Aprobado el sistema de contratación de profesores que elimina las oposiciones y garantiza la estabilidad
El título octavo del proyecto de ley de Autonomía Universitaria, que trata del profesorado y que, entre otras cosas, representa el fin del sistema de oposiciones y una garantía definitiva para la estabilidad del profesorado contratado, fue aprobado ayer por la Comisión de Universidades e Investigación del Congreso, con una redacción que es bastante expresiva de la voluntad de todos los grupos parlamentarios, a pesar de que contra él mantienen todavía algunas reservas las minorías nacionalistas y los comunistas.La aprobación de este título. supuso la superación de uno de los trances más difíciles del proyecto y la culminación del objetivo tantas veces reiterado por el ministro González Seara, de que esta ley tendría que ser el fruto de un amplio consenso.
La mayor parte de la larga sesión, iniciada a las 10.30 horas y finalizada alrededor de las 22.00, con una breve interrupción para el almuerzo, estuvo dedicada al debate global sobre la totalidad del título octavo, que consta de doce artículos.
Los comunistas, representados por la diputada Eulalia Vintró, consideran que el título octavo es «bueno en términos generales». Sus objeciones se refieren, fundamentalmente, al mantenimiento constante en todo su articulado de la expresión «cuerpos docentes del Estado», que, en su opinión, supone una limitación a la estructuración del Estado de las autonomías e hipoteca la futura regulación de la función pública. El Grupo Comunista hubiera preferido que, el proyecto hablase de cuerpos «de profesores universitarios» sin más, y que el futuro estatuto de la función pública aclare en su día definitivamente las cosas.
Eulalia Vintró -y a este respecto coinciden con ella los grupos socialistas y centrista- sitúa en el lado positivo de este título la desaparición -definitiva del sistema de oposiciones; el establecimiento de la igualdad de derechos. entre los profesores funcionariós y los contratados; la posibilidad de que las universidades decidan autónomamente sus plantillas, y su absoluta autonomía para contratar o adscribir a su profesorado.
El socialista Alfonso Lazo piensa que se trata de un paso decisivo para cambiar la universidad española, se siente particularmente satisfecho porque haya cuajado la expresión «profesores permanentes», aportada por su grupo, y pondera el que se haya conseguido resolver definitivamente el grave problema- de los profesores no numerarios, al establecerse en la ley que a partir de y un segundo contrato, el profesor contratado adquiera el carácter de permanencia. Habrá que advertir que el proyecto fija un período de cuatro años para cada contrato.
Por otra parte, tanto los socialistas como el Grupo, Centrista consideran suficientemente salvaguardado el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, con la introducción de una enmienda de Socialistas de Cataluña en la que se hace la salvedad de que cuanto se dice sobre el profesorado permanente de las universidades es «sin perjuicio de lo establecido en los estatutos de autonomía y en las normas de transferencia a las comunidades autónomas».
Los diputados Aguirre y Gasoliba, representantes de las minorías vasca y catalana, respectivamente, lamentaron el escaso respeto al espíritu de los estatutos de autonomía demostrados por los grupos centrista, y socialista, y enfatizaron su agradecimiento hacia la coherencia que en este aspecto había demostrado el Grupo Comunista.
Tanto el portavoz centrista Luis Berenguer, como el ministro González Seara, rechazaron con dureza acusaciones tales como la de que este título represente la «coronación del centralismo burocrático». El primero dijo que los nacionalistas habían entrado en este artículo como un elefante en una cacharrería; afirmó que no era correcto aludir una vez más a los enfrentamientos internos de su grupo, y que él también podría preguntar a Aguirre si hablaba en nombre de todo su partido, o lo hacía en re presentación del sector del PNV que acoje bortésmente al presi dente del Gobierno, o bien en el de losque promovieron el boicoteo a su reciente visita al País Vasco. Por su parte, González Seara dijo que «una cosa son competencias, y otra el establecimiento de fronteras»; que convenía recordar que no solamente hay que hablar del respeto a los estatutos de autonomía, sino también del respeto a Ia Constitución, con el que este proyecto de ley es absolutamente coherente.
Señaló que afirmar el sistema de profesorado que dibuja la LAU supone una visión centralista, no responde a un examen real, claro y riguroso de lo que en ella se está diciendo. «Somos autonomistas», concluyó el ministro, resumiendo el carácter solidario de la ley, «en la medida en que las autonomías sirvan para que el conjunto de los españoles puedan ejercer enteramente sus líbertades».
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