Los problemas de la CEE y España

MAL QUE nos pese, los problemas de la Comunidad Económica Europea no son los mismo vistos desde Madrid que contemplados desde Maastricht, y por dura que sea la labor, no hay otro remedio, una vez que España decidió emprender el camino hacia Bruselas, que esforzarse por leer los acontecimientos comunitarios desde ambas perspectivas.El comunicado de la reciente reunión de los jefes de Gobierno -de Estado, en el caso de Francia- de los países de la CEE contiene una explícita referencia al fracaso del golpe del 23 de febrero y expresa su «gran satisfacción por la reacción del Rey, del Gobierno y del pueblo español... y por la vigorización de las estructuras políticas que permitirán a la España democrática el acceso a la comunidad democrática de la CEE». Esta loable declaración no se ha visto completada, sin embargo, por el anuncio de una aceleración del proceso negociador para la integración de España en la Comunidad. La obvia conclusión es que la existencia de un sistema pluralista y de un régimen democrático es una condición necesaria, pero no suficiente, para alcanzar ese objetivo. La involución autoritaria, intentada por el golpe frustrado y acariciada por los sectores que lamentan su fracaso, haría imposible la entrada de España en la CEE. Pero la posibilidad política con la que cuenta la Monarquía parlamentaria necesita, para convertirse en realidad, plena, que las negociaciones propiamente económicas se rematen con éxito.

Resulta evidente que la CEE no es sólo asunto de demócratas, sino también de mercaderes; pero de mercaderes que son, a la vez, demócratas. Por esa razón, y a la vez que el mantenimiento del sistema pluralista continúa siendo una condición sine qua non para seguir compitiendo en la carrera hacia la integración, los españoles tenemos que irnos familiarizando con la idea de que las cuestiones internas de la CEE son prioritarias para los países que la integran. Es cierto que problemas puramente políticos, como las elecciones presidenciales francesas, no deberían pertenecer a ese acervo común, aunque los candidatos electorales jueguen con las dificultades comunitarias para ampliar sus sufragios. Sin embargo, asuntos como la pesca y, sobre todo, la elevación de los precios agrícolas entran -nos guste o no- por derecho propio dentro de ese renglón de temas económicos específicamente comunitarios.

Tras unas cuantas andanadas verbales entre ingleses, por un lado, y franceses y alemanes, por otro, el debate pesquero ha quedado diferido, a petición británica, hasta una nueva reunión de los ministros de la Pesca en este mismo fin de semana. La entente franco-alemana, hábil mente diseñada por Giscard, ha vinculado el tema pesquero con el agrícola. Mientras los británicos temen la competencia pesquera de los canadienses, Bonn tiene un gran interés en la ratificación del acuerdo de pesca entre la CEE y Canadá, que permitiría a los barcos alemanes de aguas profundas reanudar sus capturas en los caladeros de Canadá, país que, a cambio, podría vender sus capturas en los mercados de la CEE. Francia, por su lado, pretende conseguir una elevación media de los precios agrícolas en torno al 10%, incremento que otros países comunitarios consideran excesivo. La decisión final sobre los precios agrícolas quedará en manos de los ministros de Agricultura, que deberán reunirse en Bruselas, a partir del próximo lunes, con el mandato de no «separarse sin haber llegado a una solución».

El enfrentamiento global con la crisis económica ha quedado circunscrito a una recomendación para que la Comisión elabore las estrategias apropiadas para resolver el problema del paro, que ha ido progresando rápidamente a lo largo de 1980 y que alcanza ya un porcentaje medio del 7,5% dentro de la CEE. En el comunicado se subraya que el aumento del empleo exige, reforzar la estructura económica de los países comunitarios a través de una reducción de los costes de producción y de un aumento de las inversiones. Desde el punto de vista español, el mantenimiento o el agravamiento de la crisis no haría sino reforzar las actitudes proteccionistas de la Comunidad y acumular las dificultades para nuestra integración.

A la espera de las elecciones francesas y de las negociaciones intracomunitarias en curso sobre la pesca y los precios agrícolas, la posición más sensata por parte de España sería aceptar la realidad en toda su crudeza, renunciar a la fantasía de que la CEE se halla definida tan sólo por postulados democráticos y no incluye también intereses económicos. Y comenzar a poner en orden la propia casa, necesitada de una política económica y de modernización de la gestión pública que, aun sin integración en Europa, resulta igualmente indispensable.

En cualquier caso, y para impedir que la mayor o menor celeridad del proceso de integración pudiera convertirse en una de esas preocupaciones que nos atenazan en la inactividad, podía consolidarse un modus vivendi con la CEE a base de el viejo acuerdo preferencial, todavía vigente, así como un régimen a medio plazo para la pesca u otros puntos conflictivos. La experiencia acumulada en un largo proceso de tira y afloja con la CEE en los ministerios de Economía y Comercio y de Asuntos Exteriores, junto a la adquirida intensivamente por el nuevo equipo del palacio de la Trinidad, permitiría tal vez desarrollar una negociación realista.