Reportaje:El Salvador, 12 meses, 10.000 muertos / y 3

La reforma agraria de El Salvador sirve de excusa para la ocupación militar del país

Hay demasiados elementos que no cuadran en esta reforma agraria. Vale la pena citar dos. El primero, que sea un Gobierno de extrema derecha, vinculado a la oligarquía terrateniente, quien esté interesado en socializar la propiedad del suelo. El segundo, que haya sido el Gobierno estadounidense el defensor de la reforma, hasta el punto de imponerla como condición para reanudar la ayuda militar, interrumpida en 1977.Los sectores populares de oposición explican así estas paradojas: «La reforma agraria es sólo una excusa para ocupar militarmente todo el país y controlar más de cerca a la población campesina, de la que el Gobierno sospecha que se nutre principalmente el movimiento popular de liberación.

La ley de Reforma Agraria fue dictada el pasado 6 de marzo. Esa madrugada el Ejército ocupó militarmente todas las fincas agrícolas con una superficie superior a las quinientas hectáreas. Según los datos más fiables, eran unas 260 propiedades. El Gobierno justificó el despliegue militar diciendo que era necesario «proteger a los campesinos de los anteriores propietarios».

Ocho meses después, el Ejército sigue ocupando las fincas, sin que ello haya impedido la muerte de más de 3.000 campesinos. Uno de los colaboradores más directos del presidente del ISTA (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria) admite que «la reforma agraria está siendo utilizada para ocupar el país y controlar zonas a las que el Ejército apenas tiene acceso». «No utilice mi nombre», añade, «porque aquí le matan a uno por menos de eso».

Y dice más: «No se trata sólo de la ocupación que se mantiene desde el 6 de marzo. Desde hace algunas semanas se han empezado a crear comités de defensa civil en las cooperativas. Ya funcionan unas veinte y tienen intención de extenderlas a todas las propiedades intervenidas. Es gente civil, armada, de extrema derecha en su mayoría, que los cooperativistas tienen que alimentar y pagar a la fuerza. Muchos pertenecen a la desarticulada organización ultraderechista Orden y son los mismos que ya nos han matado a doscientos cooperativistas. Nosotros no hemos tenido problemas senos con la izquierda, los tenemos con los militares y el Gobierno mismo».

Una historia de sange

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La reforma agraria tiene en El Salvador casi cincuenta años de historia, los mismos que la dictadura militar que se ha ido turnando en el poder en medio de fraudes electorales y cuartelazos. No es casual que el camino de esta, ley se está cerrando con muertes, porque se inició en 1932 con la mayor matanza que se haya llevado a cabo en este país, demasiado familiarizado con la muerte violenta. Los campesinos pagaron sus reclamaciones sobre la tierra con un mínimo de 17.000 muertos, cifra que algunos historiadores elevan hasta 30.000.

El general Maximiliano Hernández Martínez, cuyo nombre ha adoptado significativamente el comando que hace dos semanas asesinó a los líderes del Frente Democrático Revolucionario (FDR), se premió su hazaña usurpando la presidencia durante doce años. Otros generales se encargaron después de frenar las reivindicaciones campesinas. La propiedad de la tierra siguió un proceso tal de concentración que 82 propietarios reunían en 1975 cerca del 20% de la superficie cultivada del país. En el otro extremo, el 41% de los campesinos carecía de tierras y otro 54% tenía unos minifundios incapaces de alimentar a una familia.

En este contexto, la reforma agraria se plantea, tras el 15 de octubre de 1979, como la única fórmula capaz de evitar una guerra civil. La fe de los socialdemócratas que apoyaron a la primera Junta no duró ni tres meses. Los militares más derechistas se opusieron tenazmente a su reforma agraria. Nadie duda hoy de que el control militar del país fue el razonamiento más convincente empleado luego por Estados Unidos para que una Junta ya definitivamente escorada a la derecha promulgase el decreto de reforma.

No parece casual que el hombre que se ha erigido en principal asesor del proyecto por parte norteamericana sea Roy Prosterman, uno de los técnicos que en los años sesenta asesoró al Gobierno de Vietnam de Sur en la creación de las «aldeas estratégicas» y que, más tarde, colaboró en la «reforma agraria» puesta en marcha por el dictador filipino, Fernando Marcos en los territorios más castigados por la guerrilla musulmana.

Prostrman afirmaba en abril que «si las reformas son llevadas a cabo con éxito aquí, el movimiento armado de izquierda será eliminado al final de 1980». El subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, William Bowdler, echó mano también de la reforma agraria para defender ante el Congreso norteamericano la reanudación de la ayuda militar a El Salvador.

