Voto de conciencia

JUSTO EN el momento en que la sociedad española comienza a recuperarse de la sacudida producida por el golpe de Estado frustrado, los diputados del partido del Gobierno han resuelto reestrenar sus querellas en torno al divorcio. Mientras las preocupaciones actuales de la sociedad civil parecen centrarse prioritariamente en asuntos tales como la inflación, el paro, el terrorismo, la amenaza de un nuevo golpe, la democratización del Estado y el definitivo encauzamiento de las autonomías, causa cierto asombro que los sectores neoconfesionales del centrismo empleen su tiempo y sus energías en desenterrar una discusión que parecía ya zanjada tras la aprobación del proyecto de ley de Divorcio por la Comisión de Justicia del Congreso. Mucho se ha comentado, y con razón, acerca del deterioro que para la imagen y el buen nombre de España, como país moderno, civilizado y europeo, supuso el asalto al palacio del Congreso y el secuestro de los diputados y de los miembros del Gobierno. En menor medida, el actual espectáculo de los diputados centristas, encerrados en la Cámara con un solo juguete y cortando cabellos en cuatro a propósito del divorcio, contribuye también a esa sensación de tristeza colectiva que los españoles comienzan a sentir frente al mundo exterior, La sola idea de que a los legisladores de una sociedad industrial avanzada, heredera de una de las más viejas y ricas culturas de la civilización occidental, se les impida regular libremente, sin interferencias de otros poderes y sin presiones extra parlamentarias, una moderada ley de Divorcio, que incluye la disolución del matrimonio por mutuo disenso de los cónyuges, produce una sensación penosa que ningún cuchicheo confidencial acerca de las razones objetivas que aconsejarían semejante regresión puede llegar a consolar.

El proyecto de ley de Divorcio fue exhaustivamente debatido a finales de 1980 en la Comisión de Justicia del Congreso, que lo dictaminó favorablemente con el apoyo de la propia UCD. Sólo la conclusión del período de sesiones de las Cortes Generales impidió su examen inmediato por el Pleno de la Cámara baja. En el interregno se produjeron acontecimientos tan señalados como la dimisión de Adolfo Suárez, el documento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal para desaprobar el texto del proyecto, el II Congreso de UCD, la accidentada investidura de Leopoldo. Calvo Sotelo y el golpe de Estado frustrado.

La convención de Mallorca, aunque utilizada para aprobar apresuradamente un texto equívoco sobre el divorcio, no sirvió de escenario para la impugnación por los centristas neoconfesionales del texto apadrinado por el anterior Gobierno ,y aprobado en la Comisión del Congreso por los diputados de U CD. En el Pleno de la investidura tampoco los centristas mostraron su voluntad de reabrir el debate, y el divorcio fue uno de los temas ausentes del discurso y de las respuestas del candidato. El actual forcejeo, en el que están participando el Gobierno como colectivo, el Ministro de Justicia, el Comité Ejecutivo de UCD, una comisión mixta formada para unificar criterios y el Grupo Parlamentario Centrista, parece más un partido de baloncesto, en el que cada jugador trata de desprenderse rápidamente de la pelota para pasársela al vecino, que un debate clarificador ante la opinión pública.

Frente a quienes opinan que la pelota se halla todavía en el tejado y que las vísperas del Pleno del 17 de marzo serán decisivas para determinar el lugar de su caída, algunos observadores escépticos sostienen que esta barahúnda esconde en realidad un firme pacto suscrito dentro del sector mayoritario del centrismo. Tal hipótesis explicaría la continuidad en el Gobierno de Fernández Ordóñez como ministro de Justicia, pues, en otro caso, resultaría ínverosímil que el patrocinador del proyecto de ley hubiera aceptado la cartera en el nuevo Gabinete para administrarla durante unas pocas semanas. Porque resulta evidente que Francisco Fernández Ordóñez, que se ha cansado de repetir que presentaría su dimisión en el caso de que su proyecto de ley de Divorcio no fuera aprobado íntegramente, sólo podría seguir en el Gobierno, caso de producirse ese supuesto, a costa de deteriorar irremisible y gravemente su imagen pública.

Queda, finalmente, la cuestión de las instrucciones que el Gobierno vaya a impartir a sus diputados respecto a la forma de votar el polémico proyecto. En los casos de leyes que plantean graves problemas morales o que rozan las convicciones íntimas de los diputados, los grupos parlamentarios suelen conceder a sus miembros libertad para votar según su conciencia. Tal vez la desgraciada¡ forma en que se ha planteado el asunto del divorcio, con la intervención pública de cualificados sectores de la jerarquía eclesiástica contra un proyecto asimilable por cualquier creyente, pudiera hacer aconsejable utilizar para el Caso ese procedimiento, que permitiría a los diputados tironeados por una doble lealtad resolver sin coerciones disciplinarias su conflicto.

Como es bien sabido, ni faltan devotos católicos en las filas del PSOE ni escasean dentro de U CD los agnósticos o los católicos que no se consideran vinculados a la hora de opinar sobre el divorcio por los criterios de la jerarquía eclesiástica. En esa perspectiva, tal vez la libertad de voto de todos los diputados para aprobar, rechazar o enmendar en el Pleno, según su conciencia, el proyecto de ley ya dictaminado por la Comisión de Justicia del Congreso fuera una solución prudente y equitativa. Ese voto en conciencia, fuera de la disciplina del grupo parlamentario, permitiría' además que nadie pudiera especular con las eventuales condenas dirigidas desde los púlpitos y confesonarios contra las siglas de UCD, que que daría indemne de las consecuencias derivadas de la libre decisión de cada uno de sus diputados sobre la ley de Divorcio.