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Carrero Blanco decidió, en septiembre de 1972, la compra de los aviones C-130 Hércules ante la grave situación del Sahara

Carrero Blanco decidió en septiembre de 1972, ante la grave situación que se cernía sobre el Sahara español, la compra a la compañía norteamericana Lockheed Aircraft de aviories de transporte C- 130 Hércules, que sustituirían al avión español C-401, entonces en proyecto, según declaró el que era ministro del Aire en aquellas fechas, teniente general Julio Salvador y Díaz-Benjurnea, en una de las sesiones del consejo de guerra sobre el caso Lockheed en España, iniciado ayer en la sede de la I Región Aérea en Madrid. La decisión, según el testigo, fue adoptada en una reunión celebrada en San Sebastián entre el entonces presidente del Gobierno español, los ministros de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y el ministro de Hacienda.

Otros testigos afirmaron que el primer asesor de la compañía Lockheed en España, mediante la firma de un contrato por un año, fue el general Luis Rey, fallecido en marzo de 1980, y que sería uno de los dos militares que fueron procesados en España en relación con el caso Lockheed. Este asesoramiento fue asumido posteriormente por la compañía Aviónica, SA, de la que formaban parte el citado general Rey, el coronel Carlos Grandal -único acusado que ha comparecido finalmente ante la justicia-, Luis Sáenz de Pazos y Fernando Herce Valdivia, que comparecieron ayer ante el consejo de guerra como testigos. Estos cuatro, junto con Miguel Angel Ximénez Embum, que también declaró ayer como testigo, recibieron de la Lockheed setenta millones de pesetas por promocionar la venta de sus aviones en España.El consejo de guerra sobre el caso Lockheed en España se celebra cuando ya han pasado casi cinco años desde la fecha en que se hicieron públicos los nombres de los implicados españoles. La imprecisión de las respuestas del único acusado que ha comparecido finalmente ante lajusticia, salpicadas de frecuentes no sé o no recuerdo, podría ser una muestra del largo tiempo transcurrido entre el momento en que se descubrieron los hechos y su enjuiciamiento. De las cinco personas que, según la investigación oficial efectuada por la fiscalía del Tribunal Supremo en el verano de 1976, recibieron fuertes comisiones de la Lockheed, sólo fueron procesadas las dos que tenían carácter militar, y que desempeñaban determinados cargos en el Ministerio del Aire, bajo la presunción de haberse prevalido de sus cargos en sus actividades privadas ejercidas con móvil de lucro, en cuanto accionistas de Aviónica.

Tras la lectura del apuntamiento de la causa, especie de resumen de todas las actuaciones practicadas, el fiscal jurídico-militar y el abogado defensor procedieron al interrogatorio del acusado. Las preguntas del primero se dirigían a demostrar la participación voluntaria del coronel Grandal en Aviónica y en el carácter técnico y confidencial de los informes que entregaba a dicha compañía mientras que la defensa intentaba minimizar dicha participacion y calificaba a dichos informes de simples comentarios.

-¿Quién le habló de participa en Aviónica? -empezó su interro gatorio el fiscal.

-Fue en el año 1970, aproximadamente. No me acuerdo de la persona. Supongo que sería el general Rey, en alguna de nuestras conversaciones.

-¿Qué pensaba usted de Aviónica?

-Bueno, era una sociedad anónima que representaba a otras sociedades para facilitar la venta de sus productos.

-¿Sabía que Aviónica iba a ser representante o consultor de la Lockheed?

-No, no lo sabía.

-¿Dónde estaba usted destinado en el año 1970?

-En la cuarta sección del Estado Mayor del Aire, destinada al material aeronáutico y de servicios. Su misión era, entre otras, hacer informes sobre todo tipo de material aeronáutico.

-Cuando a usted le ofrecieron participar en Aviónica, ¿no pensó que podría haber incompatibilidad entre esta actividad y sus funciones en la cuarta sección?

-No. Me limité a comprar acciones.

-Sí -insiste el fiscal-, pero era usted accionista de una compañía que representaba a una sociedad que pretendía sus aviones.

-¿Recibió usted cantidades por valor de seis millones de pesetas?

-Sí; recibí una primera cantidad en 1972, estando de agregado aéreo en Londres.

-¿Antes de 1972, Herce no le dio una cantidad en billetes del Banco de España?

-No recuerdo.

-¿Y después?

-Sí, se hacían transferencias a una cuenta corriente en Madrid.

-¿En qué concepto recibió usted esas cantidades?

-Como dividendo de mis acciones.

-¿Sabe usted si la compañía Lockheed y Aviónica dieron comisiones a alguna otra persona del Ministerio del Aire?

-Lo ignoro.

