Negociación de precios agrarios

En el editorial de EL PAIS del 4-4-1981 aparece, bajo el título «Lluvias y precios», un ataque despiadado, injusto y falto del mínimo rigor a la verdad hacia el sector agrario. No hay peor mentira que la verdad a medias.Cuando hacemos referencia, hoy tan de moda, a la Comunidad Económica Europea, debemos realizarla en toda su amplitud. En el artículo se habla de una subida del 9,5% para los agricultores comunitarios, pero nada se dice de la moneda verde, que hará que esta subida represente más de un 16% para los agricultores italianos y también dos dígitos para los franceses. Pero es que además los imputs comunitarios (productos que compra la agricultura a los demás sectores) sí están controlados en el entorno de la subida del IPC, lo que no ha ocurrido jamás en España, en donde los compromisos adquiridos en anteriores negociaciones en esta materia nunca vieron la luz del cumplimiento. La moderación de estos inputs sólo se logró en los piensos, pero no olvidemos que el precio de dicho input es aportado en su gran mayoría por los propios agricultores.

Por otro lado, se está pretendiendo en los últimos tiempos justificar el aumento de renta de los agricultores en base a una disminución de la población activa y un aumento de las transferencias vía prestaciones de la Seguridad Social. Desde ese mismo momento, nuestra organización viene denunciando permanentemente este hecho, pues el sector agrario soporta la población activa de mayor edad, ya que mientras en el régimen general existe un pensionista por cada seis activos, en el régimen agrario dicha relación es de uno a uno. Pero además en el campo, por la dureza del trabajo y menor calidad de vida, cuyos ejemplos no creo necesario traer a colación, la población tiene menos longevidad que en el medio urbano, lo que provoca su desaparición por muerte, cuando aún figuran como activos, siendo realmente pasivos de los hijos que permanecen en la misma.

Además no se reconoce en el artículo que el sector agrario, con una población activa superior a los dos millones de personas, tiene un nivel de renta que no llega al 50% del que disfrutan el resto de los españoles, y paralelamente es receptor de gran parte del paro que se registra en los demás sectores, de aquellos que han agotado sus prestaciones de desempleo y encuentran en el medio rural el único soporte, por económico, en los momentos actuales, lo que hace aumentar considerablemente la preocupante situación del empleo comunitario, sobre su futuro y financiación.

Por otro lado, las organizaciones no han planteado una subida concreta en precios agrarios, sólo reivindican el artículo 130 de nuestra Constitución, en donde se habla de equiparar el nivel de vida de todos los españoles, hecho reconocido por nuestro presidente del Gobierno en el discurso de investidura, donde dijo que el pueblo español tiene una deuda de solidaridad con el campo. Con ello no estamos irresponsablemente atacando la estructura económica del país, sino que exigimos compartir la crisis entre todos, no solamente hacerla recaer sobre las espaldas de los más débiles, los agricultores.

Desgraciadamente, las cifras son elocuentes, tanto el aumento del PIB como el descenso del IPC se han cargado durante los últimos años sobre el sector agrario, y voces muy autorizadas, entre ellas los informes del Banco de España, así lo han reconocido.

Nos sorprende que un periódico que se proclama como independiente haya adoptado la postura de unas negociaciones, aunque éstas sean tan importantes a la economía nacional como es la de los precios a agrarios. / presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos.