El acuerdo sobre la policía vasca, pendiente de la custodia de carreteras

El decreto por el que se crea la policía autónoma vasca permanece estancado desde hace una semana en un solo punto, relativo a la custodia de las vías de comunicación, que el Gobierno vasco pretende que le sea atribuida en exclusividad, mientras que el Gobierno de Madrid, aunque esté dispuesto a transferir las funciones de policía de tráfico, entiende que no se puede privar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de la capacidad de adoptar medidas que afecten a la circulación en el cumplimiento de las funciones que le están atribuidas. Todas las demás cuestiones, tanto de competencias, organización, como de dotación de medios, han sido ya resueltas.Para el Gobierno es irrenunciable el reconocimiento de la posibilidad de intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en las carreteras, cuando así lo exijan las circunstancias, ya que lo considera una condición imprescindible para poder luchar eficazmente contra la delincuencia.

Según una fuente gubernamental, lo que pretende la Administración central no es más que lo que sucede actualmente en cualquier gran ciudad de España. «En Madrid», señaló la fuente, «el tráfico es competencia de la Policía Municipal, pero esto no impide que la policía gubernativa pueda en ocasiones tomar medidas como el corte del tráfico en una calle cuando así lo exijan las circunstancias».

En la situación de terrorismo por la que atraviesa el País Vasco es especialmente importante para el Gobierno que se reconozca la posibilidad de actuación de la Guardia Civil, ya estableciendo controles o adoptando cualquier otra medida sobre la circulación, a fin de cumplir las funciones que les están atribuidas. La disposición adicional en discusión cita en especial el derecho a la custodia de las vías de comunicación.

También pretende el Gobierno que, pese a la transferencia de funciones de policía de tráfico a los cuerpos forales, los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado puedan formular denuncias en materia de tráfico, de conformidad con lo establecido en el artículo 280 del Código de la Circulación, que se refiere a la obligación de todo agente de levantar acta de cualquier infraccion que presencie, aun en el caso de que esté prestando otro servicio.

Desde el domingo pasado todos los contactos que ha habido en torno al tema de la policía autónoma entre las autoridades de Madrid y las vascas -y han sido numerosos y largos- se han limitado siempre a este único punto de discrepancia.

En el proyecto de decreto se reconocen, entre otras funciones, las de proteger la seguridad ciudadana, garantizar el pacífico ejercicio de derechos y libertades públicas y prestar protección a personas, bienes y edificios. También se le reconocen funciones de investigación y prevención del delito.