La huelga de hambre de 26 terroristas, presos coloca en una difícil situación al Gobierno federal alemán

La opinión pública y los médicos alemanes están divididos sobre si se debe alimentar contra su voluntad a los presos convictos de actividades terroristas que están en huelga de hambre desde hace más de dos meses, o si hay que dejarlos morir. Muchos médicose pronuncian contra la alimentación forzada, a base de sondas hasta el estómago o suero intravenoso, por considerarlo «una forma de tortura». La dureza de las autoridades está provocando una solidaridad creciente con los veintiséis detenidos.

La huelga de los presos condenados por actos terroristas deja al Estado ante la alternativa de convertirse en «torturador», si se ordena la alimentación forzada de los detenidos, o, en «asesino», si producirse alguna muerte.Cada día aumenta el número de médicos que se pronuncian contra la alimentación forzada de los presos. En la revista Stern de esta semana, el máximo líder gremial de los médicos que trabajan por cuenta ajena, Joerg Hoppe, declara que la alimentación forzada «puede convertirse en tortura, cuando se aplica a un paciente que se defiende contra ella», y añade que corre peligro la vida del enfermo que se revuelve contra la introducción de la sonda.

El periódico berlinés Tagesspiegel publicó el martes una carta abierta de varios médicos dirigida al ministro federal de Justicia, y a los ministros de Justicia de cada Estado (Land), que tienen jurisdicción sobre el régimen de prisiones. Los médicos berlineses apelan «urgentísimamente a los máximos organismos responsables para que intervengan, como corresponde a un Estado democrático, para defender la dignidad de la persona y poner fin a estos horrorosos procedimientos». La legislación sobre el régimen de prisiones en la RFA y Berlín Oeste prevé que se emplee la alimentación forzada, «cuando la vida. del preso corre un peligro agudo ». Los médicos opinan que esto puede producirse cuando ya sea demasiado tarde para la integridad física de los cautivos.

El tema de la huelga de hambre puede resultar explosivo en el momento actual, como lo prueban los disturbios que se suceden desde el domingo pasado en Berlín Oeste, cuando se difundió la noticia falsa de que uno de los presos había muerto.

Uno de los asistentes a la manifestación espontánea de Berlín Oeste, que terminó con rotura de cristales y saqueos de tiendas, comentó ayer a este enviado que «estábamos en una fiesta y dijeron de pronto por los altavoces que Debus había muerto; muchos salimos hacia la Kudamm». En la avenida central berlinesa casi no quedó un escaparate sano.

Ayer hizo explosión una bomba en el Instituto de Geología de la Universidad de Hamburgo, y causó daños valorados en más de cuarenta millones de pesetas.

La policía hamburguesa cree que este nuevo atentado ha sido perpetrado, al igual que los que se produjeron el pasado fin de semana contra otros edificios, por los simpatizantes de los veintiséis prisioneros de la Fracción del Ejército Rojo, que permanecen en huelga de hambre.

La serie de atentados se extendió también a Munich, donde unos desconocidos colocaron ayer un árbol atravesado en la vía férrea, contra el que chocó un tren que se dirigía a la capital bávara. El tren sólo iba a treinta kilómetros por hora, por lo que los daños fueron muy pequeños.

La organización humanitaria Amnistía Internacional ha apela do dos veces en los últimos días al Gobierno federal alemán para que se mejoren las condiciones de encarcelamiento de los presos por delitos relacionados con el terrorismo.

El Gobierno federal no se considera competente en el tema, y en los Estados federales los Ministerios de Justicia no parecen dispuestos a ceder bajo la presión de la huelga de hambre. Los huelguistas de hambre exigen ser encarcelados en grupos de diez a quince personas de los suyos, la libertad de dos que están enfermos de gravedad y una comisión internacional de control para vigilar las condiciones de su encarcelamiento.

El semanario Der Spiegel escribe esta semana que «no cabe la menor duda de que las condiciones de aislamiento en que la justicia colocó a los presos de la Fracción del Ejército Rojo son insostenibles médicamente y en un Estado de Derecho».