de un ingrediente alimenticio adulterado, a una fantasmal epidemia, si se trata de un envenenamiento? ¿Tal vez porque las epidemias las propaga la naturaleza, mientras las intoxicaciones las propagan los hombres?

Pero, en torno a esa cuarentena larga de muertes y a esos millares de enfermos no hay sólo responsabilidades políticas, sino también, con harta probabilidad, responsabilidades penales. El artículo 348 del Código Penal establece la pena de reclusión menor para los casos en ros que la alteración de comestibles y bebidas, o la venta de géneros y objetos nocivos a la salud, causaren muertes. Y el artículo 565 contempla los supuestos de imprudencia temeraria y negligencia profesional como responsables de muertes o lesiones.

Cabe suponer que el fiscal de la Audiencia Nacional, a la que corresponde el conocimiento de este homicidio masivo en diversas provincias, habrá tomado cartas en el asunto y que el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado habrán adoptado medidas para velar por la de fensa de la legalidad y el interés público. Pero, hasta el momento, los ciudadanos no han sido informados de los pasos dados en esa dirección por los órganos constitucionalmente encargados de promover la acción de la justicia. No sería ocioso, en cualquier caso, que el presidente del Gobierno, o alguno de sus ministros, se dignara ofrecer una explicación pública en torno a las causas y responsabilidades de este asunto en el que nadie es detenido, nadie sancionado, nadie parece responsable, y que es ya una vergüenza nacional. O el Gobierno responde a estas interrogantes, o el Gobierno debe pagar las consecuencias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de junio de 1981