La Comisión Europea, partidaria de poner fin al "frenazo" en las negociaciones para la adhesión española

El intento de golpe de Estado de la noche del 23 de febrero pasado tendrá, irónicamente, un efecto beneficioso en el proceso de negociaciones con las Comunidades Europeas y, como resultado del mismo, no se descarta en medios comunitarios solventes que se produzca una aceleración política en las conversaciones para la adhesión española a la CEE. Fuentes comunitarias han revelado a EL PAIS que el espectáculo ofrecido por el coronel Tejero en el palacio de las Cortes produjo una fuerte tensión en la Comisión Europea y un no ocultado miedo a que la continuación de un proceso de negociación tirante entre España y la Comunidad refuerce las presiones golpistas ya existentes en este país.

El deseo de la Comisión de acelerar, al menos a nivel político, las negociaciones con España estaba implícito en los telegramas de apoyo que el Rey y la jefatura del Gobierno recibieron el día 24 de febrero por parte de los órganos comunitarios a raíz del intento golpista. En todos ellos se dejaba bien manifiesto el apoyo de la Comunidad y de sus diez miembros a resolver lo más rápidamente posible todas las cuestiones pendientes y eliminar obstáculos técnicos y políticos que dificulten el proceso de negociación.Una fuente comunitaria consultada señaló, en concreto, que el resultado más visible del golpe en lo que respecta a las negociaciones de adhesión, puede ser el fin de la anterior tesis de «frenazo a la entrada». No se descarta en este sentido que tanto el presidente francés, Valéry Giscard d'Estaing, como otros miembros de la CEE poco inclinados a un «rápido ingreso », modifiquen muy pronto su postura, una vez que hayan desaparecido ciertos aspectos de política interna propia, que por ahora parecen insalvables.

Pese a este «renovado apoyo político» a la integración de la joven democracia española en Europa, las mismas fuentes señalan que la cuestión del ingreso no es exclusivamente de carácter político, sino «un largo proceso técnico». Es precisamente en este proceso donde la Comunidad quiere insistir al máximo y donde se espera que tanto la Comisión Europea como las autoridades españolas realicen un mayor esfuerzo para eliminar obstáculos.

Mientras que medios comunitarios no ocultaban anteriormente su creencia de que la fecha de la adhesión española a la CEE -a la vista de la oposición empresarial y de otros sectores españoles al ingreso, así como las existentes por parte europea, especialmente francesa y británica- no se producirán antes del primero de enero de 1986, la impresión reinante ahora en medios cercanos a las conversaciones es que el intento del golpe podría adelantar esta fecha a la originalmente prevista, es decir, el primero de enero de 1984.

Es en este contexto que la Comisión Europea, a sugerencia y recomendación del vicepresidente Lorenzo Natali, propuso que se aprobara inmediatamente la concesión a España de un crédito de cien millones anuales de unidades de cuenta europea (unos 10.000 millones de pesetas) por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que el desaparecido Ministerio español para las Relaciones con Europa había solicitado el pasado octubre.

Aunque esta cantidad no parece ser excesiva y, en cualquier caso, no colma las aspiraciones españolas en lo que se refiere al necesario apoyo comunitario en el proceso de adaptación para el ingreso, el destino de estos fondos guarda una estrecha relación con el interés particular que tiene la Comisión Europea para que el Gobierno español dé los pasos necesarios para preparar la economía española para el rápido ingreso originalmente previsto.

En este sentido, medios comunitarios cercanos a la Comisión indicaban que uno de los mayores argumentos de presión ante el Consejo de Ministros de la CEE que los responsables comunitarios de las negociaciones pueden tener en sus manos es la comprensión gubernamental española de que «lo único que ahora frena el ingreso son los problemas técnicos», es decir, la adaptación de la economía española a la economía comunitaria. La rápida toma de decisiones por parte española, tanto en los Capítulos agrícola como industrial, se considera fundamental para el éxito de este renovado intento comunitario de apoyar con hechos la democracia española.

Declaraciones políticas

Un intercambio de puntos de vista sobre esta cuestión se espera que se produzca, a nivel comunitario, en la próxima cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la CEE, que se reunirá los días 23 y 24 de marzo en Maastricht (Holanda). Según informaciones fidedignas, algunos ministros y los representantes de la Comisión Europea ante el Consejo Europeo tienen intención de proponer el tema del golpe de Estado en España como asunto a discutir, así como la adopción de medidas de apoyo a la democracia española.

Asimismo, en medios comunitarios consultados en Bruselas se espera también con esperanza la visita que el próximo día 16 realizará a la sede de las Comunidades el ministro español de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca. En esta fecha está prevista la próxima ronda de conversaciones entre España y la CEE sobre la adhesión y se espera que uno de los temas que centre la atención sea el análisis de la información ofrecida por Madrid sobre el intento militar del 23 de febrero.

En algunos medios se apunta que el Gobierno español, a través de Pérez-Llorca, podría hacer una declaración política sobre el intento fallido, y no se descarta que también lo haga el Consejo Europeo, muy en la línea de la ya realizada por la Comisión con ocasión del anuncio del crédito, en la que se mostró «su voluntad de progresar rápidamente hacia una integración de la joven democracia española en el seno de la Comunidad Europea».