El vicepresidente salvadoreño, Jaime Abdul Gutiérrez decidido opositor a la reforma, se convirtió a partir de marzo en uno de sus más fervorosos partidarios, tras una entrevista mantenida en Houston con dos funcionarios del Departamento de Estado.

Los campesinos tienen miedo

Pese a la utilización-militar de la ley, hay un hecho cierto: han sido intervenidas todas las fincas mayores de quinientas hectáreas, lo que supone una extensión cultivada de unas 320.0150 hectáreas, el 30% de la superficie agrícola del país. «Pero esta ocupación" asegura el ya citado técnico del ISTA, «es reversible en cualquier momento, porque la tierra sigue siendo legalmente de los antiguos propietarios, ya que no se ha modificado aún ningún título de propiedad y tampoco se les ha pagado el justiprecio».

El miedo al terrateniente y a sus posibles represalias en el caso de que se retroceda a la situación anterior ha hecho que muchos campesinos se hayan negado a formar parte de las cooperativas. «En las fincas ocupadas tenía que haber más de 350.000 personas y apenas hay unas 100.000. El miedo es doble, a los dueños de las tierras y a las Fuerzas de Seguridad, que dicen defender la reforma agraria. Hay una verdadera persecución a todo aquel que está organizado, porque se piensa que ha de ser marxista, y de esta persecución no se han librado los cooperativistas».

Esta obstrucción gubernamental a su propia reforma agraria tiene muchos ejemplos. A los doscientos cooperativistas asesinados se unen los siete atentados contra el presidente del ISTA, Rodolfo Viera, un campesino procedente del sector democristiano. Ante estas oficinas, que se consideraban el último reducto del coronel Majano, estalló la bomba que pretendía acabar con su vida, y aún son visibles las. huellas en techos y ventanas del edificio.

El boicoteo del Gobierno obligó a los ingenieros del ISTA a realiza una huelga general en abril, por que no llegaban los créditos para poner en marcha las cooperativas. «No había ninguna excusa en est retraso, porque el Gobierno acababa de nacionalizar la banca. Este boicoteo era un auténtico suicidio porque ninguna de estas grande fincas hubiera cosechado este año a no ser por las cooperativas. Gracias a la reforma vamos a mantener una producción similar a la de año anteriores, aunque ha descendido la cosecha de caña, fréjoles y maíz»

Los cafetales, intactos

Otro de los puntos débiles de esta reforma agraria es que prácticamente no ha tocado los cafetales, que producen el 80% de las exportaciones totales del país. Leonel Gómez, uno de los directivos del ISTA, lo explica así: «No se ha entrado en los cafetales porque tienen superficies inferiores a las quinientas hectáreas y fue este el límite que se fijó para la primera fase de la reforma, entre otras cosas porque no tenemos ingenieros agrónomos para hacernos cargo de más fincas ni capacidad administrativa para dirigirlas».

La reacción de los terratenientes ante la reforma agraria ha sido mucho más resignada de lo que se temía. Hay quien asegura desde la izquierda que muchos han conseguido justiprecios superiores al valor real de la tierra intervenida y que, además, los bonos del Estado que van a servir como fórmula de pago tienen asegurada una plusvalía superior a la de la tierra.

Leonel Gómez rechaza la primera acusación y aduce a título de ejemplo que el ISTA ha sido el único organismo público que ha procesado a un militar, el coronel Tejada, anterior presidente, por fraude y malversación de fondos. «Simplemente porque robaba. Las cien fincas que tenía el Gobierno perdían antes unos cincuenta colonos por hectárea (1.500 pesetas), cuando nosotros hemos comprobado ahora que estas propiedades son rentables. También sabemos que las tierras fueron valoradas por encima de su precio de mercado en más de cien millones de colones (3.000 millones de pesetas)».

«Esto se ha acabado. Para evaluar las fincas recurrimos ahora al valor catastral declarado en 1976, y ya se sabe que las propiedades agrícolas estuvieron siempre declaradas por debajo de su precio para evitar el pago de impuestos y porque sus propietarios nunca pensaron venderlas». Pese a todo, algunos grandes propietarios pueden recibir sumas superiores a los cuatro millones de dólares, que pueden ser muy estimables en momentos de gran carestía del dinero y en una situación de guerra civil que planteaba muchas incógnitas sobre la producción agraria.

Lo que resulta paradójico es que los terratenientes se hayan avenido no sólo a la expropiación, sino al retraso en el cobro. Hasta ahora no han cobrado nada, ni siquiera en papel avalado por el Estado. Es posible que no se haya reclamado el dinero en la secreta esperanza de que se retrotraiga todo el proceso.

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