Los maestros llevarán al Tribunal Constitucional una disposición de la ley de Presupuestos

Los maestros estatales han constituido una comisión gestora que se va a encargar de canalizar todas las acciones legales oportunas para oponerse a la disposición adicional quinta de la vigente ley de Presupuestos Generales del Estado, que altera el régimen de prestaciones de las antiguas mutualidades obligatorias, integradas hoy en el Fondo Especial de Muface. Estas acciones podrían concretarse en la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Esta comisión gestora, domiciliada provisionalmente en el madrileño colegio nacional Javier de Miguel, cuenta con la favorable disposición de numerosos maestros de toda España, aglutinados en torno a un generalizado movimiento de protesta contra las consecuencias de la citada disposición adicional, cuyo desarrollo reglamentario, por otra parte, no es conocido todavía por los afectados.En la práctica, la reiterada disposición adicional quinta de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1981 supone que las pensiones derivadas de la pertenencia a la antigua Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria, integrada en el Fondo Nacional de Muface, se retrotraen a la cuantía que tenían el 31 de diciembre de 1973, afectando ya desde este año a todos los pensionistas que han adquirido o van a adquirir esta condición a partir de aquella fecha.

Según se explica en un boletín informativo del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM-UCSTE), el modo de aplicación de esta medida es «harto sutil», puesto que, «nominalmente, las pensiones seguirán siendo las mismas que se venían percibiendo, pero las diferencias con las cantidades vigentes en diciembre de 1973 se irán enjugando por el procedimiento de no incrementar las pensiones del Estado, es decir, las clases pasivas».

Aunque el contenido de esta disposición adicional se basa en determinados argumentos legales (en concreto, se cita la disposición transitoria primera de la Ley 29/1975), ilustres administrativistas y constitucionalistas, consultados por la citada entidad gestora, encuentran elementos suficientes de presunta inconstitucionalidad, que aconsejarían elevar un recurso al Tribunal Constitucional, con unas razonables expectativas de éxito.

El problema para la interposición de este recurso reside en encontrar las cincuenta firmas de parlamentarios de una u otra cámaras que se precisan para este trámite, toda vez que aún no se ha establecido formalmente la figura del «defensor del pueblo» prevista en nuestro ordenamiento constitucional lo que habría facilitado considerablemente las cosas.

Los representantes de los maestros, conscientes de la importancia política de un colectivo de funcionarios tan numeroso, han iniciado ya gestiones con los grupos parlamentarios que en coherencia con su voto, contrario a la actual ley de Presupuestos, podrían suscribir el recurso.

Fuentes de la comisión gestora han manifestado a EL PAÍS que «el movimiento de maestros contra la adicional quinta, a pesar de que aún está en sus comienzos, tiene ya una considerable fuerza y trasciende a cualquier opción sindical o política». Según estos mismos portavoces, lo que más duele a los maestros es el hecho de que esta medida se produzca precisamente en el momento en que la Administración se decide por fin a asumir la vieja aspiración de que se anticipe la edad de la jubilación. «En este contexto», añaden, «es evidente que la buena disposición del Gobierno tiene trampa, y que serán muchos los maestros que prefieran seguir acudiendo a las aulas con todos sus achaques y lógicas dificultades físicas para la realización de su trabajo, ante la perspectiva de jubilarse con unas pensiones de miseria».