Rechazada una petición socialista para que el ministro de Defensa informe de nuevo sobre el 23-F

La Comisión de Defensa del Congreso rechazó ayer una solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que comparezca el ministro de Defensa para informar sobre aspectos relacionados con el fallido golpe de Estado del 23 de febrero. La discusión registró momentos tensos, protagonizados principalmente por el socialista Alfonso Guerra, quien acusó al Gobierno de debilidad y de mantener la pretensión de tapar hechos graves, mientras el portavoz centrista, Blas Camacho, insistió en que el tema está sub judice, y por tanto no es el momento oportuno.

A favor de la presencia del ministro de Defensa, Alberto Oliart, votaron los grupos socialista, comunista y PNV, con un total de catorce votos; en contra lo hicieron UCD, CD y Minoría Catalana, que reunieron diecinueve votos.Alfonso Guerra -informa Efe- afirmó que UCD intentaba eludir la presencia del ministro en la comisión, y calificó de imprescindible su asistencia, así como la aportación de la lista con los nombres de todos los guardias civiles que secuestraron al Gobierno y al Parlamento, junto con la de civiles implicados en este hecho y la lista de visitantes a esos acusados, «pues sería conveniente conocer su identidad y sus grados, y saber si en sus visitas se continúa conspirando».

Recordó asimismo los sucesos de Almería -muerte de tres jóvenes tras ser detenidos por la Guardia Civil-, y dijo que el ministro del Interior estaba ocultando los hechos, creyendo que con ello beneficiaba a una institución, y lo que estaba era perjudicándola. «Si el ministro de Defensa no acude a explicar lo que ocurre con los golpistas», añadió Guerra, «el ciudadano podría creer que el ministro puede estar implicado en el hecho».

Blas Camacho, de UCD, contestó que no era conveniente la presencia del ministro de Defensa ante la comisión, ya que el asunto se encuentra sub judice. Acusó a Guerra de utilizar en sus intervenciones términos excesivamente graves, que, dado su carácter, sólo pueden entenderse bajo su fuero parlamentario, y añadió: «Que acuse al ministro de Defensa de cómplice del golpismo no lo admi to y exijo que retire estas palabras Cuando se termine el sumario se conocerán las conexiones de lo golpistas y deseo que ningún grupo parlamentario de los representa dos en esta Cámara se encuentre implicado en ellas».

Seguidamente intervinieron en el debate los representantes de otros grupos parlamentarios. Andoni Monforte, por el PNV, se adhirió a la propuesta socialista y dijo que, aunque el tema se encontraba sub judice, esto no quiere decir que no se pueda abordar en la comisión.

Manuel Fraga, por Coalición Democrática, terció en contra de la propuesta socialista, y dijo que el tema había que plantearlo, dada su importancia, en función de las atribuciones técnicas de la comisión; y según las normas del reglamento vigente, no está clara la comparecencia que se pide y la Cámara no tiene encargada una comisión de encuesta sobre el tema. En general, Fraga hizo una apelación a la prudencia en esta cuestión.

Julio Busquets, por Socialistas de Cataluña, dijo que los ministros comparecen normalmente ante las comisiones por sucesos menos importante que los del 23-F. Simón Sánchez Montero, del PCE, abundó en los argumentos socialistas y se preguntó cómo es posible que los guardias civiles que asaltaron el Congreso y mantuvieron secuestrados al Gobierno y a los parlamentarios hayan sido castigados sólo con un arresto y se encuentren ya prestando sus servicios habituales.

Alfonso Guerra volvió a intervenir, para decir que los ciudadanos podrían pensar que, si el ministro no acudía a la comisión, es porque tiene algo que ocultar, o porque se encuentra muy débil ante lo que tiene a su mando. Negó que él hubiera acusado al ministro de cómplice de golpistas, y matizó que lo que había dicho es que si el ministro no comparecía, se podría pensar que era cómplice. Según Europa Press, Alfonso Guerra dijo textualmente: «La teoría es que todos los poderes son independientes menos el legislativo, que puede ser silenciado, zarandeado e incluso ametrallado ».

Tras ser votada y rechazada la propuesta socialista, el centrista Blas Camacho volvió a intervenir para afirmar que con comparecencias como la que se pretendía, sin respeto al poder judicial, se puede hacer una democracia débil. Guerra dijo, a su vez, que los ciudadanos ven alejarse el día en que van a ser enjuiciados los hechos del 23-F, y afirmó que su voto a favor de la propuesta de que el ministro compareciera pretendía también salvar la dignidad de la Cámara. «El Gobierno», dijo Guerra, «ha perdido una nueva ocasión para ganar prestigio. Lo lamentamos, porque los ciudadanos van a perder cada vez más crédito en el Gobierno y en la Cámara».

Ascensos en el Ejército

El resto de la sesión de ayer estuvo dedicado al debate del informe sobre el proyecto de ley de clasificación de mandos y ascensos del Ejército de Tierra. Según el artículo 2, este sistema se fundamentará esencialmente en aptitudes psicofísicas, historial militar y ejecutoria profesional y los cursos de capacitación y perfeccionamiento que haya hecho cada candidato. Una junta de clasificación de mandos se constituirá a los efectos de esta ley.Una de las enmiendas rechazadas, que había sido presentada por los socialistas, proponía que se suprimiera de esta ley la inclusión de la Guardia Civil, por entender que debe ser regulado en un proyecto de ley sobre cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El portavoz de UCD, Arturo Moya, dijo: «El Grupo Centrista defiende una vez más el carácter militar de la Guardia Civil ».

Al término de la sesión, se anunció para hoy la comparecencia ante la comisión del ministro de Defensa, Alberto Oliart, para responder a diversas preguntas planteadas con anterioridad por los grupos parlamentarios. Posteriormente continuará el debate del proyecto de ley de ascensos militares.