Los rectores, preocupados por el retraso de la LAU
Los rectores de las universidades de Barcelona, Córdoba, La Laguna, Madrid y País Vasco han expresado públicamente su preocupación por el retraso producido sobre el calendario anunciado para la discusión parlamentaria de la ley de Autonomía Universitaria.Los nueve rectores han reiterado los criterios expuestos el pasado 1 de abril en Barcelona en relación con esta misma cuestión, advirtiendo sobre el «grave empeoramiento que para la universidad pública supondría cualquier potenciación de la universidad privada».
Los rectores estaban ya entonces preocupados por la tardanza en la discusión por el pleno de un proyecto de ley que ya había sido dictaminado por la correspondiente comisión del Congreso. Con posterioridad a aquellas declaraciones se produjo la insólita decisión, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios de que el proyecto fuese devuelto a la propia comisión que lo dictaminó. La unanimidad del acuerdo tranquilizó a los rectores, sobre todo cuando los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición les garantizaron que no iba a haber recortes sustanciales sobre el dictamen de la comisión, y se les aseguró que el proyecto podría estar en condiciones de ser discutido por el pleno antes del día 11 del presente mes de mayo.
No antes de septiembre
Las últimas noticias que los rectores han tenido sobre el curso de discusión del proyecto son «poco tranquilizadoras », según ha podido saber EL PAIS, y dudan mucho de que, tal y como les aseguró en su día el propio presidente del Gobierno, la ley pueda haber superado los trámites del Congreso y del Senado antes del mes de septiembre.Para la última semana del presente mes de mayo está prevista la celebración de una reunión de los nueve rectores con representantes de todos los grupos parlamentarios para intercambiar puntos de vista sobre las posibilidades reales de contar con una ley aceptable antes de que dé comienzo el próximo curso.
Al parecer, el Grupo Parlamentario Socialista podría estar a punto de arrojar la toalla, al dar por perdida cualquier posibilidad de llegar a un entendimiento satisfactorio con el partido del Gobierno. En tal sentido cabría interpretar la decisión del PSOE de fijarse asimismo un plazo de quince días para llegar a ese entendimiento, al cabo del cual renunciaría a nuevos intentos de acuerdo con UCD.
