Visto para sentencia el juicio contra el ex director de la Caja de Ahorros de Orense

La vista del juicio oral contra el ex director de la Caja de Ahorros de Orense, Ricardo Martín Esperanza, celebrado a lo largo de dos jornadas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, concluyó ayer con la petición definitiva, por parte del fiscal, de 52 años de privación de libertad para el acusado y de una indemnización de 150 millones de pesetas a favor de la citada institución. El procesado ha sido juzgado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por su condición de procurador en Cortes y consejero nacional del Movimiento en el período en que se produjeron los hechos de los que se le acusa, entre los años 1971 y 1972.

Estos hechos están referidos a presuntas irregularidades en los balances de la Caja de Ahorros de Orense, observadas durante 1973 por inspectores del Banco de España en el transcurso de una inspección. En concreto, las irregularidades se concretan en una fraudulenta suscripción, realizada a nombre del procesado, y con dinero de la entidad, de determinado número de acciones de tres empresas del polígono industrial de San Ciprián (Orense). Las citadas empresas son Boisite, Cervezas de San Martín y Orense.Según el ministerio fiscal y el abogado del Estado, cada una de estas suscripciones sería constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos, a cada uno de los cuales correspondería quince años de reclusión menor. El ministerio fiscal y el abogado del Estado también acusan al procesado de haber permitido la percepción por la Caja de Ahorros de Orense de reintegros de corretajes y timbres cobrados sin intervención de corredores de comercio a beneficiarios de gran número de pólizas de préstamos, hecho que el fiscal califica de estafa y el abogado del Estado de malversación de caudales públicos. Por este cuarto delito ambos acusadores solicitan la pena de siete años de prisión mayor.

Según el abogado del Estado, la percepción de estos reintegros es constitutiva de malversación de caudales públicos en cuanto que implica la ocultación a Hacienda de las cantidades que los prestatarios abonaron por corretajes, conforme a la legislación tributaría, y que fueron transferidas ilegalmente a una cuenta corriente especial.

La defensa, a cargo del catedrático de Derecho Penal Antonio Ferrer Sama, solicitó la libre absolución del procesado, por entender que éste se apropió «de manera puramente formal» de un dinero de la entidad para suscribir las acciones, con conocimiento del consejo de administración, las cuales eran contabilizadas en la cartera de acciones de la caja de ahorros. Alegó también que el acusado reintegró las cantidades dudosas antes de la apertura del procedimiento judicial. En cuanto al destino de las cantidades percibidas por corretajes y timbres, el defensor manifestó que tal hecho podía calificarse de lícito o ilícito, pero que, en todo caso, hubo posterior restitución a Hacienda.

Durante su interrogatorio, realizado en la primera sesión del juicio, Martín Esperanza, que fue director de la Caja de Ahorros de Orense desde 1948 hasta 1973, negó haber obtenido con las operaciones realizadas otro beneficio que su sueldo personal. Como testigos comparecieron los inspectores del Banco de España que detectaron las irregularidades, así como representantes del consejo de administración de la Caja de Ahorros orensana y de la plantilla de la entidad. Estos últimos afirmaron, en general, que se había facultado, tolerado al menos, que Martín Esperanza actuase como lo hizo. Otros testigos, principalmente de la asesoría jurídica y del consejo de administración, negaron estar al corriente de las irregularidades, en base a la confianza otorgada a Martín Esperanza por el beneficio ascendente de la entidad: de unos cien millones de pesetas de capital, en 1948, a unos 25.000 millones al término de la gestión del procesado. El juicio quedó visto ayer para sentencia, después de ocho años de procedimiento judicial, iniciado en 1974.