La "gloriosa cruzada", contra la reforma fiscal

El tener que pagar más impuestos no es, naturalmente, un plato de gusto. Por desgracia, los que aceptan esto con buen talante son rara avis, y si, en este país, a duras penas se le concede a Dios lo que es de Dios, mucho menos proclive se es a dar al César lo que es del César. Las voces que nacen de carteras lastimadas por el fisco son explicables, y las críticas, más o menos constructivas, también. Pero otra cosa es cuando la protesta se inserta en el aparato desestabilizador de nuestra democracia. Los francotiradores aislados que disparan sobre el impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio aparecen ahora unidos, constituyendo una sección -la económica- de la «cruzada nacional» contra autonomías, libertad de Prensa, divorcio o sufragio universal. Así, en El Alcázar del 17 de mayo último, y en la información sobre economía, aparece un artículo muy ilustrativo al respecto, que, bajo el título de «El ministro de Hacienda sigue amenazando a los contribuyentes », muestra un cúmulo de disparates y falsedades al servicio de la campaña de desprestigio de todo lo que compone o emana de las instituciones democráticas. Podría decirse que tal artículo es, respecto a los impuestos, lo que el Colectivo Almendros era en relación a la política.El articulista, especialmente alérgico al ordenador y a los señores Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez, debe poseer una larga fantasía y un magro archivo de datos. Porque el que el contribuyente de renta tenga que efectuar su autoliquidación no ha sido una «agresión», como él dice, inventada por sus dos enemigos particulares. Lleva haciéndose así desde hace casi treinta años. Por otra parte, tengo delante de mí los modelos de declaración en dicho impuesto utilizados en Francia y en Inglaterra, y puedo asegurar a los atribulados contribuyentes autóctonos, que son bastante más complicados que los nuestros. Respecto a la ignorancia fiscal en la gente que paga sus impuestos, y,que, según dice el que escribe en El AIcázar, les obligaría injustamente a tener que recurrir a un asesor, ni esa ignorancia parece «Iícita y natural», como dice, ni es lacra exclusiva de nuestro sistema fiscal. En cualquier país extranjero -y de Norteamérica tenemos sobrados datos a través de su cínematografía- el asesor fiscal es tan popular como el psiquiatra. Y de todos modos, el Ministerio de Hacienda, con bastante sacrificio ,en dinero y personal, lleva ya dos años poniendo a disposición del contribuyente un eficaz conjunto de informadores que no le cuesta al consultante ni una peseta.

Inducir a la defraudación

Tampoco parece estar muy al corriente del personal inspector. Los funcionarios qué, según él, deben comprobar los cinco millones de declaraciones que los «ineptos mentores de la reforma» les han echado encima no son mil, sino 3.000, contando con los subinspectores de reciente creación, aunque para el caso es lo mismo, y la que ni en nuestro país ni en ninguno se intenta nunca comprobar el total de declaraciones recibidas cada año. Siguiendo diversos sistemas de selección, se verifica, solamente una muestra representativa del conjunto nacional. Finalmente, el articulista, como pontifex maximus de la informática, decreta que «el ordenador no comprueba nada». Se refiere, claro está, al conjunto de datos que de todos los impuestos y provincias afluyen al Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Hacienda. Seríal amentable que los inexpertos contribuyentes que se guiaran por la información fiscal de El AIcázar tuvieran que sufrir en su propio dinero el menosprecio a la capacidad comprobadora de este centro, porque a él van a parar todos los sueldos y emolumentos que son objeto de retención por el pagador, los datos sobre fincas urbanas y rústicas, los dividendos e intereses percibidos, todos los con tratos de actos jurídicos que pasan por las abogacías del Estado, las adquisiciones y ventas de valores, los cargos en consejos de administración, etcétera, y el denostado ordenador, pese a lo que diga el tal diario, sí que comprueba si el que presentó declaración en el año anterior no lo ha hecho en el actual, si omitió hacerlo estando obligado por sus ingresos o si cometió errores en las operaciones de cálculo. Claro que la informática no es infalible. Como producto humano, está sujeta a errores. La posesión de la verdad absoluta sólo es patrimonio de ciertos partidos de ultraderecha.En realidad, el artículo que comentamos está muy lejos de pretender una simple crítica del actual sistema fiscal. Se trata más bien de una inducción al incumplimiento de las obligaciones tributarías. El menosprecio de la capacidad comprobadora del Ministerio de Hacienda tiende a llevar al ánimo del contribuyente la impunidad en la defraudación; es un ofensivo sarcásmo hacia los ciudadanos que pagan sus impuestos cuándo añade que figurar en las listas de defraudadores no es ninguna deshonra, y es una injuria hacia el Gobierno al puntualizar que solamente lo sería «de estar los fondos públicos manejados por otras personas y con otros fines».

Apología de conductas antisociales

El meollo de la cuestión es que el articulista autor de estos desatinos afirma que «España dejó de ser un Estado de Derecho al llegar esta democracia», de donde debe inferirse que era en tiempos del franquismo cuando gozábamos de tal cualidad. Sin entrar en valoraciones políticas -debe confundir Estado de Derecho con Estado de derecha-, en el puro terreno tributario, nos encontramos con que, en aquellos tiempos, el sistema fiscal, con un fuerte predominio de los impuestos indirectos, era antisocial y regresivo. En 1969, por ejemplo, la recaudación, expresada en millones de pesetas, fue de 72.313 en impuestos directos, y 154.881, en indirectos. O sea, de cada cien pesetas recaudadas, el 68,18% eran satisfechas de forma indiscriminada y sin relación con la capacidad adquisitiva por la mayor parte de la población. Era fácil, por consiguiente, renunciar a medidas fiscales que gravaran los altos ingresos personales. Así, podía suprimirse años atrás la figura fiscal de los «incrementos no justificados de patrimonio», arma con la que se había golpeado duramente a los que declaraban rentas inferiores a las que de sus inversiones podían deducirse, o ser reiteradamente rechazados en las Cortes franquistas los proyectos de Navarro Rubio de un gravamen sobre los beneficios de la especulación inmobiliaria y del suelo. Hoy, con esta reforma fiscal, calificada por el articulista a que nos referimos de «inoportuna, antisocial, antieconómica y odiosa», los impuestos directos han sobrepasado a los indirectos por primera vez en nuestra historia fiscal, alcanzando un 51,30% del total recaudado.

La horda trashumante de la Edad de Piedra

Nos encontramos, para terminar, con una variante de la apología del terrorismo. El artículo en cuestión induce a la destrucción del Estado si no por el atentado mortal, sí por el incumplimiento de las obligaciones cívicas. Con el pretexto de que los caudales públicos se emplean de forma indigna -léase de forma distinta a la que desearía una muy reducida minoría política-, se alienta la de fraudación fiscal. Del mismo modo, y en la medida en que otros servicios y estamentos públicos no fueran del agrado de esta minoría, podrían propugnar el no respetar los semáforos, el desobedecer a los agentes de la autoridad, el tirar las basuras a la calle, el no pagar el autobús o cualquier otra cosa por el estilo. En resumen, incumplir todo aquello que díferencia a un Estado moderno de una horda trashumante de la Edad de Piedra. Y uno se pregunta si en estos tiempos, en que tanto se legisla sobre el terrorismo, no habría también que legislar sobre las apologías de las conductas antisociales.