La Junta de Andalucía impugnará la convocatoria de oposiciones para EGB

La Junta de Andalucía impugnará por la vía contencioso-administrativa y, si es preciso, apelará al Tribunal Constitucional contra la orden del Ministerio de Educación y Ciencia del pasado 25 de febrero, por la que se convocaba el concurso-oposición de ingreso al Cuerpo de Profesores de EGB, en caso de no recibir un compromiso formal en sentido contrario por parte del ministro correspondiente.Como es sabido, dicha orden establece un cupo de 4.000 plazas de profesores para este año, de las que 950 se atribuyen a Cataluña y 650 al País Vasco, de modo que entre ambas nacionalidades reunirían un 40% del total de plazas convocadas. Esta circunstancia ha provocado numerosas protestas.

El Consejo Permanente de la Junta estimó en su última reunión que la citada orden lesiona gravemente los intereses generales de Andalucía, al privilegiar a comunidades de mayor renta y menores necesidades educativas que la andaluza. En consecuencia, el Consejo decidió por unanimidad impugnar dicha nota mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo y no abandonar la posibilidad de recurrir en el futuro al propio Tribunal Constitucional. «No queremos jugar a agravios comparativos», explicó el presidente andaluz, Rafael Escuredo, «Fiero no podemos dejar de denunciar esta clara injusticia».

Por otra parte, el pleno confederal del sindicato de enseñanza, UCSTE, ha manifestado su discrepancia «con el procedimiento de elaboración de la citada convocatoria de oposiciones», puesto que, en su opinión, debiera haberse consultado con los trabajadores.

UCSTE expresa su preocupación por las reducidas posibilidades que restan ya a los profesores no numerarios en relación con las oposiciones restringidas, puesto uue el compromiso de estabilidad acordado en 1977 concluye en 1982, y no se ha producido el aumento de plazas que hubiesen sido necesarias para garantizar la estabilidad a todos. Finalmente, el pleno conf'ederal de UCSTE interpreta el hecho de que haya tres convocatorias, la general del Estado y las específicas para Cataluña y el País Vasco, «como una medida de UCD que tiende más a satisfacer sus alianzas con el PNV y Convergencia que a desarrollar una política global respetuosa con las autonomías educativas».