El régimen se ha afianzado en el poder diezmando a la oposición

A falta de poder salir de Damasco -a causa de las trabas burocráticas impuestas por el Ministerio de Información- para poder comprobar por sí mismo la situación en las ciudades del norte Homs, Hama y Alepo, principales focos de la insurrección antigubernamental, el periodista tiene que fiarse de los relatos de los diplomáticos, que aseguran que los carros de combate de la tercera división blindada que rodeaban Alepo, la segunda ciudad del país, han sido retirados en noviembre. Siria vuelve a la normalidad tras dieciséis meses de guerra civil larvada.Al anochecer -y en Damasco, en inviemo, anochece antes de las cinco-, la ciudad se llena de hombres armados, miembros de las Saraya al-Difaa, brigadas de defensa dirigidas por Rifaat, hermano del presidente Hafez el Assad, militares y mojabarat de las milicias populares.

En total, 60.000 hombres vigilan el sueño del millón y medio de habitantes, pero desde hace un par demeses «ya no se oyen disparos », señalan los diplomáticos. Está claro, en el décimo aniversario de la toma del poder por Hafez el Assad, la normalidad ha vuelto.

Normalidad, sí, ¿pero a qué precio? El presupuesto del Ejército y de la seguridad -parcialmente dedicado a fines internos- alcanzó, en 1980, la cifra récord del 54% del gasto público unos 3 10.000 millones de pesetas, de los cuales 80.000 millones proceden de la ayuda de los países del golfo Pérsico. «El Ejército sirio no es un Estado dentro del Estado; es simplemente el Estado; prueba de ello es el elevado número de oficiales de alto rango que desempeñan cargos públicos», comenta un europeo residente en Alepo.

Pero, a juzgar por los testimonios recogidos en Damasco y Beirut, no sólo se paga un precio económico por la normalización, sino también un precio en vidas humanas. Una alta fuente de la oposición laica, que prefirió permanecer en el anonimato, evaluó en más de 10.000 el número de presos políticos -la mayoría de ellos no han sido juzgados- y en unas 1.500 las ejecuciones perpetradas por motivos políticos desde que, el 26 de junio del año pasado, el presidente Assad salió ileso de un atentado con bomba, obra, probablemente, de los Hermanos Musulmanes.

Veinticuatro horas después de producirse el atentadci, el régimen baasista desencadenó una violenta, represión, que empezó por la cárcel de Palmira, donde cerca de quinientos presos políticos, según reveló el semanario británico The Observer y confirmaron a este enviado especial fuentes opositoras, fueron liberados y, una vez en el exterior de la cárcel, ametrallados desde tierra y helicópteros por las brigadas de defensa bajo la dirección de Rifaat el Assad.

Diez días más tarde, el Pairlamento sirio aprobó una ley que sanciona con la pena de muerte a todos los miembros de la Confraternidad de los Hermanos Musulmanes, excepto a aquellos que se entregasen en el plazo de un mes.

Oficialmente, trescientos militantes integristas se rindieron a las autoridades y algunos de ellos se arrepintieron públicamente por televisión, involucrando a Jordania en sus actividades terroristas.

Un mes después, la ola represiva desbordó incluso las fronteras sirias. Salah Bitar, cofundador del Baas y ex primer ministro sirio, fue asesinado en París, en el momento en que iniciaba contactos para crear un frente que reagrupase a las fuerzas laicas de la oposición, según aseguraron seis prestigiosas personalidades siriás exiliadas.

Los corresponsales extranjeros acreditados en Beirut eran, al mismo tiempo, amenazados por grupos armados prosirios, llegando a tener que abandonar Líbano dos periodistas británicos, por haber infringido la regla tácita de no informar sóbre la situación interna de Siria. La Prensa extranjera está sometida en Damasco a la censura previa.

En medio del frenesí represivo y cuando se sucedían las disoluciones de colegios de abogados, médicos e ingenieros, los registros domiciliarios y las detenciones arbitrarias, las autoridades llegaron a hacer circular en Alepo, ciudad de 900.000 habitantes, vehículos a los que habían sido atados los cadáveres esnu os ea gunos opositores, afirmó la fuente disidente laica.

A principios de julio, Rifaat el Assad se había declarado dispuesto a «desencadenar cien guerras y sacrificar un millón de mártires» para acabar con la sedición, y su hermano Hafez dijo, poco antes, a sus partidarios: «Si necesitáis armas, las tenemos, y están a vuestra disposición».

El turno de los laicos

A partir del otoño, una vez quebrados los Hermanos Musulrnanes, unico grupo que practicaba la lucha armada y auténtico catalizador de la resistencia anti baasista, le tocó el turno a la oposición laica. Disidentes del Baas, afiliados del Partido Comunista Sirio del Ex tranjero (PCS-E) y militantes de la Unión Socialista Árabe (nasserista), implantados en algunos círculos intelectuales y en deterininadas fábricas, fueron, a su vez, víctimas de la represión.

Fuentel de la oposición laica afirrnaron en Damasco que, en noviembre, unos cuatrocientos militantes del PCSE fueron encarcelados, incluido su jefe, Riad el-Turk, que permanece aún en cautividad.

La heterogeneidad de la oposición, integrada por extremistas religiosos, comerciantes e intelectuales laicos, sus divisiones intemas y su falta de programa coherente, más allá del derrocamiento del presidente, contribuyen a restarle eficacia. Si su incesante activismo preocupa al Gobierno, no parece, sin embargo, amenazarle directamente mientras la secta musulrnana alauí, a la que pertenece el presidente, permanezcaunida; los funcionarios mimados por el régimen sigan siendo sus aliados y, sobre todo, el Ejército no dé pruebas de deslealtad.

En julio, sin embargo, circularon en Damasco insistentes rumores sobre la detencíón de seis oficiales de alto rango implicados en un intento de golpe de Estado, y, en la primera semana de noviembre, dieciséis militares y cinco civiles fueron fusilados, en Lataquia, por motivos desconocidos, según aseguraron fuentes de la oposición laica, que desean ver en este acontecimiento un indicio precursor de la sublevación del Ejército.

Mientras, el asesinato, el 16 de diciembre en Damasco, del jeque alauí Mohamed Adnan al-Lazkani y del catedrático progubernamental Yussef Sayegh, y, diez días más tarde, de Darwiche al-Zuni, mieinbro del mando central del Frente Nacional Progresista, la más alta instancia política siria, y la muerte «en combate» de diez militantes integristas, revela que, a pesar de los golpes que les han sido asestados, los Hermanos Musulmanes conservan aún algún tipo de iniciativa.