Defensa de la democracia

Las últimas filtraciones, respecto al contenido del informe secreto del ministro de Defensa al Pleno del Congreso, que dieron lugar a su publicación en la Prensa; bien merecen algunas reflexiones.Sin perder de vista los gravísimos acontecimientos a que hemos asistido recientemente en nuestro «ruedo ibérico», el hecho de que los grupos parlamentarios UCD, CD, Minoría Catalana y Vasco, aceptaran la petición del Gobierno para que la sesión del Pleno fuese «a puertas cerradas»; y el uso de magnetofones por algunos señores diputados, ha provocado corrientes de opinión tendentes a considerar este último hecho como gravemente atentatorio contra las normas mínimas de respeto al juego democrático; en cuanto al gobierno de la mayoría, esta vez, expresado por la decisión cle la Junta de Portavoces del Congreso.

No se comprende todavía muy bien, cómo información tan trascendental para todos los ciudadanos se haya querido secuestrar. Y, menos, ¿cómo se puede dilucidar la cuestión sometiéndola a la ley de la mayoría? ¿Cómo se puede abrir brecha tan abismal entre los representantes del pueblo y éste, que en definitiva es el que les da su razón de ser?

Es decir, no se comprende a menos que invirtamos la expresión «democracia vigilante» por «democracia vigilada».

Los que hablan de desprestigio de las instituciones, bien pudieran examinar el doloroso empleo que algunos grupos políticos hacen de la mecánica parlamentaria.

La institución parlamentaria, piedra angular del sistema democrático, sólo puede prestigiarse, en estos momentos, siendo diáfana y responsable con el pueblo al que representa. No, menospreciando la anteriormente apreciada profesión periodística. No, elaborando leyes en defensa de la democracia (cuando ya las hay que se pueden aplicar), que nos acercan a aquella «ley de Defensa de la República» de Manuel Azaña. Con una sustantiva diferencia, cual es que en aquella época se vivía un proceso constituyente; y en la actualidad ese vacío normativo fundamental está cubierto por una Constitución, que entre otras cosas prescribe el derecho de los españoles «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión...». (Artículo 20 d)./