Miguel Roca propone un pacto parlamentario de seis meses para defender la democracia

Un «pacto institucional en defensa de la democracia», definido por un programa estricto a realizar en seis meses, constituye la propuesta del portavoz de la Minoría Catalana en el Congreso, Miguel Roca, para salvar la delicada situación actual de España. La sugerencia, realizada a través del diario, La Vanguardia, se asemeja a una segunda edición de los pactos de la Moncloa, sólo que con un programa más estricto y un límite de tiempo más corto que aquéllos. Esta iniciativa sucede al «plan de salvación de la democracia» hasta 1983, sugerido por Felipe González.

El pacto institucional propuesto por Roca debería partir de¡ propio Gobierno, e intentaría conseguir que diera un vuelco la situación, y durante su vigencia debería evitarse la repetición de fricciones parlamentarias, para lo que podría aplazarse el debate de «determinados proyectos de ley» -no especifica cuáles- o la búsqueda previa de los máximos puntos de acuerdo en torno a una propuesta legislativa.En esencia, los puntos de este pacto serían los siguientes:

1. Reforzar la imagen de la autoridad. «Es imprescindible que se refuercen las instituciones y se respeten a sus titulares, porque en un país con escasa tradición democrática tiende a confundirse la institución con la persona, y a través de la crítica frívola, a las personas; se destruye la imagen de las instituciones y todo el programa».

2. Conseguir un marco de auténtica seguridad ciudadana, como vía para erradicar eficazmente el terrorismo. «Ha llegado un momento en que es imprescindible adoptar las medidas contundentes y eficaces que se precisen, sabiendo que ello puede comportar algún error. El terrorismo no tiene justificación, y cuando éste hace peligrar la democracia, es lógico que esta democracia se revuelva en contra del terrorismo, con toda la contundencia de sus medios. Lo contrario es ingenuidad y falta de responsabilidad democrática».

3. Acotar las medidas económicas e implantarlas con toda urgencia. Estas pasan, principalmente, «por un desarrollo del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a nuevas modalidades de contratación (a tiempo parcial, por obra, a prueba, etcétera); por la enseñanza profesional y por la reconversión urgente de los' sectores industriales con mayores problemas». El plan incluiría, entre otros temas, el de afrontar la jubilación anticipada, «aunque sea sacrificando otras inversiones sociales que no sean tan urgentes».

4. Definición clara de lo que deben ser las autonomías en España y cómo deben repartirse los poderes. Lo que genera problemas no es el modelo autonómico de Cataluña, sino que quiera imponerse este modelo al resto de España, «porque entonces o no se sabe lo que se pretende o se intenta sacar provecho de la confusión, con criterios electoralistas. Porque no son las autonomías como derecho lo que está desconcertando a algunos sectores, sino la vacilante política autonómica seguida hasta la fecha».

5. Definición de la política internacional española. «Esta definición debería pasar, a nuestro juicio, por la negociación acelerada y exigente con la CEE y por la asunción de nuestras responsabilidades en el bloque occidental; es decir, por la reafirmación de la voluntad atlantista de España. Debe saberse qué buena parte de nuestra desestabilización viene derivada de¡ hecho de no incorporarse decididamente al bloque occidental; existen evidentes intereses de fomentar la desestabilización, que podrían neutralizarse con esa incorporación al Pacto Atlántico».

Distintas propuestas

Esta propuesta de Roca se produce tres días después de que, también por vía periodística -en este caso, el diario EL PAIS-, el secretario general del PSOE Felipe González, explicara sus criterios sobre un «plan de salvación de la democracia». Las diferencias esenciales entre ambas propuestas provienen tanto de la fórmula -Roca propone un pacto entre fuerzas parlamentarias, que partiera del actual Gobierno mientras Felipe González considera esencial formalizar un Gabinete de coalición- como del plazo -Roca habla de seis meses; Felipe González, de dos años- y del contenido de los puntos de acuerdo.

Respecto a este contenido, las posiciones más distantes son las referidas a la política internacional, y más concretamente. al ingreso de España en la OTAN. Felipe González considera poco oportuno «que entremos hoy en un debate que ni añade ni quita nada a nuestros verdaderos problemas inmediatos», mientras Roca entiende que la incorporación al Pacto Atlántico podría neutralizar los factores desestabilizadores, lo cual es una tesis mucho más cercana a las sustentadas actualmente por el Gobierno Calvo, Sotelo.

Tanto la propuesta de Gobierno de coalición, efectuada por Felipe González, como la del «pacto institucional», sugerido por Miguel Roca, y las diversas declaraciones políticas y periodísticas sobre un «Gobierno de amplia base», parecen responder a la preocupación suscitada por el intento golpista del pasado día 23, pero también al deseo de cada fuerza política de dejar constancia de sus propuestas en momentos críticos, e incluso de no perder iniciativa frente a sus futuros adversarios electorales.

Resumiendo, la posición de las fuerzas políticas en torno a las propuestas de pacto existentes podrían sintetizarse así:

- Gobierno de coalición UCD-PSOE. Propuesto por el PSOE, apoyado por el PCE, pero rechazado expresamente por UCD.

- Gobierno de coalición UCD-PSOE-AP. Propuesto por Alianza Popular, cuenta con el apoyo periodístico del diario Abc, que en su editorial del pasado domingo defendía una posición parecida.

- Pacto institucional de las fuerzas parlamentarias. Propuesto por la Minoría Catalana.

- Gobierno monocolor de UCD y concertación de los principales problemas del Estado. Es la posición actual de Unión de Centro Democrático y del Gobierno Calvo Sotelo. La oferta de «concertación» se dirige principalmente al PSOE y, ha sido aceptada por este último partido, una vez rechazada la coalición por el jefe del Gobierno.

Descartadas las posturas en favor de la coalición, dada la firme actitud contraria del actual Gabinete, parece existir coincidencia en las principales fuerzas políticas sobre la necesidad de colaborar en una racionalización de las autonomías, y de, estudiar medidas capaces de disminuir la violencia terrorista y la inseguridad ciudadana. Otros problemas, como la «modernización» del aparato del Estado, medidas económicas -existe el rumor de un proyecto gubernamental de congelación salarial, a cambío de otras contrapartidas- y actuaciones relacionadas con el País Vasco y con el ingreso de España en la OTAN, pueden constituir las principales dificultades para un acuerdo que abarque a un amplio número de fuerzas parlamentarias, con independencia de la fórmula concreta que se intente.