Condenados al empleo comunitario

Es la misma pregunta que día y noche se repiten más de 90.000jornaleros en toda Andalucía. Casos como el de Marinaleda, como el de Osuna, la Lantejuela, Villamartín, Ecija, Lebrija, Los Corrales, se han venido repitiendo periódicamente corno un grito de advertencia sobre la situación de los jornaleros andaluces.Son, dicen, más de 90.000 jornaleros que acuden diariamente «a ver qué hay hoy en lo del empleo comunitario», y que desbrozan cunetas o pican las calles de los pueblos con un cierto aire fatalista y de inutilidad. «Yo no sé decirle si somos 90.000, si somos más o somos menos», dice, ofreciendo un cigarro, un jornalero. «Lo que es verdad es que hay paro. Sólo tiene que mirar usted esto».

Aunque las cifras sean contradictorias y la picaresca -que denuncian autoridades y sindicatos- exista e infle las cifras, lo cierto es que el paro agrícola existe y que los campesinos se agarran al empleo comunitario «porque tampoco hay otra cosa, y mejor es esto que nada. Pero esto no puede durar».

El paro existe, como en La Lantejuela. «Aquí», dice su alcalde, «no hemos tenido jamás problemas de paro. Venían hasta de otros pueblos a trabajar en la época de recolección. Hasta hace tres años».

Hace tres años que La Lantejuela, pueblo de unos 3.000 habitantes, comenzó a sentir los mordiscos del paro. «Fue», dice su alcalde, Pedro Carmona, «cuando los terratenientes decidieron que no era rentable el arriendo de las tierras». El pueblo vivía en su mayoría de cultivarlas. Tierras que, por otro lado, no tienen problemas de agua: hay corrientes subterráneas, como venas, que riegan todo el subsuelo.

«Sí sólo hay que abrir pozos. Si hay agua que es una bendición». Pero los pozos los están tapando y tierras de regadío se están convirtiendo en tierras de secano. «Para sembrar trigo y girasol, que no dan mano de obra. Y meter máquinas que hacen todo el trabajo en na de tiempo».

Las máquinas. Las máquinas son el temor de los jornaleros andaluces, que contemplan con desesperación cómo en unas horas siegan hectáreas de trigo o de cebada. «Pero nosotros», dice Pedro Carmona, «no luchamos contra la máquina. Comprendemos que hay que mecanizar el campo, pero hay que hacerlo poco a poco. Que la máquina no nos quite el pan».

Y ya, sin tierras para arrendar, los vecinos de La Lantejuela se han convertido en una población de parados. Pendientes de las tareas del empleo comunitario, de que llegue la temporada de cosecha y Rafael Pérez -«que es cacique, pero progresista; que siembra todavía cultivos que precisan de mano de obra»- les avise, llame a unos cuantos de los jornaleros que acuden al Ayuntamiento, de los que se van comiendo poco a poco los ahorros de otros años, en una espera que cada día se demuestra más inútil.

«Mi padre», dice un joven, «siempre arrendaba la tierra. Y todos comíamos de ella. Ahora nos piden por arrendarla el 35% de la cosecha, que es más de lo que la sacamos». Por eso están todos en paro, sin poder trabajar las tierras de siempre y viendo cómo se arrancan diariamente los olivos «para sembrar en esas tierras los cereales y el girasol, para dejarnos sin trabajo».

Y dicen los jornaleros que hay que repartir la tierra. Que Andalucía, el 50% de Andalucía, está en manos del 2% de los propietarios. «Total, para tenerlas abandonadas. Para dejarlas que se pierdan». Pero es que la solución, dicen otros, no está en parcelar. Así tampoco se solucionaría el problema. Un economista de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Sevilla (Asaga) lo repetía mientras contemplaba el desastre que la sequía había hecho sobre los cultivos -«que ni siquiera sirven para alimentar el ganado»-: «Una hectárea de tierra de secano cultivada de remolacha tiene unos costes de 100.000 a 125.000 pesetas. En el mejor de los casos puedes recoger unos 20.000 kilos, que al precio establecido apenas te sirve para cubrir gastos. Los agricultores salen raspando. Comidos por servidos. Los que continúan cultivando lo hacen rnás por vocación que por otra cosa.

Aunque en Osuna los parados, reunidos en el bar, hablen aún del señorito -«todavía se descubre alguno cuando pasan»- y denuncian la existencia de listas negras. El nombre subrayado del jornalero que protesta y crea problemas. Y alguien, más afortunado, diga que «si yo, que tengo 30.000 metros cuadrados, le saco lo suficiente para alimentar a mi familia, ¿qué podrían hacer los que tienen cientos y cientos de hectáreas?».

