Una historia de misterios

Las auditorías de las federaciones deportivas constituyen una extraña historia de misterios y ocultaciones. Fueron ordenadas por Benito Castejón, entonces director del Consejo Superior de Deportes (CSD), en julio de 1979, y desde entonces se sucedieron los misterios hasta llegarse a la situación actual, en la que los textos se encuentran en la Dirección General de lo Contencioso del Ministerio de Hacienda y no han sido hechos públicos a pesar de las numerosas peticiones en este sentido de la oposición parlamentaria.Los misterios comenzaron desde el primer momento: en principio, Castejón firmó un contrato con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas para auditar las federaciones de Ajedrez, Atletismo, Natación, Caza, Fútbol y Golf, pero poco después, y antes de que comenzaran su trabajo los auditores, el CSD comunicó un cambio: había que borrar de la lista a todas las federaciones, salvo la de Fútbol, y sustituir las otras cinco por las de Patinaje, Judo y Disciplinas Asociadas (hoy escindida en dos, Judo y Karate), Deporte Universitario, Lucha, Balonmano y Baloncesto. Nadie explicó el cambio.

Al comenzar su trabajo, los censores se encuentran con que sistemáticamente en las federaciones se les dice que las facturas que justifican los gastos están en el CSD, y cuando acuden a este organismo para examinarlas, el propio secretario general del mismo en aquellos días, Florencio Noriega, da órdenes de que no se les deje examinar ningún papel. Pese a todo, los auditores realizan su informe, incompleto por la imposibilidad de examinar estas facturas, y el 15 de diciembre llevan las auditorías al CSD. Allí, nadie quiere recibirles ni hacerse cargo de los informes, que finalmente quedan depositados encima de una mesa.

El PSOE descubre poco después el extraño desenlace de las auditorías encargadas por el CSD y lo denuncia. Ocurre por esos días, mediados de enero de 1980, el cambio de ministro, con entrada de De la Cierva por Clavero Arévalo, y el de director del CSD, cargo en el que entra Jesús Hermida en lugar de Castejón. Hermida y De la Cierva anuncian que piensan clarificar el asunto y en principio encargan una ampliación para que los auditores tengan acceso a las facturas que antes no se les dejó examinar. El 28 de marzo son entregadas las ampliaciones, aunque el 24 de abril, cuando se presenta para hablar sobre el caso ante la Comisión de Cultura del Congreso Ricardo de la Cierva, afirma que no han llegado hasta el 21 de ese mismo mes y que aún no habían podido ser estudiadas.

El 14 de mayo se filtran a los medios informativos unas conclusiones finales, que parecen indicar serias irregularidades, pero los textos completos siguen ocultos hasta hoy. La excusa es que al existir indicios de irregularidades el CSD las envió a la Dirección General de lo Contencioso, a fin de que fueran estudiadas dichas irregularidades.