Las Ventas: empieza la batalla de la rescisión

Ha empezado la batalla de la rescisión. Taurina Hispalense puede perder la plaza de Las Ventas, que es propiedad de la Diputación de Madrid. Si no hay sorpresas, el resultado final podrá conocerse en un plazo aproximado de diez días. De momento, los miembros del Consejo Taurino de la Corporación, en el que están representados todos los partidos, han hecho de forma inequívoca y firme su propuesta de rescindir. Ahora es la institución la que tiene que mojarse.De un lado, Taurina Hispalense, a la que se identifica con su consejero delegado, José Luis Martín Berrocal. Es hombre extravertido y activo, que no se muerde las palabras. Y como no se las muerde, fluyen y a su vez dan que hablar. No está demostrado que sea un valor sustantivo estar de boca en boca. A veces viene bien, pero no siempre. A la fiesta dicen que le falta pasión y argumento para suscitar la polémica, de donde algunos deducen que Berrocal es el personaje llamado a llenar este hueco.

Acaso no tanto. Hablar, habla. En cuanto a cumplir, ya es harina de otro costal. De cuanto dijo que haría al llegar a la empresa de Las Ventas, allá por el pasado febrero, muy poco se ha visto. Puso a Victorino de veedor de toros, y ni Victorino, ni Berrocal, ni la temporada van a pasar a la historia por esto. Hay poco más. De cualquier forma, si algo puede dañar, incluso fatalmente, al espectáculo es que al público, tan defraudado históricamente de suyo, le llenen la cabeza con promesas.

Pero no es este el caso. Es el caso que Taurina Hispalense estaba obligada a pagar un canon de arrendamiento -que ha pagado religiosamente- y a cumplir otras estipulaciones, varias de las cuales, en cambio, no ha cumplido. Una de ellas, sujetar los precios al límite del 35% autorizado a lo largo de un período de cinco años. Obsérvese: ya al segundo año, en bastantes localidades, la sociedad disparó los precios por encima del autorizado. Otra protagonizar un subarriendo secreto (y, nalturalmente, inconsentido), que está expresamente prohibido por el contrato de arrendamiento.

Flota la pregunta: ¿son estos incumplimientos (y otros) suficientes pasa rescindir el contrato? El propio contrato lo dice con absoluta claridad: «El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones es causa de rescisión del contrato». Si en Taurina Hispalense leyeron las condiciones, sabían a lo que se exponían cuando incumplieron. En la Diputación también lo saben, y por eso van a la rescisión,. Porque, en caso contrario, alguien puede hacerlo cualquier ciudadano podría pedirles explicaciones de por qué incumplen ellos mismos el contrato. La pregunta tipo sería: «Me diga, señor diputado, ¿está usted conchavado?».

Las Ventas es de la Diputación, pero no es una finca de los diputados. Cuando los diputados demócratas llegaron, recibieron para su custodia y buen uso, entre otras cosas, una plaza de toros que había tenido la máxima categoría y es ahora un desvalorizado edificio y, en calidad de arrendataria, una empresa prácticamente en quiebra. La empresa era Diodoro Canorea en persona.

Todos habíamos oído decir que Canorea no era en este asunto Canorea, sino Taurina Hispalense, lo cual implicaba subarriendo ilegal; pero había que demostrarlo, porque Canorea lo negaba. A EL PAÍS lo manifestó muchas veces: «La empresa soy yo y sólo yo». Hoy, en la Diputación ya tienen el documento del subarriendo, llegado por no se sabe qué conducto. En su poder la prueba, ya pueden hacer la denuncia, y la han hecho.

Cuando terminó la temporada 1979, Canorea solicitó el cambio de titularidad a Taurina Hispalense, y hubo muchas dudas en la Diputación. Llegó Berrocal con sus avales y pidió un margen de confianza. Si se le concedió, no pretenderá encima cobrarse las rentas o exigirá que aquel voto de confianza se convierta en cheque en blanco. El margen de confianza resultó fallido. La temporada del ochenta, aparte incumplimientos, es la más desastrosa de las que se recuerdan en Las Ventas. La autoridad gubernativa multó dos veces al empresario y le apercibió de inhabilitación -pueden consultarse archivos- por las reiteradas vulneraciones del reglamento taurino (que también son incumplimientos de contrato). Nunca hubo tanto escándalo. Finalmente vinieron las corridas mixtas, deleznable sucedáneo.

Es cierto que la Diputación pudo rescindir el contrato en 1979 (aunque no había tantos incumplimientos), pero porque errara entonces no se le va a exigir ahora que reincida en el error. Es cierto que los precios de la corrida de la Beneficencia fueron similares a los de San Isidro, pero ni estaba obligada a hacer lo contrario ni una corrida aislada es lo mismo que un abono. A Taurina Hispalense no se le acusa de haber sobrepasado los precios en un solo festejo, sino en muchos. El expediente de rescisión está en marcha. Desde el bando berrocaleño se ha acusado a «cierta Prensa» (la canallesca, seguro) de hacer campaña en su contra. Nos tememos que la campaña existe, pero es ahora y a su favor. A salvo, naturalmente, los colegas independientes, que, opinen en un sentido o en otro, siempre estarán libres de toda sospecha. Pero, con campaña o sin campaña, ahí está el público, de víctima, y la fiesta -hecha trizas, como siempre-, y la esperanza de que en 1981 Madrid tenga, por fin, la temporada que merece. Lo cual depende de la decisión final que adopten los diputados. La afición madrileña está pendiente de ellos.