En respuesta a las preguntas de su abogado defensor, letrado Francisco Javier Sáenz de Pipaón, el coronel Grandal precisó que no existía ninguna vinculación entre los trabajos efectuados por la cuarta sección del Estado Mayor del Aire y el programa de compra del C-130 Hércules, y negó que hublera tenido conocimiento del proceso de adquisión de dicho aparato.

-¿Es cierto que realizó usted un informe en la citada sección cuarta en la que desaconsejaba la compra del C-130 Hércules en favor de prototipos de la industria nacional?

-Sí; yo era partidario de que la industria nacional tomase auge y pensaba que debía potenciarse el proyecto del C-401.

Los primeros testigos en declarar, tras el interrogatorio del procesado por parte del fiscal y de su abogado defensor, fueron los otros dos accionistas de Aviónica, Luis Sáenz de Pazos y Fernando Herce Valdivia. El primero manifestó que en el año 1968 le ofrecieron la representación de la Lockheed en España, pero que, dado que tenía otras representaciones, se la ofreció al general Rey. Según el testigo, este último firmó un acuerdo durante un año como consultor o asesor de la Lockheed, y posteriormente la representación pasó a la recién constituida Aviónica, SA.

No se contabilizaban las acciones percibidas

-¿Quién llevaba la dirección de la compañía Aviónica?- preguntó el fiscal al testigo.-El general Rey, y antes, yo.

-¿Participaban en las decisiones adoptadas los cuatro accionistas?

-Las decisiones importantes no se adoptaban sin el acuerdo de los cuatro.

-¿Es cierto que una de las misiones de Grandal era facilita, un determinado tipo de información?

-Bueno, no se podía llamar información, eran más bien comentarios.

-¿Pero de qué tipo?

-Eran de tipo técrileo.

Por su parte, Ferando Herce Valdivia, que dirigió de hecho Aviónica, SA, en un segundo período, declaró que entró a participar en dicha compañía por invitación de «mi buen amigo Rey».

-¿Cómo se ingresaban las cantidades en Aviónica? -preguntó el fiscal al testigo.

-Algunas cantidades, en billetes, que entregaba un intermediario. Otras cantidades, mediante transferencia bancaria.

-¿Quién hacía el reparto entre los accionistas?

-Yo.

-¿Cómo se hacía ese reparto?

-Bien entregando billetes o mediante transferencias en cuenta corriente.

-¿Los beneficiarios de dichas cantidades no firmaban ningún recibo?

-No.

-¿Eran contabilizadas esas cantidades?

-No.

A preguntas del abogado defensor, el testigo declaró que en un principio la organización que Aviónica tenía para entrar en contacto con el Ministerio del Aire era dirigida por Luis Sáenz de Pazos y que, una vez separado éste de la sociedad, esta función fue encomendada a una compañía privada dirigida por Ricardo Fúster.

Posteriormente a la declaración de estos testigos se inició el desfile de una larga lista de testigos militares que ocuparon cargos de responsabilidad en el Ministerio del Aire. El primero de estos testigos fue el teniente general Ignacio Alfaro Arregui, actualmente jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, y que en aquellos años era jefe del Servicio de Planes y Programas del Ministerio del Aire.

-¿Cómo se hizo la adquisición de los C-130 H y de los CQ-130 H? -preguntó al testigo el abogado defensor.

-Nosotros teníanos elaborado un programa y, en base a este programa, teníamos estudiados los tipos de aviones que encajaban en él.

-¿Piensa usted que el coronel Grandal influyó de alguna manera en el cambio de política aeronáutica que se produjo entre mayo de 1972, en que se descartaba la compra de los C- 130 Hércules, a octubre del mismo año, en que se decidió la compra de estos aviones?

-No, no creo.

La declaración a continuación del que era ministro del Aire en aquellos meses del año 1972, Julio Salvador Díaz-Benjumea, era decisiva para saber las causas de este cambio tan radical en la política aeronáutica de aquel momento. Bajo su mandato, España adquirió a la Lockheed los primeros modelos, concretamente cuatro, del C- 130 Hércules. El ex ministro explicó así en el consejo de guerra el proceso de compra de este avión: «El presidente del Gobierno se reunió en San Sebastián con los ministros del Ejército, Aviación, Marina y Hacienda. Nos manifestó que la situación era muy grave en el Sahara español y que los tres ejércitos debíamos estar preparados. En lo que se refiere al Ejército del Aire, teníamos previsto adquirir material de transporte de tropas, pero dentro de la ayuda americana. Evidentemente, este material era viejo y el presidente insistía en la necesidad de tener material en buen uso. Al manifestarle yo que todo nuestro presupuesto estaba invertido en, otros proyectos, Carrero Blanco respondió que allí estaba el ministro de Hacienda para resolver el problema económico».

El consejo de guerra se reanudará hoy con las declaraciónes de nuevos testigos y, si éstas finalizan, con los informes finales del fiscal y del abogado defensor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de junio de 1981

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