Posibilidades de una comunidad médica latinoamericana

Uno de los temas a discusión en los centros hospitalarios es el de los médicos residentes, cuyas plazas resultan con frecuencia inferiores en número a la capacidad docente de los hospitales autorizados a crearlas. Se plantea la cuestión de cómo cubrir ese excedente de capacidad de docencia, cuyo desperdicio sería improcedente.Se suele argüir, con evidente propensión demagógica, que los centros hospitalarios encubren bajo la figura del médico residente la disponibilidad de una mano de obra a un tiempo cualificada y barata. Se ha extendido, en efecto, la presunción de que un médico residente de tercer año realiza el mismo trabajo que un médico adjunto y, sin embargo, percibe la mitad de los emolumentos atribuidos a éste. Parece innecesario esclarecer la falsedad de tal planteamiento. El médico adjunto ha concluido su período de formación posgraduada, está plenamente acreditado para asumir la responsabilidad de ejercicio y se dedica de manera exclusiva a la labor asistencial. Por el, contrario, el residente, aunque sea su último año, sigue en periodo de formación y, en consecuencia, está sometido a una serie de limitaciones de ejercicio y, consiguientemente, de responsabilidad. Tales limitaciones, sin embargo, no están reñidas con el perfeccionamiento de un sistema acorde de participación de estos médicos residentes, en el ámbito de sus específicas atribuciones dentro del colectivo médico hospitalario.

La necesidad de cubrir de alguna manera las posibles vacantes derivadas de una previsión objetiva de necesidades de ulterior ocupación profesional no proviene del interés del centro hospitalario por disponer de unas profesionales a bajo precio. Se trata, muy al contrario, de derivar una máxima rentabilidad de la estructura docente de cada hospital. Podrá argüirse por algunos que la integración de España en la Comunidad Económica Europea abrirá nuevas espectativas de ocupación. Sería entrar en una cuestión demasiado compleja. Dicha posibilidad exige, sin duda, tomar en consideración desde ahora mismo los criterios técnicos y legales dominantes en las naciones de la CEE y la movilidad que, de hecho, se ha producido en el sector médico entre los Estados miembros de la Comunidad. Un saludable realismo aconseja que, sin perder de vista la consecución de criterios formativos idóneos, se aplace cualquier previsión de esta índole a que se produzca de hecho la integración y queden claros los mecanismos y los plazos que afectarán a cada sector. El acceso de España a la CEE no pasa de constituir, por el momento, una mera hipótesis. Y si en el aspecto económico es todavía problemática, en el espacio de las profesiones liberales las previsiones son todavía más evanescentes.

La solución más lógica al problema consistiría en cubrir esas vacantes con médicos pertenecientes a la comunidad cultural hispánica. Es cierto que los convenios de doble nacionalidad facultan para el ejercicio profesional en los Estados que los suscriben y que, por tanto, un cierto número de estos médicos residentes podrían optar al término de sus estudios a las plazas en la red hospitalaria española. Pero tampoco puede desconocerse que dicho régimen de reciprocidad abre a los médicos españoles las puertas de nuevos espacios de ejercicio, algunos de los cuales podrían resultarles incluso más ventajosos, al menos en tanto persistan los efectos de nuestra actual crisis económica.

La experiencia acumulada por las sucesivas misiones científicas de la Fundación Jiménez Díaz a todas las naciones de nuestra comunidad cultural ha resultado muy positiva. Después de varios años de trabajo intensivo disponemos de un material inestimable para avanzar decididamente hacia la creación de un sistema peculiar de medicina iberoamericana, de cuya validez están persuadidos numerosos y eminentes, médicos de aquellas naciones. Quienes hemos participado en estos fructíferos intercambios a nivel científico, consideramos imprescindible poner en marcha cuanto antes el ambicioso proyecto definido en 1978 por la entonces Subsecretaría de Sanidad y el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Se trata de un gran reto que tiene planteado España en el ámbito de su propia e irrenunciable área cultural.

El establecimiento de una comunidad médica iberoamericana, a partir de la definición de criterios de aplicación general, supondría una oferta fantástica para la cobertura de las necesidades sanitarias de una población que está a punto de superar, en su conjunto, los cuatrocientos millones de habitantes y que apenas entrado el siglo XXI puede situarse en los seiscientos millones.

Esto es lo que se va a plantear en las Jornadas de Trabajo de mayo en Buenos Aires, dentro de la reunión Iberoamericana sobre «Los profesionales médicos y la Seguridad Social».