Arias Salgado declaro ante el juez sobre las querellas contra RTVE

Viene de primera página

Un redactor de EL PAIS se dirigió al ex director general, al objeto de recabar su opinión sobre la querella y su posible ratificación en la réplica que hizo a la auditoría de Hacienda por medio de este periódico.

El redactor sólo pudo formular la mitad de la pregunta: «Señor Arias Salgado, si no le importa ... » La respuesta del ex director general fue: «Me importa y mucho. Creo que ya debemos dejar esto».

Poco después de las 10.30 horas se cerraba la puerta de la sala de la audiencia del Juzgado de Instrucción número 16, con la asistencia, además del juez del representante del ministerio fiscal, del querellado Arias Salgado, de su abogado González Mouruño y de su acompañante Pedro Aragoneses, y de los abogados Enrique Gimbernat y José Luis Núñez Casal, que tienen a su cargo la acusación en representación de los querellantes socialistas y comunistas, respectivamente.

El peso del interrogatorio al ex director general recayó en estos últimos, si bien siempre a través del juez instructor, como está establecido, sin que el representante del ministerio fiscal interviniese.

Minutos antes de las dos de la tarde, finalizó la declaración del ex director general, sin que éste accediese a la salida del juzgado a responder a las preguntas de los periodistas. Por su parte, los abogados Gimbernat y Núñez Casal, en representación de los querellantes, se limitaron a manifestar que su impresión sobre la declaración del ex director general era «muy positiva respecto de los fines de la querella». Al margen de estos últimos, otras fuentes dignas de crédito revelaron a EL PAIS que Arias Salgado no negó desconocer los hechos denunciados, si bien manifestó que intentó combatirlos y que nunca pensó que rozasen en lo más mínimo el ámbito delictivo.

Fundamentalmente, las querellas del PSOE y del PCE, ahora acumuladas en un solo sumario, hacen referencia a los siguientes hechos presuntamente delictivos: apropiación indebida por valor de ochocientos millones de pesetas por retención a cuenta del antiguo IRTP y que no se ingresaron en Hacienda; malversación de fondos por valor de unos 3.000 millones de pesetas de cuotas pendientes de pago a la Seguridad Social; apropiación indebida de ochocientos millones de pesetas de cuotas salariales retenidas y no abonadas a la Seguridad Social, y falsedad en documento público.

La querella del PSOE y del PCE se extiende también a los directivos de RTVE. Rafael Ansón, director gene7al desde julio de 1976 a noviembre de 1977; Ignacio Martínez Echevarría, subdirector general para la gestión económico-administrativa, y Francisco López Arenosa, director de administración y finanzas de RTVE. Todos ellos prestarán deciaración ante el juez instructor especial a lo largo de este mes. Los cinco ¡interventores de Hacienda que realizaron la auditoría prestaron declaración anteayer y ayer, para ratificar su informe y contestar a las preguntas de los letrados. Es posible que los datos contenidos en la auditoría sean ampliados y comprobados con otros que obren en poder de RTVE.

Auditoría de Hacienda

La auditoría de RTVE se publicó en EL PAIS durante siete días consecutivos (del -20 al 27 de enero de 1980). Había sido ordenada por el Ministerio de Hacienda a mediados de 1978 y concluida en el verano de 1979. Su publicación desveló graves anomalías en RTVE. Fernando Arias Salgado replicó a la misma en un extenso escrito que fue publicado durante cuatro días consecutivos en EL PAIS (del 31 de enero al 3 de febrero de 1980).

Como consecuencia de la publicación de la auditoría, y después de distintas interpelaciones al Gobierno por parte de socialistas y comunistas, se creó en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación. Los funcionarios de Hacienda que realizaron la auditoría comparecieron ante la comisión y se ratificaron en la misma. El presidente de la comisión, el centrista Estella Goitre, se vio forzado a dimitir porque algunos de los directivos de RTVE no comparecieron ante la comisión, que todavía hoy prosigue sus investigaciones.

Mientras tanto (febrero de 1980) el PSOE pidió en el Parlamento el cese de todos los responsables del «asunte RTVE», y el PCE, presentaba la primera denuncia judicial en el Juzgado de Instrucción de Navalcarnero (15 de febrero de 1980, por la que se ponían en conocimiento de la justicia unos hechos que podían ser constitutivos de delito. La denuncia se convertiría después en querella criminal. Poco después, el 9 de abril, el PSOE anunció en el Parlamento que interponía querella criminal contra los ya citados directivos de RTVE, en el ejercicio de la acción popular. El PSOE ampliarla más tarde la querella por supuestos fraudes al erario público, entre otras razones.

Juan Manuel Fanjul Sedeño, anterior fiscal general del Estado, se opuso a la tramitación de la querella. Los socialistas interpelaron al Gobierno por el bloqueo de la querella, que finalmente fue admitida a trámite por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, previo depósito de una fianza de un millón de pesetas, en julio del pasado año. Las dos querellas fueron acumuladas en un solo procedimiento judicial en octubre último.

Mientras tanto, un informe reservado de la Dirección General de lo Contencioso del Estado sobre la auditoría realizada en RTVE llegó a conocimiento de los parlamentarios. Dicho informe llama la atención sobre una serie de puntos contenidos en la auditoría: la falta de un control efectivo de los gastos, de los ingresos y de las tareas encomendadas a su personal; la multiplicidad de órganos directivos y gestores con competencias mal definidas; los presupuestos confusos; la contabilidad deficiente; el personal excesivo y poco utilizado y «un sinfín de irregularidades puestas de manifiesto en casi todos los servicios»; justificaciones simuladas de pagos; recepciones simuladas en los almacenes; imputación de fondos a conceptos presupuestarios que no son los correctos; pagos encubiertos; firmas de contratos sin capacidad legal, etcétera.

La Dirección General de lo Contencioso afirma en dos momentos de su informe: «La organización y administración de RTVE resultan defectuosas y condenables desde la perspectiva de principios fundamentales y típicos de los derechos administrativo y presupuestario ». Y en otro momento: «La falta de control y la desorganización apuntadas constituyen un terreno abonado para la comisión de conductas delictivas en cuantías que pudiesen ser gravemente lesivas para los fondos públicos».