Empresarios del textil recurren contra la incautación de HYTASA por el Estado

La Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero (AITPA), que agrupa a la mayor parte de las empresas del sector, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, contra los decretos por los cuales el Estado se incautó de la empresa HYTASA, de Sevilla. Asimismo, la AITPA ha formulado un recurso en la Audiencia Nacional contra la concesión de quinientos millones de pesetas a la citada empresa por parte del Estado.Durante el pasado mes de noviembre, la AITPA presentó un recurso de reposición contra los reales decretos que ejecutaban la incautación de la empresa HYTASA. Pasado el plazo de un mes previsto en la legislación vigente y habiéndose desestimado el recurso por silencio administrativo, la AITPA decidió presentar el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, tal como autoriza la ley ante una decisión del Consejo de Ministros.

Los industriales algodoneros apoyan sus recursos en que la ley que se aplicó para la incautación de HYTASA es de fecha 21 de septiembre de 1939, sobre incautaciones en caso de situación bélica o similar. La AITPA entiende, asimismo, que la citada ley está derogada por la Constitución, además de que las circunstancias extraordinarias en ella previstas no se cumplían cuando se decidió la incautación de HYTASA.

Por otra parte, la AITPA considera que la intervención directa del Estado en la economía, como en el caso de dirigir una empresa estatal, debe hacerse por ley y no por decreto-ley o por acuerdo del Consejo de Ministros.

Después de la promulgación de la Constitución vigente la incautación de HYTASA es el primer caso que se produce de actuación de la Administración a través de la mencionada ley.

Por otra parte, la empresa Hijo de Teodoro Prat, del sector textil algodonero, ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de los de Barcelona una querella criminal contra la empresa estatal Intelhorce, por «apropiación indebida, estafa y competencia ilícita».

La empresa querellante, puntal en el sector por la calidad y tecnificación de sus procesos, presentó suspensión de pagos el pasado mes de noviembre por un valor próximo a los seiscientos millones de pesetas.

Según informó el rotativo barcelonés El Periódico, que cita fuentes textiles, la fianza solicitada por responsabilidad civil es del orden de los noventa millones de pesetas. Según las mismas fuentes, el equipo comercial de Hijo de Teodoro Prat se pasó a Intelhorce con muestrarios y listados de clientes. La indemnización que piensa solicitar la empresa querellante es cuantiosa.

La empresa Intelhorce pasó a ser propiedad estatal tras la compra simbólica de una peseta la acción, previo acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el pasado 31 de julio de 1980.