Listas negras

Entre la plaza y el bar discurre diariamente la vida del jornalero. «A ver qué vamos a hacer. Mientras tomamos un vino, nos olvidamos de lo que hay en casa». Los jóvenes prefieren la discoteca y «le pegan al cubata y al porro». «No es por su culpa. Si es que tampoco pueden hacer otra cosa. Ni casarse, ni pensar en novias, ni trabajar».

La denuncia que el propio Diamantino García, presidente del SOC, hacía hace unas semanas en cuanto a que el empleo comunitario estaba creando un ejército de vagos y maleantes la confirma Rafael Guillén, que lleva en Osuna un bar familiar. «Los jóvenes no tienen trabajo y con lo poco que les dan para el empleo comunitario van tirando. Y no es que sean delincuentes. Pero cogen coches para dar una vuelta porque se aburren y no saben dónde ir ni tienen tampoco dónde hacerlo».

Dice Antonio Torres, alcalde de Lebrija, que «estamos haciendo lo posible por frenar esta escapada de los jóvenes. Pero este pueblo, con casi 30.000 habitantes, no tiene siquiera una casa de la juventud. Hemos pedido materiales para hacerla, hemos ofrecido incluso el solar y nos dicen que es inviable».

Mientras tanto, los jóvenes de Trebujena dicen que esto del empleo comunitario es un asco -aunque empleen palabras más rotundas para calificarlo- y que «ni siquiera podemos ir a otra parte porque está todo igual». Ni a Madrid. Que cada vez está más lejos y es donde se decide todo.

Pero está claro que nadie quiere el empleo comunitario. Que nadie desea ese empleo comunitario limosnero y humillante. Ese empleo comunitario que «inventó Franco», cuenta Gonzalo Sánchez, uno de los fundadores del SOC, teniente de alcalde de Lebrija y líder de los jornaleros andaluces, «para evitar desórdenes, en los años sesenta». Felices años sesenta de desarrollismo, de avances tecnológicos, de mecanización. Cuando todo el país era una fiesta y se contemplaba sin preocupación un futuro de crisis que todos veían lejano. Cuando los emigrantes andaluces, extremeños, castellanos, llenaban de divisas el país y el turismo se llenaba de sol y toros y dejaba regadas de dinero fácil las costas del Sol, de la Luz, esmeraldas y moradas.

Cuando el crecimiento industrial parecía la panacea de todos nuestros problemas y se llevaba adelante sin control y sin planificación. Y la falta de estos dos factores es precisamente lo que provoca la creación del empleo comunitario como fórmula para paliar el paro agrícola que se agudiza cada vez más. Desde entonces, las soluciones han ido siempre por el mismo camino.

Desde el año 1977, el Gobierno ha distribuido unos 37.000 millones de pesetas en el empleo comunitario, sin contar los que se han repartido en el presente año. Millones que, como alguien dice con sorna, «son los peor aprovechados de nuestra historia, porque ni siquiera han servido para evitar los desórdenes». Pero al margen de la ironía, los alcaldes consultados estiman que se podría haber sacado más beneficio a los fondos del empleo comunitario.

«Pero parece», dice Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, «que existe un gran interés por parte de quien sea para que la situación no cambie. Parece que no se quiere dar trabajo, sino limosnas».

Nadie quiere el empleo comunitario porque no sirve para nada, porque es una sangría para el país, porque «hay que adoptar medidas estructurales, abordar planes de industrialización para Andalucía y abordar la reforma agraria», dice Paco Casero, secretario general del SOC y hombre que ha protagonizado una huelga de hambre durante más de un mes para llamar la atención sobre el problema andaluz.

La huelga de hambre de Casero, la que iniciaran los vecinos de Marinaleda, los encierros de Lebrija, de los Corrales, de la Lantejuela, del Cornil, de Villamartín, provocaron las reuniones urgentes del máximo responsable de la Junta de Andalucía con el presidente y otros miembros del Gobierno. De aquella reunión salió nuevamente la idea de aumentar los fondos del empleo comunitario y el estudio de un plan de inversiones para Andalucía.

Ayer mismo, la Junta de,Andalucía y los sindicatos mayoritarios -CC OO y UGT- denunciaban el incumplimiento parcial de los acuerdos de Madrid. Los jornaleros esperan en las plazas de los pueblos, frente a los ayuntamientos, en los bares. «La próxima vez será más gorda», afirman.