El Gobierno eleva las tarifas eléctricas en un 19,17%

El Consejo de Ministros decidió en su reunión de ayer incrementar las tarifas eléctricas en un 19,17% y las pensiones de la Seguridad Social en porcentajes que oscilan entre el 15% y el 4%. También aprobó el decreto de liberalización del sistema financiero, el decreto-ley sobre régimen jurídico de las Corporaciones Locales, y el envío a las Cortes de un proyecto de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, así como un decreto-ley de transferencia a la Junta de Canarias de las competencias de la Junta Económica Interprovincial y la Junta Interprovincial de Arbitrios de las islas.

La subida de las tarifas eléctricas se desglosa en un 12,59%, más un 6,58%, por el aumento del coste del combustible. Según la referencia del Consejo, esta subida viene obligada por los incrementos de los costes de explotación, y se ha fijado tras oír a la Junta Superior de Precios, al sector interesado, la Organización de Consumidores y Usuarios y otras instancias.Asimismo, el Gobierno afirma que la revisión de tarifas es consecuencia de la aplicación de una política de precios basada en costes reales. El porcentaje correspondiente al combustible se basa en el aumento del precio del fuel-oil y gas-oil acordados el pasado 4 de diciembre. El resto se debe a incrementos de gastos de personal -aumentos de salarios, plantillas y otras cargas- costes financieros, gastos diversos, cargas de capital e impuestos.

La referencia del Consejo afirma que no se ha llevado a las tarifas cantidad alguna para amortizar las instalaciones que están en curso de construcción, y que, por tanto, no han entrado en servicio. Se establece, en cambio, la obligatoriedad de aplicar una tasa del 3,65 % para la amortización de las instalaciones en funcionamiento y evitar la descapitalización de las empresas.

En relación con este tema, el diputado comunista Antoni Monse manifestó ayer a la agencia Europa Press que «los actuales aumentos de tarifas eléctricas, mucho más rápidas que los del coste de la vida, sirven no para cubrir costes, sino para financiar con el dinero de los consumidores las grandes inversiones privadas, fundamentalmente en energía nuclear». Este diputado presentará una interpelación al respecto.

Subida de pensiones de la Seguridad Social

Por otra parte, el Consejo aprobó una subida gradual de las pensiones de la Seguridad Social. Se incrementarán en un 15% las inferiores a 15.900 pesetas; en un 7% las comprendidas entre esta cantidad y las 31.800, y en un 4% el resto. Para el cálculo de la subida no se computarán las asignaciones familiares de pago periódico, las mejoras voluntariamente establecidas por las empresas, el aumento de prestaciones económicas por falta de seguridad e higiene en el trabajo, y las percepciones por rentas temporales de cargas familiares.Las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez subirán en la cantidad que resulte de la diferencia entre la cuantía actual y 13.700, para las pensiones de vejez e invalidez, y las 10.000 pesetas, para las de viudedad. De las pensiones de Seguridad Social que tengan carácter de complementarias, sólo se revalorizará el tramo hasta 35.920 pesetas, en un 12% si el total no supera las 17.960 pesetas, en un 6% desde aquí a 32.920, y nada en adelante.

Sistema financiero

A propuesta del Ministerio de Economía y Comercio se aprobó el decreto sobre liberalización del sistema financiero, que hoy será ampliamente explicado por el vicepresidente económico y el ministro del área (más información en página 29).El Consejo de Ministros aprobó también un decreto-ley por el que se transfieren a la Junta de Canarias las competencias y funciones de la Junta Económica Interprovincial de Canarias (JEIC) y la Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares (JIAI), y se crea un fondo Transitorio Interinsular. La referencia explica que es necesario concentrar en la Junta de Canarias estas funciones, porque ello permite aprovechar mejor los recursos personales y materiales. El Fondo Transitorio tendrá como fin facilitar recursos a los cabildos de las islas peor dotadas, con criterios objetivos.

Asimismo, el Gobierno aprobó ayer un decreto por el que se traspasan a la Generalidad de Cataluña varias competencias en transportes.

A propuesta de Administración Territorial, el Gobierno aprobó un decreto-ley sobre régimen jurídico de las corporaciones locales, que regula provisionalmente, hasta que sea aprobada una nueva ley sobre la materia, algunos asuntos que necesitan solución urgente.

Así, se suprimen diversas autorizaciones, controles y aprobaciones previas que venía ejerciendo la Administración del Estado en materia de personal, presupuestos y régimen financiero y tributario de las corporaciones locales. También se introducen cambios en el régimen de adopción de acuerdos, y en este sentido se reducen los supuestos que requieren un quorum de dos terceras partes.

Se revisan las tarifas de los impuestos de publicidad y circulación de vehículos, así como los importes de contribuciones especiales. En todos estos supuestos se establecen unas cuantías máximas, facultando a las corporaciones para que determinen las tarifas concretas. Por último, el decreto-ley modifica los procedimientos para las reclamaciones económico-administrativas y el régimen general de los funcionarios.

En otro orden de cosas, el Consejo aprobó un proyecto de ley orgánica sobre derechos y deberes de los extranjeros en España. El proyecto distingue dos regímenes: el de los extranjeros que deseen prolongar su estancia más allá de los noventa días normales, y el de los que deseen fijar su residencia en España. Finalmente, el Consejo aprobó un decreto sobre clubes y federaciones deportivas, que determina su régimen jurídico (más información en página 27).