La Generalidad y las negociaciones de adhesión a las Comunidades Europeas

El debate en torno a la tutela de las cajas de ahorro catalanas por parte de la Generalidad y la figura del gobernador general, están sirviendo para poner de manifiesto que la tarea de deslindar funciones entre Gobierno central y poderes autónomos no es fácil, por más que la Constitución y los estatutos de autonomías han perfilado un sistema para hacer posible el Estado de las autonomías.Está muy claro además que por más buena voluntad que se ponga, conflictos de este tipo surgirán con frecuencia en los próximos años en que debe irse desarrollando la normativa que haga operativas las definiciones y declaraciones de rango constitucional y estatutario.

Es preciso, por otra parte, que se haga cuanto se pueda para evitar tensiones institucionales en los terrenos -por fortuna muchos- en que las cosas están perfectamente claras y en que solamente unos malentendidos podrían hacer pensar que hay problemas en temas en que ni hay tensión ni debe haberla. Esta introducción sirve para entrar en la consideración de la resolución del Parlamento de Cataluña del pasado 11 de noviembre por la cual se insta al Gobierno de la Generalidad a organizar, de acuerdo con el Gobierno del Estado, una comisión de segumiento de las negociaciones de adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Relaciones internacionales; competencia del Estado

La propuesta de creación de tal comisión, conversaciones celebradas por el presidente de la Generalidad y por parlamentarios de Minoría Catalana al respecto, y contactos de miembros del ejecutivo catalán con el embajador de España ante las Comunidades Europeas, han desencadenado algunas reacciones y comentarios de tono exagerado sobre el papel de la Generalidad en las negociaciones de adhesión de España a las Comunidades Europeas.

En Cataluña se tiene muy claro que el artículo 149 de la Constitución -que los españoles aprobamos por referéndum el 6 de diciembre de 1978- reserva al Estado la competencia exclusiva de las relaciones internacionales, aunque se tiene claro también que el Estatuto de Cataluña de 18 de diciembre de 1979 fija en su artículo 27 que la Generalidad será informada en la elaboración de tratados y convenios de carácter internacional (lo mismo que se da, por cierto, en el artículo 20 del Estatuto de Euskadi, de igual fecha).

Es este el alcance real que hay que dar a la resolución del Parlamento catalán, del 11 de noviembre, a las gestiones y conversaciones mantenidas por representantes del ejecutivo catalán y a los estudios que la Generalidad lleva a término sobre el impacto económico y jurídico que el ingreso de España en las Comunidades Europeas producirá sobre la economía catalana.

El propio Parlamento de Cataluña explicitaba en su resolución que las funciones y operatividad de la mencionada comisión de seguimiento fuera concretada por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad, de acuerdo con el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas, cuyo actual titular, por cierto, es miembro del Parlamento catalán, que por unanimidad aprobó la creación de la mencionada Comisión de Seguimiento de las Negociaciones de adhesión.

Sin embargo, y pese a todas estas puntualizaciones, está muy claro que a Cataluña le interesa y le afecta muy de cerca todo lo que sean negociaciones de adhesión. No hace falta recordar en estas líneas que la Comunidad -con diez países miembros desde el próximo 1 de enero- es la principal área de intercambios económicos externos del Principado, tanto si se contabilizan importaciones y exportaciones como si se miran los flujos turísticos o de inversiones, y que es con esta óptica y la de tener muy en cuenta que lo que pasa en Europa se deja sentir al sur de los Pirineos, casi inmediatamente, que el proceso de incorporación de España a la Comunidad preocupa a Cataluña.

Cualquier conocedor mediano de los temas comunitarios sabe, por otra parte, el alcance limitado que tiene el proceso negociador y la beligerancia reducida que hasta ahora, y pese a los últimos esfuerzos del Parlamento europeo, tienen las regiones en Europa.

De la habilidad con que las negociaciones de adhesión vayan siendo conducidas -y hay que recordar que el Consejo Ejecutivo catalán mostró su confianza al respecto, hace unos meses- no podrán derivarse otros cambios en el proceso de aceptación y recepción de las normas comunitarias que los posibles en cuanto a calendaríos de adopción por España del acervo comunitario y a derogaciones temporales de ciertas de las obligaciones que la pertenencia a la Comunidad Europea comportan.

Junto a ello resulta también innegable que Cataluña no espera -cuando España sea miembro de la Comunidad- excepciones al sistema comunitario normal, como espera el archipiélago canario en función de su siempre en vigor Régimen Económico Fiscal Especial y que, por ello, esta siguiendo la negociación no va a significar intentar sustraerse al «régimen general» que llegue a acordarse para la integración de España y se plasme en los tratados de adhesión cuando lleguen a puerto las negociaciones iniciadas el 5 de febrero de 1979.

No se trata, pues, de buscar condiciones de adhesión especiales, sino de poder ir valorando el impacto económico que las transacciones que la negociación comportan pueden acarrear para los sectores económicos de más implantación en Cataluña y de ir viendo la manera en que el proceso de adopción del acervo comunitario irá modificando las competencias autonómicas.

La España de las regiones

Cataluña ha venido repitiendo su firme voluntad de mejorar la gobernabilidad global del Estado y es muy consciente del papel que puede y debe jugar, tanto en el contexto de la Europa de las regiones como en el contexto de la negociación de adhesión de España a la Comunidad Europea.

Con la resolución aprobada en el Parlarnento catalán no se trata, pues, de interferir en nada el proceso normal de negociación, sino de ir dando cuerpo a lo que la Constitución y el Estatuto de Autonomía dicen al respecto, teniendo en cuenta la enorme importancia del tema para nuestro futuro y teniendo en cuenta, también, de que ya en mayo pasado el Parlamento europeo vio una propuesta de resolución en la que se invitaba al Gobierno espatol a asociar a los Gobiernos autónomos de Cataluña y Euskadi a la negociación de adhesión