Las bibliotecas públicas españolas son insuficientes y están mal dotadas

El Ministerio de Cultura ha creado en lo que va de año diez nuevas bibliotecas públicas entre los municipios que contaban con índices más bajos de equipamientos bibliotecarios, pero, a pesar de estos esfuerzos, todavía no se han alcanzado las cotas más elementales de dotación de libros, ya que tan sólo nueve de cada cien municipios rurales tienen biblioteca pública. Hace poco más de un año, los directores de los Servicios Estatales de Lectura Pública elaboraron un informe en el que afirmaban que «si el Estado no se plantea la necesidad de un plan nacional de desarrollo bibliotecario coordinado y racional que posibilite el acceso de la lectura a todo ciudadano, esta sociedad será cada vez más inculta, más incivilizada y, por consiguiente, menos democrática».

«Hay que advertir», dice el informe, «que bastantes bibliotecas públicas municipales, por su precariedad funcional, son más nominales que efectivas, por cuanto su número real es todavía menor». Instaladas en locales viejos e inadecuados, frías, incómodas, húmedas, mal surtidas y peor servidas, muchas no tienen de bibliotecas más que el honroso nombre, y lo grave es que eso es lo único que al parecer van a tener por mucho tiempo, porque en el Presupuesto del Estado para el año que corre se les asigna «para construcción, instalación, mobiliario y dotación bibliográfica" la cantidad de 324 millones de pesetas, y eso después de que los socialistas consiguieran introducir una enmienda aumentando la cantidad inicial en 102 millones. (Sólo en la ciudad de París, hace dos años, por el mismo concepto gastaron más del doble.)Sería pedir demasiado que el encargado de la biblioteca municipal española fuera un bibliotecario titulado, ya que de las 2.827 personas que trabajan en las bibliotecas públicas, más de la mitad sólo tienen estudios primarios, y del total no llegan a quinientos los que están diplomados en biblioteconomía. Claro que no es culpa suya. «El Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios y Archiveros del Estado cuenta exactamente con 176 miembros en la rama de bibliotecas, más otros veinte que podemos llamar mixtos, o sea, que pueden atender indistintainente bibliotecas o archivos», explican en la Dirección General del Libro, del Ministerio de Cultura. O sea, que tal cuerpo no sólo nació disminuido, sino que no ha crecido proporcionalmente con el crecimiento de la población, pues tiene casi el mismo número de miembros que cuando se creó, hace un siglo y veintidós años.

Quienes tienen obligación de saberlo ignoran, por ejemplo, que según la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA), en España deberíamos tener 12.000 empleados de bibliotecas, o sea, tres veces más de los que tenemos. En un estudio sobre las bibliotecas públicas municipales publicado por el PSOE, dice su autora, Mari Cruz Seseña, que «la falta de personal bibliotecario es el problema más acuciante», y el informe de los directores de los Servicios Estatales de Lectura Pública considera que «realizar los servicios que se exigen a las bibliotecas públicas del Estado con el personal que cuentan es materialmente imposible».

Por otra parte, si es verdad que hay pocos bibliotecarios, también lo es que bibliotecas públicas hay poquísimas, y que además están mal dotadas. En Madrid capital, por ejemplo, sus cuatro millones de habitantes tienen que arreglárselas con dieciséis bibliotecas públicas estatales.

El hecho de que la IFLA diga que a tal número de habitantes corresponderían doscientas bibliotecas dice bastante. Según el mismo organismo, el término medio de libros en biblioteca que debe tener un país desarrollado es de dos volúmenes por habitante. Nuestras estadísticas nos responden desoladoramente que los españoles nos conformamos con unas pocas páginas por cabeza, o sea, con 0,2 volúmenes.

Fondos insuficientes

«Es obvio que nos hallamos ante una estructura a todas luces insuficiente», reconocen tristemente los autores del informe. «En nuestro país, lamentable e incomprensiblemente, nos hallamos todavía a mucha distancia, casi diríamos que a años luz, del mundo civilizado». Y dicen también que «el incremento actual de fondos es francamente ridículo», así que, por lo que se ve, tampoco hay que hacerse ilusiones para un futuro próximo.Este año, el Estado dedicará a la adquisición de libros, revistas y todo tipo de material bibliográfico de las bibliotecas públicas del Estado 117 millones de pesetas, y otros veintinueve millones y medio, aproximadamente, para Cataluña, Extremadura, Canarias y Asturias, o lo que es lo mismo, algo así como cuarenta pesetas para libros por español, una cifra que está efectivamente «a años luz» de las 1.436 pesetas que destinan en Dinamarca para el mismo fin, y que resulta también ridícula frente a las más modestas trescientas pesetas por habitante que se gastarán en Francia con la misma intención.

Y no es, como podía pensarse, que a los españoles no nos guste leer. Para Mari Cruz Seseña, bibliotecaria municipal en Madrid, lo que ocurre es «que a los regímenes políticos de derechas nunca les ha interesado que el pueblo lea y desarrolle su espíritu crítico», y, para los directores de los Servicios Estatales de Lectura Pública está claro que «el pueblo siempre responde. Cuando encuentra bibliotecas, su respuesta es usar esos servicios bibliotecarios, de los cuales, por lo general, es el mejor propagandista».