La reforma agraria clásica se queda corta

La reforma agraria que proponen los sindicatos no puede resumirse, como señalaba Antonio Romero, de CC OO, en la idea de «la tierra para el que la trabaja». CC OO y UGT coinciden en la necesidad de una reforma que pase también por una mayor industrialización, una planificación de los cultivos y el incremento de inversiones en obras públicas, entre otras cosas. Las propuestas de los sindicatos son compartidas por las asociaciones de agricultores que, desde hace años, vienen advirtiendo de la necesidad de buscar una salida negociada al problema del campo andaluz.

El sindicalismo del hambre que supone el Sindicato de Obreros del Campo se complementa y a veces se enfrenta con el movimiento sindical que defienden otras organizaciones como UGT o Comisiones Obreras. Sin embargo, una y otras fuerzas sindicales coinciden en sus objetivos finales, aunque los métodos sean diferentes y a veces contradictorios. Las acciones populares propugnadas por el SOC -y en ello sí coinciden todos- han sido el revulsivo que con mayor efectividad ha logrado sacar el tema de los jornaleros andaluces a la luz pública.Para Unión General de Trabajadores, el paro agrario andaluz no es el más trágico. Sólo en la provincia de Sevilla existen más de 90.000 parados. Y de estas cifras, los que corresponden al sector campesino rondan los 15.000. «No obstante», dice Eduardo Chinarro, secretario de información de la UGT de Andalucía, «es verdad que se trata del sector más desprotegido. Pero no podemos consentir como sindicato que cada vez que se hable de paro en Andalucía se hable del agrícola, cuando son 340.000 los parados a nivel global».

Y UGT, dice, no quiere hacer un sindicalismo tercermundista. «Las huelgas de hambre del SOC son una salida a la desesperada, porque quizá tampoco quieren utilizar los cauces democráticos existentes. Y aunque reconoce que han despertado el interés de la opinión pública, señala que «también han eclipsado las acciones más oscuras. pero más laboriosas de los otros sindicatos».

A pesar de todo, muchas de las propuestas que hoy defiende el SOC, son apoyadas sin vacilaciones por UGT y CC OO e incluso por la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga). El incremento de inversiones. la repoblación forestal, la ordenación de cultivos, la creación de industrias de transformación en el campo andaluz son aspectos en los que todos coinciden.

La necesidad de un censo representativo

En julio del pasado año, representantes de CC OO. UGT. Asaga y Uaga firmaban un documento en el que se recogía una serie de medidas encaminadas a paliar el desempleo agrario y el fomento de puestos de trabajo. En el citado documento. las cuatro organizaciones apuntaban la necesidad apremiante de realizar un censo de trabajadores agrícolas. «diferenciando los que de forma habitual y como principal actividad la ejercen en la agricultura y los que se encuentran actualmente censados en ella, pero que en realidad no lo son sino que se hallan incluidos en dicho censo con el fin de acogerse a las prestaciones y servicios que le proporcione la Mutualidad Agraria».

Porque, como señalaba un destacado miembro de Asaga, «es muy difícil saber quién es y quién no es trabajador agrícola. Los parados aumentan en nuestro sector porque se está dando un movimiento a la inversa. Y muchos de los que dejaron el campo para trabajar en otros sectores industriales vuelven a él». Por otra parte, según señalan otras fuentes, «muchos pequeños comerciantes se apuntan a la cartilla agraria porque resulta más barata que la cartilla de autónomo y así, además, les cae algo del empleo comunitario».

Aunque, a la larga, el empleo comunitario sea rechazado como solución, mientras llegaban otras alternativas, trabajadores y empresarios coincidían en solicitar el incremento de los fondos destina dos al empleo comunitario y su distribución racional, haciéndola coincidir con los meses en los que el paro alcanzaba sus mayores puntas: julio, agosto y septiembre.

La reivindicación del seguro de desempleo

Junto a ello habría que ir hacia la creación de un seguro de desempleo semejante al de otros sectores. «Si se calculara lo que costaría la creación de este tipo de seguros, nos quedaríamos asombrados», decía un miembro de Asaga. «Desde luego su coste sería inferior al del mantenimiento del empleo comunitario y traería menos complicaciones».

También la jubilación anticipada se ofrecía como alternativa y una política de regadíos y cultivos que fomentara la creación de puestos de trabajo.

Con ligeras diferencias, las propuestas firmadas por representantes de trabajadores y empresarios en aquel mes de julio de 1980 no obtuvo respuesta. Días después se produciría la primera huelga de hambre en Marinaleda y los encierros y protestas en distintos pueblos andaluces.

«Era algo», aseguran en Asaga, «que estábamos viendo venir. Algo de lo que habíamos avisado y que nadie quiso ver o nadie se molestó en ver».

Desde el año 1977 esta asociación ha remitido incansablemente a distintos sectores de la Administración una serie de informes y estudios sobre la situación del campo. Estudios e informes que han tenido escaso eco en los poderes públicos. «Y no sabemos por qué Andalucía tiene que ser marginada. El obrero agrícola tiene toda las razones para sentirse discriminado. Mientras se habla de reestructuración de otros sectores, del campo nadie parece acordarse. Si además de ser obrero agrícola eres andaluz, la situación es peor. La cuenca del Guadalquivir está regulada en un 40% o 50%, mientras que el Ebro, lo está en un 100% y el Duero en un 75% u 80%. Si el Guadalquivir estuviera en esas condiciones se doblaría su capacidad de riego, y eso son puestos de trabajo».

Es el tema agrario, a pesar de las afirmaciones de UGT respecto al paro en otros sectores, lo que preocupa en Andalucía. Dicen que Andalucía es agrícola por naturaleza. El hombre andaluz siente apego por su tierra. Ante todo quiere cultivarla, aunque dé más sinsabores que alegrías.

