Las organizaciones de consumidores pugnan por el control de los 62 millones de subvención oficial

Hace aproximadamente un mes que el Instituto Nacional de Consumo no cuenta con cabeza visible, desde que cesó en su cargo el último presidente que ha tenido el organismo, Pablo González Liberal. Desde esa fecha parece que el cargo de presidente de esta entidad autónoma ronda de mesa en mesa por el Ministerio de Comercio sin que, hasta el momento, nadie quiera hacerse cargo de él, ya que, dentro de la Administración, los cargos oficiales relacionados con el consumo están catalogados como una degradación o una condena al ostracismo. Al margen del sector oficial, los consumidores españoles son invocados frecuentemente por un buen número de organizaciones que, realmente, son poco representativas de las inquietudes actuales del consumidor.

Con la dimisión de González Liberal se disipa el tema de las subvenciones que el organismo que presidía da a las organizaciones de consumidores (62 millones de pesetas), y que se tenía que discutir en las Cortes en un breve plazo, después de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentara una interpelación para que se aclararan las cuentas de algunas organizaciones, en concreto de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que dirige Antonio García Pablos, y que es la segunda que más dinero se lleva de la Administración.La primera beneficiaria es la Federación Nacional de Amas de Casa y Consumidores, que cuenta con 250.000 afiliados en todo el territorio nacional. Esta organización nació del seno del Movimiento Nacional como organización de Amas de Casa con la idea de fomentar el asociacionismo femenino, acogiéndose a la ley de Asociaciones de 1964. Más tarde, con el auge del consumo, se apuntarían la coletilla de «consumidoras» y, gracias a esto, se integran en el Instituto Nacional del Consumo, de donde sacan la mayor parte de sus fondos. En los últimos tiempos, y dependiendo de la zona en que están ubicadas, las organizaciones provinciales que dependen de esta Federación han variado políticamente de forma sensible.

Sus contestatarias más cercanas son las encuadradas en la Coordinadora de Amas de Casa, a las que las primeras califican de «rojas», y que reciben una subvención mucho más pequeña -no llega al millón de pesetas- que las federadas. Estas amas de casa, que están calificadas de independientes, fueron protagonistas, junto con otras asociaciones, de las luchas contra la subida del pan que se protagonizaron en Madrid en el año 1975. Sus afiliadas se mueven, sobre todo, en los barrios y en las organizaciones feministas. El ejemplo de esta Coordinadora se ha seguido en otros puntos del país, como Santander y Valencia, donde cuentan con numerosas seguidoras.

La tercera organización en liza, en el tema de las subvenciones, así como en protagonismo, es la Federación Española de Consumidores, antigua Federación Nacional de Consumidores, que dirigía el procurador en Cortes por el tercio familiar Enrique Villoria, y que en la actualidad dirige José Luis Cánovas del Pino. Esta organización tuvo en sus orígenes un marcado carácter derechista, ya que la mayoría de sus miembros, en este caso hombres, provienen del Movimiento. En 1978 se reestructuró, cambió de nombre y de línea, con el fin de evitar su desaparición. En ese momento abrieron sus filas y, con la intención de dar una imagen apolítica, entraron en ella desencantados de la OCU y demócratas de toda la vida. Mantienen a Ennque Villoria como presidente de honor y a socios como César Pérez de Tudela o a Silva da Pinto, encargado del sector del transporte y virtual inventor del motor de agua y del tren aéreo. A pesar de su carácter apolítico, sus vinculaciones con la CEOE son bastante evidentes. Entre sus actividades más importantes figura el empapelamiento de Madrid pidiendo la ley del consumidor y una guía sobre los derechos de los arrendatarios.

