La Administración quiere implicar al Gobierno vasco, mediante el control de la sociedad propietaria, en la central nuclear de Lemóniz

La dimisión de Angel Galíndez, presidente del Banco de Vizcaya, de la vicepresidencia de Iberduero, aceptada por el consejo de administración de la empresa eléctrica vasca el pasado viernes, y el acceso a un puesto en el mismo consejo del director general de la compañía, Manuel Gómez de Pablos, quien asumirá las funciones de consejero y director general, han venido a poner fin a lo que en algunos medios del sector ha sido calificado como el primer round del combate de fondo que supondrá la conclusión de las obras y puesta en marcha de la central nuclear de Lemóniz. Las obras de construcción de esta central, probablemente la más contestada a nivel mundial, se encuentran prácticamente paralizadas desde que ETA Militar secuestrara y asesinase al ingeniero jefe de producción de la instalación, José María Ryan, el pasado 6 de febrero.

A partir de aquella fecha, la mayor parte de los técnicos superiores que componen la plantilla de la central ni acuden a sus puestos de trabajo, ante el temor de que la organización terrorista cumpla las amenazas que les hizo por carta a los pocos días de producirse el asesinato de Ryan.Según todas las previsiones, el primer grupo generador de energía de la central de Lemóniz debería entrar en funcionamiento en el mes de marzo del próximo año. Para que ello fuese técnicamente posible, las obras de este grupo deberían estar el próximo mes de octubre al mismo nivel que se en cuentra actualmente el grupo de la central de Almaraz, que visitó recientemente el presidente del Gobierno. Sin embargo, la situación actual de las obras hace afirmar a los expertos que resultará imposible cumplir los plazos de puesta en marcha previstos.

El actual presidente de Iberduero, Pedro de Areitio, accedió al puesto en octubre de 1977, sustituyendo al conde de Cadagua, rompiendo así una de la! tradiciones más enraizadas de la sociedad financiera vasca: el turno de sucesión al frente de Iberduero de los presidentes de los bancos de Bilbao y Vizcaya. El presidente del Bilbao declinó su privilegio y provocó lo que entonces se llamó «solución para profesionalizar la empresa», designando a Areitio.

Ante la posibilidad de que se llegase a una situación como la actual, el Gobierno vasco aprobó como paso previo para pronunciarse con respecto al tema Lemóniz la celebración de una consulta popular al pueblo vasco.

Esta era aproximadamente la situación hasta que después de los hechos del 23-F Calvo Sotelo se reunió con el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea. En aquel encuentro, Lemóniz ocupó la mayor parte de las conversaciones de los dos presidentes.

Leopoldo Calvo Sotelo se pronunció claramente sobre la necesidad de que se reíniciasen las obras de construcción de la central nuclear en el plazo de tiempo más breve posible. Pata ello estaba dispuesto a escuchar a quien fuese e incluso a negociar con las partes implicadas.

A finales de la semana pasada, la agencia oficial de noticias Efe se hizo eco de los rumores sobre los problemas en el seno del consejo de administración que circulaban por la capital vasca y adelantaba una terna de posibles candidatos a la presidencia de Iberduero, señalando que en aquellos momentos quien contaba con mayores posibilidades de salir elegido era José Miguel dela Rica, actual pre sidente del Instituto Nacional de Industria, y apuntaba como segundo candidato al actual director general de la compañía, Manuel Gómez de Pablos.

Esta noticia trastrocaba los planes que se estaban discutiendo en aquellos momentos y que pasaban por el acceso a la presidencia de un hombre próximo al Partido Nacionalista Vasco, formación que domina en solitario al Gobierno vasco.

Este proceso de negociación se interrumpió en ese momento, y la remodelación del consejo de administración se pospuso, siendo aceptada únicamente la dimisión de Galíndez. El temor de que el relevo de Pedro de Areitio pudiese ser instrumentado por ETAm como un triunfo propio y la ausencia de una alternativa concreta son las causas que lo frenaron. En este momento, prácticamente la totalidad de los sectores y fuerzas implicadas en el problema de Lemóniz aceptan corno la única solución válida la incorporación del Gobierno vasco a la gestión o, al menos, al control de la central. Ahora, en lo que ya no son tan unánimes los criterios es en cómo se instrumenta esta participación.

Las posibilidades son de lo más dispares, y van desde la venta al Gobierno vasco del paquete de acciones de Iberduero que tiene en su cartera el Banco de España, y que supone aproximadamente un 6% del capital de la empresa, porcentaje más que suficiente para hacerse con el control de la misma, postura que patrocinan algunos sectores de la Administración central, hasta la segregación de Lemóniz de Iberduero y su constitución como sociedad participada en un ciento por ciento por la eléctrica vasco, en la que se plantearía bien un consejo de control o bien la figura de un delegado del Gobierno vasco para garantizar la seguridad de la instalación. Este planteamiento es observado con especial cariño en medios próximos al PNV. La solución de su nacionalización total tampoco es descartada, pero aquí, como en el caso del referéndum, cuenta la posibilidad de ejemplarización, y eso no estarían dispuestos a aceptarlo las altas instancias de la gran patronal eléctrica. Cada uno de los dos interlócutores, pues en este momento están prácticamente superados los medios de la propia empresa en las negociaciones, realiza observaciones a los postulados que defiende la contraria. Así, para medios próximos al Gobierno vasco es muy difícilmente vendible a sus bases la participación en el capital de Iberduero, aunque el pago se realice con cargo a los beneficios que se obtengan en la explotación de la compañía, y el control de la empresa a que ello les daría derecho no podría ejercerse sin contar con las reticencias de los actuales componentes del consejo de administración, cuyas decisiones normalmente diseñan un grupo de bancos, entre los que se encuentran los «clásicos» de la empresa, el Bilbao y el Vizcaya, junto con el Santander.

Los postulados del Gobierno vasco son calificados de excesivamente ambiguos en medios próximos a la Administración central, quien, por otra parte, no ve con buenos ojos la posibilidad de separar Lemóniz de Iberduero. La nacionalización por decreto tampoco es contemplada con agrado por los recelos que despertaría entre los miembros del poderoso grupo eléctrico, que encabeza Juan Alegre Marcet, y entre cuyos miembros se encuentran los Oriol.

En definitiva, lo que parece plantearse es un pulso entre la Administración central. quien al cabo de los años ha asumido la necesidad de comprometer al Gobierno vasco y al partido en el Gobierno, PNV, en el problema energético que supondría la paralización de Lemóniz, y las instancias nacionalistas vascas, quienes no ven excesivamente clara la situación y mantienen su actitud desconfiada que les caracteriza, aunque asumen la necesidad de que la central de Lemóniz sea puesta en funcionamiento en el plazo de tiempo más breve posible, para asegurar el abastecimiento eléctrico al País Vasco.

En todo el proceso de negociaciones que se desarrollará de forma inmediata, el tema de la consulta popular se constituirá en auténtico caballo de batalla, ¿pesar de que, tras la rotunda negativa del presidente del Gobierno, este tipo de consultas en temas de energía nuclear es algo que los dirigentes vascos reconocen como difícilmente viable, por lo que pretenderán reconducir la opinión pública hacia la figura del control público como sustitutivo del referéndum.