La consulta popular, a debate
A pesar de que la celebración de una consulta popular sobre la continuación de las obras de Lemóniz ha sido descartada por la Administración central, el Gobierno vasco -que está estudiando las diversas variantes de control público sobre esta central como posible alternativa- insiste en la necesidad de contar con una deliberación ciudadana al respecto, ya que en Euskadi, en opinión del Ejecutivo autónomo, una central nuclear tan conflictiva como ésta no puede funcionar por decreto.Aunque la Administración central, según señaló el ministro de Industria y Energía, Ignacio Bayón, en su reciente visita al País Vasco, vería con buenos ojos que el Gobierno autónomo y su partido mayoritario, el PNV, tomaran de cisiones políticas y económicas hasta el punto de participar bien en Iberduero en general o en la central de Lemóniz en su defecto, el Gobierno vasco, una vez conocidos los resultados de la auditoría sobre las condiciones de la central y de la comisión parlamentaria de en cuesta, insiste en la necesidad de que la población se pronuncie en relación al futuro del complejo nuclear. Acaso el Gobierno vasco estaría dispuesto a negociar la formulación de la pregunta idónea -que en ningún momento sería «Lemóniz sí o no» o «Energía nuclear sí o no»- en un plebiscito de estas características, pero considera que la celebración del mismo debería ser incuestionable.
El interés del Gobierno autónomo en el pronunciamiento popular reside, en primer lugar, en la necesidad propia de contar con un aval de peso para acallar las sensibilidades -cada vez más extendidas- contrarias al proyecto de la central nuclear. En segundo término, la mencionada actitud obedece también a la voluntad de llevar a cabo la más eficaz campaña de aislamiento político de ETA Militar que en este momento es posible imaginar, al privarle de su soporte popular más importante.
Ante un problema tan peculiar como el de Lemóniz, que en los dos últimos años se ha visto azotada por la intensificación de la lucha terrorista, el partido mayoritario del Gobierno vasco, el PNV, está involucrado en un compromiso moral con la propia población en el sentido de no decidir ninguna acción a llevar a cabo sin que medie algún tipo de «consulta popular», y en estos términos se continúan expresando los miembros del Gabinete de Carlos Garaikoetxea.
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