Sube la Bolsa ante la inminente liberalización de los dividendos bancarios

Las bolsas de valores españolas han acogido con alzas espectaculares los rumores sobre una posible liberalización del sector bancario, tanto en lo que se refiere a los tipos de las operaciones activas y pasivas, como en el capítulo de dividendos (congelados «provisionalmente» desde el año 1941 por el decreto Larraz). Habría que remontarse a los primeros días de marzo de 1979, en los que se cotizó al alza la victoria electoral del partido del Gobierno, para encontrar una demanda de acciones bancarias similar a los 250.000 títulos que se solicitaron en la mañana de ayer para los siete grandes bancos en la Bolsa de Madrid.

Estas alzas representaron en general un 5% de mejora, frente a sus precios anteriores, en el mercado madrileño, que es el porcentaje máximo de subida que permite el reglamento bursátil.En las bolsas periféricas, las subidas fueron similares, e incluso se dieron abundantes casos en los que estos valores no conseguían marcar cambio por falta de contrapartidas vendedoras suficientes para atender a los compradores.

Fuentes consultadas por EL PAÍS no dudaron en calificar de exageradas estas mejoras, por cuanto corresponden escasamente a una realidad concreta. Es cierto que existen unos proyectos liberalizadores de los dividendos bancarios, pero, en cualquier caso, estos proyectos están referidos a los dividendos a repartir por el resultado del ejercicio de 1981. Por tanto, la repercusión de la liberalización en un futuro inmediato sobre la rentabilidad de estos valores es escasa.

Por otra parte, medios bursátiles apuntaron que estas mejoras se venían gestando desde el momento en que las sociedades eléctricas procedieron a repartir sus dividendos con cargo a 1980 y finalizaron sus ampliaciones de capital. Las noticias sobre una posible liberalización de dividendos bancarios no han hecho sino generar un flujo comprador de carácter eminentemente especulativo, según estas fuentes, que ha sido sabiamente administrado por los representantes del sector en las bolsas, quienes se apresuraron a capitalizar rápidamente el creciente volumen de demanda.

Con relación a los proyectos liberalizadores, fuentes del Ministerio de Economía y Comercio manifestaron a EL PAÍS. que el rango de las normas que lo contemplan es el de «órdenes "ministeriales », por lo que no necesitarán la aprobación del Consejo de Ministros. la derogación del «decreto Larraz», por el que se limitaban los dividendos bancarios, por una norma de rango inferior, la posibilita el propio carácter transitorio con el que se dictó el decreto, en el que se contempla la posibilidad de su derogación por una simple orden ministerial.

A pesar de las afirmaciones del Ministerio de Economía y Comercio, medios próximos al sector bancario seiíalaron que aunque el departamento tenga capacidad legislativa suficiente para promulgar una norma de este carácter, es costumbre que este tipo de temas, por su propia importancia, sean tratados en el Consejo de Ministros, con independencia de que la firma que figure al pie de su publicación sea la del citado departamento ministerial.

Las líneas maestras del proyecto de liberalización del sistema financiero (véase EL PAÍS del 4-1-1981) han sido calificadas por fuentes próximas al sector más como una reordenación que como una liberalización propiamente dicha, por cuanto las medidas son tímidas y en realidad afectan fundamentalmente a dos puntos de la actividad banearia: la emisión de certificados de mercado y la fijación de intereses para las operaciones activas.

La emisión de certificados de depósitos podría quedar limitada a importes superiores al millón de pesetas, por un plazo mínimo de seis meses y un máximo de cinco años. Los intereses deberán pagarse por semestres vencidos (este es el principal cauce de retribución de extratipos) y se obliga a fijar un tipo de interés preferente para las operaciones de activo. Este tipo tendría el carácter de máximo y sería acompañado de unas comisiones previamente fijadas por la autoridad monetaria. Comisiones que podrían oscilar entre el 0,25% y el 0,75% del importe de la operación, según triunfen las tesis del Banco de España o las de los representantes del sector.