Venta ambulante

EL EJEMPLAR comportamiento del teniente de alcalde José Barrionuevo, responsable de la Policía Municipal, al extreinar el celo de las dotaciones para que erradiqúen la venta ambulante de objetos laudatorios de los participantes en la intentona del 23 de febrero no está encontrando en el Gobierno la debida colaboración.No deja de ser curioso que la venta ambulante en las calles de Madrid levantara en su día airadas campañas de las clases bien pensantes y sus órganos de difusión. Al grito de ¡quíteme de ahí, señor alcalde, esos pordioseros! se manejaron los más sofisticados argumentos, que iban desde la competencia desleal al pequeño comercio hasta los de contenido casi racista, cuando se criticaba el exceso de latinoamericanos exiliados o inmigrantes dedicados a esta actividad.

Ahora, sin embargo, la laya de buscones se ha lanzado a la calle para practicar esta venta ambulante, dentro de la campaña de intoxicación que pretende impedir la celebración del proceso contra los militares golpistas.

Al alcalde de Madrid le pidieron que prohibiera la venta de collares, libros, pulseras y otros objetos de bisutería. Ahora los macarras, chorizos y demás congéneres de la delincuencia anticonstitucional han puesto un escaparate con la esfinge de quien entró en el Congreso pegando tiros. Quizá esta cuestión no merecería mayor comentario si la Administración central no fuera tan celosa de creer que ella sola es el Estado. Un ligero repaso el texto constitucional le llevaría a descubrir que también son Estado la Administración local y la autonómica. Resulta sencillamente detestable la falta de celo y rigor del Gobierno Civil de Madrid ante hechos de este género, que suponen -a simple vista- una clara apología de quienes realizaron actos penados por la legislación vigente. Su no persecución por la ley es obviamente una complicidad pasiva que pone de relieve el escaso o ningún respeto que el gobernador de la capital del Estado siente por la defensa de algunas cuestiones básicas para la convivencia española.

Los gobernadores civiles deberían saber que estos vendedores de siniestros souvenirs incitan a la destrucción del orden constitucional con su procaz bisutería. Y, además, no pagan impuestos, vulneran la normativa municipal de la venta ambulante, entorpecen el tráfico rodado y distorsionan la estética urbana. Pues vaya...