Los socialistas se oponen a la totalidad del proyecto de ley del Patrimonio Nacional

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Patrimonio Nacional (Real Casa) y, en caso de que no prospere esta propuesta y el proyecto no sea devuelto al Gobierno, el mismo grupo presenta también trece enmiendas parciales al citado proyecto.Los motivos de la oposición de los socialistas al actual articulado del proyecto de ley se fundamentan, por una parte, en que es necesario conocer los criterios generales de la futura ley del Patrimonio Histórico Artístico (que en la actualidad se encuentra en período de información en los ministerios), al objeto de adecuar a los mismos las bases de la reforma del Patrimonio Nacional.

Los socialistas consideran, por otra parte, que el proyecto de ley presentado por el Gobierno incluye los derechos del patronato que la Corona ejerce sobre determinadas fundaciones históricas, y entiende que ello nada tiene que ver con el patrimonio nacional. En tercer lugar, para el PSOE se trata de un proyecto cuyo mediato estudio exige conocer propiamente y con detalle el inventario actual del patrimonio. Las enmiendas parciales del grupo socialista tienden por otra parte, en líneas generales, a no considerar como patrimonio nacional aquellos bienes que no se destinan al uso y servicio de la Corona y que además ni siquiera puede utilizar, como son los predios, montes, fincas rústicas, pinares y otros.

El citado grupo considera parte integrante del Patrimonio Nacional las donaciones por regalos de Estado, hechas al jefe del Estado, y hacen hincapié en que el Patrimonio Nacional debe considerarse un organismo autónomo de carácter administrativo, sometido, por tanto, a la legislación en vigor para tales entidades.

Este organismo estará adscrito, según propuesta de los socialistas, a la Presidencia del Gobierno y regido por un consejo de administración integrado por doce miembros nombrados por el Rey. Cuatro de ellos lo serán a propuesta de los ayuntamientos de Aranjuez, La Granja, San Lorenzo de El Escorial y Madrid; otros cuatro, a propuesta del Gobierno, y libremente elegidos los restantes. El Rey nombrará, de entre ellos, al presidente del consejo de administración.

El Patrimonio Nacional, según la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, se regirá por la ley de Entidades Estatales Autónomas y la ley general Presupuestaria. El examen y censura de sus cuentas corresponde al Tribunal de Cuentas y también debe formarse un nuevo inventario de los bienes del Patrimonio Nacional en el plazo de seis meses, después de la entrada en vigor de esta ley. Los bienes y derechos pertenecientes al Patrimonio Nacional en la actualidad y que no queden incluidos en esta ley pasarían finalmente al Patrimonio del Estado.