"Caso Lockheed" en España: escasa repercusión judicial

Lo que a mediados de 1976 se perfilaba, al igual que el caso Matesa, como otro proceso a la corrupción del franquismo, con una amplia lista de implicados, se ha convertido cinco años más tarde en un juicio centrado en una sola persona, que deberá responder de la leve acusación de haberse prevalido de su cargo público en sus actividades privadas con móvil de lucro.El llamado caso de los sobornos de la Lockheed, muy confuso siempre en su dimensión jurídica, se cerrará judicialmente el próximo martes, con el consejo de guerra ante el que comparecerá el coronel Carlos Grandal, único de los cinco implicados oficialmente en noviembre de 1976 que deberá ante la justicia. El otro procesado en esta causa, el general de división Luis Rey, murió hace dos años, y los tres civiles inicialmente implicados: Fernando Herce Valdivia, Miguel , Angel Ximénez Embún y Luis Sáenz de Pazos, nunca fueron acusados de delito alguno, debiendo responder sólo el primero ante el Juzgado de Delitos Monetarios en un expediente abierto por tráfico ¡lícito de divisas.

Desde los primeros momentos, mientras la entonces Fiscalía del Tribunal Supremo estudiaba los documentos facilitados por el Departamento de Justicia norteamericano, los perfiles jurídicos del caso Lockheed en España se presentaron confusos, tanto en cuanto a la tipificación del delito como a la jurisdicción a la que correspondería su enjuiciamiento. Ya el informe hecho público por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 6 de noviembre de 1976 concluía que no había indicios de soborno o cohecho, sino sólo determinadas irregularidades respecto a las comisiones percibidas por los representantes de la Lockheed en España. Esta confusión en la tipificación delictiva de los hechos mantuvo durante cierto tiempo la duda sobre la jurisdicción que debería conocer del asunto, si la ordinaria o la militar.

Finalmente, fue la jurisdicción militar la que se declaró competente, concretamente el Consejo Supremo de Justicia Militar, dado el grado de general de división de uno de los dos implicados militares. El fallecido general Rey y el coronel Grandal, director el primero del Servicio de. Control de Emisiones Radioeléctricas, y el segundo, subdirector general de Transporte Aéreo del Ministerio del Aire, fueron procesados en marzo de 1977 por haber infringido el estatuto de funcionario público como consecuencia de sus actividades privadas en Aviónica, SA, representante de la Lockheed en España. El auto de procesamiento se refería al artículo 198 del Código Penal, según el cual «la autoridad o funcionario público que, prevaliéndose de su cargo, ejerciese alguna profesión directamente relacionada con la esfera de sus atribuciones privadas con móvil de lucro, incurrirá en la pena de inhabilitación especial y multa de 5.000 a 250.000 pesetas».

Acción popular

En un intento de extender la acción judicial a todos los posibles implicados en los sobornos de la Lockheed en España, el abogado Miguel Cid Cebrián, defensor del periodista Eugenio Suárez, editor de Sábado Gráfico, que fue procesado por la jurisdicción militar por publicar una lista de posibles implicados, presentó en diciembre de 1976 una querella en ejercicio de la acción popular contra las personas que resultaren responsables de dicho delito. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, al que correspondió la tramitación de la querella, resolvió no admitirla, dado que el asunto había pasado a ser competencia de la jurisdicción militar. Con el procesamiento de dos militares, producido en marzo de 1977, se cerraba en España un escándalo de soborno que en los países democráticos -Japón, Italia, Holanda- había salpicado a jefes de Estado y primeros ministros.

Los dos procesados, a los que en concreto se acusaba de haberse beneficiado de varios millones de pesetas en comisiones abonadas por la Lockheed, el primero de ellos defendido por el ya también fallecido José María Gil-Robles, y el segundo, por el abogado Horacio García de la Oliva, expusieron repetidamente ante el Consejo Supremo de Justicia Militar la versión de su participación en los hechos. «La compra de material bélico no ha tenido nunca la menor relación con los puestos militares desempeñados por el general Rey. Nadie ha pedido informes sobre ello a sus servicios, ni él ha realizado desde los puestos de confianza que el Ejército ha puesto en sus manos acto alguno susceptible de influir en los organismos que formulan las propuestas de compra de material», decía en resumen el abogado del general Rey en el recurso interpuesto contra el procesamiento de su cliente. El mismo abogado insistía en otro escrito dirigido ante, el Consejo Supremo de Justicia Militar en la necesidad de practicar todas las diligencias de prueba propuestas, ya que «se trata», decía, «de poner de manifiesto que hechos semejantes a los que han determinado el procesamiento del general Rey han sido realizados por otros militares».

Los dos procesados tampoco han estado de acuerdo con la calificación jurídica dada a los hechos por el juez instructor. En el recurso contra su procesamiento, presentado en marzo de 1977, el general Rey alegaba que ninguno de los puestos militares que habían ocupado tenían la menor relación con la adquisición de material; ser accionista de Aviónica no tenía nada que ver con la profesión militar del procesado, y no había intervenido en negocios mercantiles en cuanto intervención implica una actividad de gestión.

Testigos

El sumario sobre el caso Lockheed, concluido en septiembre de 1977, y terminado de calificar por el fiscal y por los abogados defensores de los dos procesados a mediados de 1978, se verá el martes próximo en consejo de guerra, exclusivamente centrado en la presunta participación en los hechos de un solo acusado: el coronel Grandal. El tribunal será presidido por el general de división del Estado Mayor del Aire, Tomás Juárez Redondo, jefe del sector aéreo de Madrid. y segundo jefe del mando aéreo de combate. Al juicio están llamados a declarar quince generales del Ejército del Aire, entre los que se encuentran el teniente general Ignacio Alfaro Arregui, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, y el teniente general Emiliano Alfaro Arregui, jefe de Estado Mayor del Aire.