Piden el restablecimiento de la pena de muerte en Italia tras el asesinato del general Calvaligi

El funeral del general de carabinieri Enrico Calvaligi, oficiado en la basílica de los Santos Apóstoles de Roma, asesinado el 31 de diciembre por las Brigadas Rojas, originó ayer escenas tensas y violentas protagonizadas por un público nutrido, que profirió gritos de hostilidad al Gobierno, vivas a los carabineros y al líder del Movimiento Social Italiano (MSI, neofascista), Giorgio Almirante, y reclamó el restablecimiento de la pena de muerte para los terroristas.

El vicario castrense de Italia, monseñor Mario Schierano, aseguró en su homilía que «el pueblo italiano está harto de oír sólo palabras y desea, por encima de todo, justicia y paz». Esta condena implícita de la clase política italiana había sido contestada de antemano por el presidente Sandro Pertini, quien, poco antes de salir de Francia para acudir al funeral, había declarado que no daría su apoyo a una «República presidencialista» y que «los partidos son indispensables en cualquier tipo de régimen democrático». A su salida de la basílica, el jefe del Estado fue aplaudido por numerosos transeúntes.El resurgir del terrorismo ha obligado a Pertini y a toda la clase política a acortar sus vacaciones. El Senado y la Cámara de Diputados reanudarán anticipadamente sus actividades, que prometen ser animadas. Todos los partidos políticos han presentado ya numerosas interpelaciones al Gobierno en el Parlamento y, más concretamente, a los titulares de las carteras de Justicia, Defensa e Interior, relacionadas con los últimos acontecimientos.

Para el prestigioso diputado comunista Antonello Trombadori, la última ola de violencia ha sido provocada por la «imperdonable decisión» del Gobiemo de cerrar la cárcel de máxima seguridad de Asinara. «Esto originó un motín en la cárcel de Trani y la consiguiente represión por los carabinieri de los presos amotinados, y, por último, la venganza de las Brigadas Rojas con el asesinato del general Calvaligi».

Los comunistas y socialistas han preguntado al Gobierno cómo los secuestradores del juez D'Urso han podido enterarse y difundir un documento confidencial enviado a la Presidencia del Gobierno, en el que recogen las principales reivindicaciones de los amotinados de Trani.

La izquierda tiene también la intención de pedir explicaciones al Gobierno sobre su política en materia de protección (te las personalidades amenazadas por los terroristas. El general Calvaligi, encargado de la seguridad en las cárceles, era un blanco privilegiado para los terroristas: se negaba a tener escolta. «Somos militares», afirmaba, «y no podemos aceptar que otros militares nos escolten».

Otro periodista detenido

La Prensa y las fuerzas políticas italianas denuncian casi unánimemente la actitud del periodista del semanario L'Espresso, Mario Scialoja, actualmente detenido, que entrevistó a los terroristas autores del secuestro del juez D'Urso sin advertir a la policía.Ayer, otro redactor del semanario, Giampolo Bultrini, fue también detenido e inculpado de falso testimonio. Este delito, junto con el de favorecer acciones terroristas, son los que se le imputan a Mario Scialoja.

«Ni confidentes de la policía ni portavoces de criminales» deberían ser los periodistas según el importante diario La Stampa, mientras Repubblica afirma que ambos periodistas detenidos, «desde el punto de vista jurídico, no es perseguible, desde el punto de visto deontológico y profesional no son criticables, y desde el punto de vista de la conciencia moral, el juicio es totalmente subjetivo», pero, «desde nuestro punto de vista de colegas, creemos que deberían haber informado inmediatamente a la magistratura, y nos duele que no lo hayan hecho». por su parte, Corriere della Sera, el primer diario del país, afirma en su editorial, firmado por uno de los «padres de la patria», Leo Valiani, amigo personal de Pertini: «Como toda libertad, también la de información, tiene sus límites, representados por las leyes en vigor». Es precisamente el cambio de la legislación penal sobre la Prensa lo que el mundo periodístico está pidiendo desde hace años, como, por ejemplo, el derecho al secreto profesional, hoy concedido sólo a sacerdotes y abogados.