Por eso la tristeza de los jornaleros ante los olivos arrancados. «Pero no se arrancan», dicen fuentes empresariales, «por capricho ni por comodidad. El olivar que es y ha sido por tradición, el cultivo más importante, ha dejado ya de ser rentable. Así como se ha elaborado un plan de algodón y otro de remolacha, en el sector del oliviar no lo ha habido.

Según señalaba CC OO de Andalucía en una carta que el pasado febrero dirigía a la Junta de Andalucía, la producción de aceituna se «ve mermada en un 20% o 35%, afectándole grandemente a comarcas de amplia cosecha, como en los casos de Jaén y Córdoba, viéndose en consecuencia reducidos bastantes millares de jornales».

Hace casi tres anos que Asaga denunciaba que «en los últimos años se estima que se han arrancado de 25.000 a 35.000 hectáreas de olivar», y advertía que «si la política de grasas continúa sin estimular adecuadamente la rentabilidad de este sector, nos tememos que el incremento de superficie arrancada aumentará de forma notable. Se calcula que cada hectárea reconvertida disminuye su capacidad de empleo en cien horas. Considerando que -son cifras de 1978- se han arrancado más de 25.000 hectáreas, la cifra global puede estimarse en 2,5 millones de horas, que suponen unos 375 millones de pesetas, equivalentes a más de 35.000 jornales de trabajo.

Por eso todas las fuentes consultadas, desde el SOC a UGT, CC OO y las mismas patronales, alcaldes y pequeños colonos insisten en la necesidad de prestar una mayor atención a la agricultura.

Antonio Torres, alcalde de Lebrija, explica un proyecto del Ayuntamiento para conseguir convertir una zona de marismas en tierra cultivable. «El proyecto», dice, «no es descabellado. Tenemos al lado el ejemplo de lo que se puede hacer en este sentido». Se refiere a la Cooperativa Las Marismas, a escasos kilómetros de Lebrija, donde una parcelación ha conseguido que 1.200 familias se libren del fantasma del hambre. El perito de la explotación ha tenido, según sus palabras, que cambiar de opinión, a la vista de lo que aquí está pasando. «Yo nunca creí que la parcelación resolviera los problemas; sin embargo, esta experiencia está demostrando lo contrario.

Y el secretario de la Cooperativa, el colono Benito Muñoz, que se plantó aquí un día con otras 429 familias -«por la brava, clavando una bandera y exigiendo tierra»-, dice que aunque aún les falta experiencia, la solución, a corto plazo, para acabar con el paro, tiene que pasar por soluciones parecidas. Aunque enumere la serie de problemas que los pequeños propietarios tienen que afrontar: la falta de créditos a pequeño interés, el alto coste de los abonos y maquinaria.

La Cooperativa Las Marismas es, hoy por hoy, dice el alcalde de Lebrija, la que da más jornales, «porque siembran productos que dan mano de obra, renunciando a otros, tal vez más rentables, pero menos sociales».

Antonio Romero, de CC OO, asegura que, «aunque ya no es suficiente con dar la tierra a quien la trabaja, hay que comercializar sus productos, es necesaria una reforma agraria en profundidad. No sólo hay que cuestionar la propiedad, sino la industrialización. El tema del campo andaluz es aquí muy importante. Y no se pueden tener esas grandes fincas mal explotadas, abandonadas».

Aspecto en el que coinciden otras fuerzas sindicales como el SOC o la UGT, que aunque ponga especial énfasis en que el paro existe en todos los sectores y hay que «abordarlo en su conjunto», mientras propone, en el fondo las mismas medidas, un plan de cultivos y regadíos, la repoblación forestal, la creación de industrias de transformación de productos agrarios que «no nos dejen caer en cosechas que luego haya que tirar», el incremento de inversiones en infraestructuras, en comunicaciones, en escuelas...

«Pero», dice Antonio Romero, «Andalucía necesita de la solidaridad de toda España. Andalucía se ha convertido en una bolsa de paro y de pobreza, con rasgos tercermundistas, que hay que sacar entre todos como responsabilidad común».

Responsabilidad en común que parece haber entrado ya en las distintas fuerzas políticas y sociales andaluzas, aunque difieran en sus métodos. «No podemos», dicen tanto CC OO como UGT, «estar de acuerdo con el SOC. Su estrategia difiere de la nuestra, aunque reconozcamos que sus acciones han tenido una gran importancia para que la gente se sensibilice con el tema del paro agrario».

Pero sólo la sensibilización no es suficiente. Y mientras llegan la serie de medidas anunciadas desde Madrid, los sindicatos y las fuerzas andaluzas trabajan para que al menos sean efectivas las pequeñas acciones emprendidas.

La misma Junta de Andalucía, según comentaban fuentes cercanas a la misma, poco puedo hacer, «si no es gritar esta situación, insistir continuamente ante los órganos correspondientes. Ni siquiera controlamos el empleo comunitario, que está en manos de los gobernadores civiles».

En febrero pasado, CC OO decía en un escrito a la Junta que «un estatuto sin competencias amplias en materia de agricultura sería un instrumento poco servible para sacar a nuestro pueblo del subdesarrollo y el atraso», y terminaba deseando que «La Junta de Andalucía sea auténtica encauzadora de las demandas de nuestro pueblo».

Cuando llegan las primeras noticias de nuevos encierros, las primeras advertencias de que los acuerdos de Madrid se están incumpliendo, la frase del jornalero que comentaba con cierto escepticismo. hace unas semanas al referirse a las conversaciones que se llevaban en Madrid sobre el empleo comunitario recoge la situación de Andalucía: «Andalucía está muy lejos de Madrid para que tenga importancia»