La OCU, un intento de aproximación a Europa

De todas las organizaciones de consumidores españolas la única que merece capítulo aparte es la OCU, con su discutido presidente, Antonio García Pablos. La OCU y su presidente han saltado muchas veces a las páginas de los periódicos. En primer lugar, porque ha sido la única organización que ha intentado entender «el nivel europeo» y se ha integrado directamente en las organizaciones y en, las luchas de los consumidores del resto de Europa, y, en segundo lugar, por el protagonismo particular de su presidente.Antonio García Pablos accedió oficialmente al mundo del consumo desde su primer cargo en la Administración, en 1974, como presidente del Consejo de Comercio Interior y de los Consumidores, cargo para el que le llamó el entonces ministro de Comercio, señor Cerón. En aquella época, García Pablos ya se convirtió en un líder de los consumidores cuando, meses más tarde, dimitió del cargo por discrepancias con una subida de las tarifas eléctricas. Le seguiría en el cargo José María Ruiz Gallardón, que mantuvo su puesto hasta la desaparición de este organismo. Mientras tanto, el abogado García Pablos creó la OCU, con varios miembros de su familia como socios fundadores, a la vez que publicó su único libro, 35 millones de consumidos, que se ha convertido en una especie de catecismo para la organización que él dirige.

Durante estos años, la OCU y García Pablos han pasado por ser los auténticos defensores puros de los consumidores españoles, aunque parte de esta pureza le venía dada por su vinculación con los hombres de la Editorial Católica y por su amistad personal con Joaquín Ruiz-Giménez. Dentro de su organización ha contado con profesionales de prestigio, entre los que cabe destacar a Carlos Sánchez Reyes, actual presidente de OCU de Madrid y decano del Colegio Oficial de Economistas, con quien la OCU se daba a sí misma un cierto carácter progresista.

Sin embargo, y como el mismo García Pablos reconoce, todas las organizaciones importantes tienen sus crisis, y la OCU lleva ya varios años con ellas, La primera fue el desgajamiento de su rama en Barcelona, la OCUC, que, desde hace dos años, se declara como independiente, y, más tarde, la organización de Madrid que denuncia el paternalismo y la falsedad que se da en el seno de la OCU, lo que produce la dimisión de todos los miembros de su junta directiva, muchos de los cuales presentaron sus quejas y sus servicios al PSOE.

Los parlamentarios del PSOE con Ciriaco de Vicente a la cabeza, abrieron una serie de investigaciones en relación con los fondos de la OCU y descubrieron, entre otras cosas, una posible malversación de fondos, trabajadores no dados de alta en la Seguridad Social y falsedad en el censo de los afiliados a la OCU. Este último punto, todavía sin aclarar, podía ser el más importante, ya que la cuantía de las subvenciones recibidas del Instituto Nacional del Consumo está relacionada directamente con el número de socios. Caso de que existiera un acuerdo entre la Federación y la OCU, ambas organizaciones controlarían prácticamente los 62 millones de pesetas que reparte el Instituto.

Sin nivel internacional

Pero, de momento, el mundo del consumo en nuestro país se ciñe a estas organizaciones, que no reúnen, ni con mucho, la experiencia y el poder de las organizaciones europeas, que cuentan con casi cuarenta años de experiencia y que tienen publicaciones importantes, como la revista inglesa Wich? o la francesa 50 Milions de Consomateurs.Sin embargo, el mundo del consumo en nuestro país tiende a tener cada vez mayor importancia debido a nuestro futuro ingreso en el Mercado Común, donde se da una gran importancia a este tipo de organizaciones. Ultimamente se ha visto un interés político en el tema, protagonizado por el PSOE, quien ha convocado unas reuniones de consumidores en el seno de su partido con el fin de concienciar a sus militantes. El Partido Socialista, que también intenta captar el voto ecologista, piensa que una política agresiva de defensa del consumidor, con la ley del consumo aprobada y el defensor del pueblo en funciones, puede darle un número importante de votos en las próximas elecciones. Todas las organizaciones de consumidores europeas, así como las cooperativas de consumo, tienen en estos países una estrecha relación con las organizaciones sindicales. Que el consumo es un tema políticamente rentable lo demuestran los chilenos, quienes acaban de editar una revista mensual de información al consumidor, cuyo director, curiosamente, se apellida Pinochet.