La Comisión de Justicia del Senado dictamina el proyecto de ley de Divorcio

La Comisión de Justicia del Senado terminó ayer el dictamen de la ley de Divorcio, que en principio aprobará el Pleno de la Cámara la próxima semana. A propuesta de UCD, la comisión reintrodujo en el texto la posibilidad de que el juez deniegue el divorcio en determinadas circunstancias, y modificó el procedimiento de separación y divorcio por mutuo acuerdo, de modo que el juez podrá proponer las pruebas que estime necesarias, entre otras cosas. Los socialistas se opusieron a ambas modificaciones, las más importantes que se han introducido en el Senado a esta ley.

Asimismo, a propuesta de la centrista Pilar Salarrullana se introdujo un nuevo párrafo en el artículo 86 bis, por el que la interrupción de la vida en común, si se debe a motivos laborales o análogos, no será entendida como cese efectivo de la convivencia, que es causa de divorcio. UCD defendió la introducción de este añadido, argumentando que debía cubrirse la posibilidad de fraude en este tema, a lo que el PSOE respondió que el fraude también se hacía posible alegando motivos laborales para encubrir una ruptura matrimonial cierta.El centrista Francisco Ruiz Risueño defendió después la conveniencia de recuperar la posibilidad de que el juez deniegue el divorcio en ciertos casos, que había desaparecido en el Congreso al suprimirse el artículo 87. El portavoz centrista afirmó que la redacción que proponía su grupo está a medio camino entre los que niegan esta facultad al juez y quienes querrían endurecerla.

El socialista Arturo Lizón replicó acusando a UCD de hacer demagogia con la protección en este tema de los hijos, ya que éstos, legalmente, tienen los mismos derechos sean o no matrimoniales, y afirmó que la finalidad de este y otros cambios introducidos por UCD no es otra que abrir la puerta a la arbitrariedad del juez, para hacer difícil la aplicación de la ley.

La comisión aprobó el artículo tal como lo proponía el grupo de UCD, con lo que el juez podrá denegar el divorcio si hay perjuicio grave para hijos menores o incapacitados, o para el otro cónyuge, cuando la solicitud se produzca previa separación por cese efectivo de la convivencia durante tres años, o a petición de un cónyuge por cese efectivo de la convivencia durante cinco años. El divorcio no podrá ser denegado si el cese de la convivencia dura siete años.

Se rechazó en cambio la propuesta de los centristas Carlos Calatayud y Antonio Uribarri, por la que el juez habría podido denegar el divorcio en cualquier caso, y se habría introducido la posibilidad de que dos cónyuges puedan declarar su matrimonio indisoluble, renunciando expresamente al divorcio.

También se rechazó otra enmienda del centrista José María Pardo, que reducía las, posibilidades del juez al único caso en que el divorcio se solicite previa separación por cese de la convivencia durante tres años, y rebajaba de siete a cinco años el plazo en que el juez ya no podría denegar el divorcio. Los socialistas ofrecieron su voto favorable si además se introducía la excepción de que el artículo no fuera aplicable si existen hijos extramatrimoniales. No se aceptó la transacción, pero la enmienda de Pardo fue reservada para poder estudiarla, por indicación del portavoz de UCD, Francisco Villodres. Finalmente, se aprobó la nueva disposición adicional sexta propuesta por UCD, que según explicó Risueño contiene tres novedades de fondo: la posibilidad de que el juez pueda proponer las pruebas que estime necesarias, la intervención del fiscal cuando existen hijos, en el convenio regulador que afecta a éstos, y la facultad del juez de intentar la reconciliación.

El socialista Lizón se opuso a estos cambios, afirmando, entre otras cosas, que la intervención del juez desvirtúa el procedimiento especial, ya que éste se basa en el mutuo acuerdo, y que el trámite de reconciliación puede inutilizar el procedimiento, porque permite subterfugios irregulares.

El proyecto irá al Pleno del día 15

Una vez dictaminado el texto por la Comisión de Justicia en el día de ayer, el proyecto será debatido en el Pleno que la Cámara alta celebrará el próximo lunes, día 15. Sometido a votación en el Senado, el texto deberá volver al Pleno del Congreso, donde se debatirán las enmiendas introducidas por los senadores y se procederá a la votación final del texto.