Rechazada la congelación de plantillas de los cuerpos de seguridad del Estado

El Pleno del Congreso de los Diputados, en el tramo final del debate presupuestario, entró ayer a discutir sobre «la calderilla» de los Presupuestos del Estado para 1981, en contraste con los billones y miles de millones de pesetas de las cifras globales. Los esfuerzos de la izquierda para cambiar de destino a algunas partidas obtuvieron en contadas ocasiones el visto bueno de la mayoría. En cambio, las propuestas socialistas sobre congelación de plantillas de los cuerpos de seguridad, que prosperaron en la Comisión de Presupuestos gracias a la ausencia de varios diputados progubernamentales, fueron rechazadas ayer por el Pleno.

Tras fracasar el intento del socialista catalán Julio Busquets de transferir al Ministerio de Universidades e Investigación 1.805 millones de pesetas para programas de investigación, se inició el debate sobre las partidas específicas del Ministerio del Interior. A diferencia de lo habitual, UCD defendió propuestas contrarias a lo aprobado en la comisión, al prosperar la enmiendas socialistas.Tales enmiendas establecieron una reducción de 560 millones de pesetas en gastos de teléfonos, correos y telecomunicaciones, así como 2.451 millones de pesetas en la plantillas de los cuerpos de seguridad del Estado. El centrista Gervasio Martínez Villaseñor destacó la voluntad política que se manifiesta a través del Presupuesto por parte del Gobierno de no reducir los medios ni el personal al servicio de la seguridad del Estado. En cambio aceptó, mediante una enmienda transaccional, la unificación de varias partidas sobre informática y comunicaciones de las citadas fuerzas.

El socialista Carlos Sanjuán defendió el dictamen de la Comisión de Presupuestos y calificó de partidas enmascaradas algunas de las que figuraban en el proyecto del Gobierno. Destacó que no se trata de congelar las plantillas por gusto, sino porque el total de miembros de los diversos cuerpos de seguridad es en nuestro país de 191.855 en total, lo que supone un policía por cada 186 habitantes. Aportó datos de derecho comparado, según los cuales, en Alemania, el número de habitantes por cada policía es de 385; en Luxemburgo, de 585; en Dinamarca, de 590; en Finlandia, de 620; en Noruega, de más de 1.000, y en Francia, de 365. Concluyó que tenemos el doble de policía de la media europea, por lo que el problema no es de número, sino de eficacia y racional de utilización de medios.

El ministro de Interior, Juan José Rosón, insistió en la falta de efectivos para cubrir algunas comisarías y servicios de seguridad en zonas rurales, si bien reconoció que la estructura policial necesita ser mejorada.

Sometida a votación la. enmienda transaccional que asumía parte de la propuesta socialista sobre unificación de partidas, fue aceptada por 257 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. En cambio, fueron rechazadas las propuestas socialistas sobre congelación de plantillas policiales, ganadas en la Comisión de Presupuestos.

Cárceles y familiares de presos

En la sección correspondiente a Justicia, la diputada socialista María Izquierdo Rojo defendió una enmienda según la cual, del total superior a 5.000 millones de pesetas para construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, se detraerían doscientos millones de pesetas para dedicarlos a las familias de los reclusos. La diputada socialista recordó que en España existe una población de 18.000 reclusos y que la dotación presupuestaria de once millones resultaba extraordinariamente escasa.

Sobre esta cuestión, según pudo saber EL PAIS, existía un acuerdo entre los socialistas y el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, para detraer al menos cien millones de pesetas. Dicho acuerdo fue aceptado también por el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, pero el vicepresidente segundo del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, se opuso a su aceptación. Fernández Ordóñez se ausentó ostensiblemente durante el debate de la citada enmienda.

El centrista José Ramón Pin ofreció llegar a veinte millones, pero los socialistas no aceptaron cifras que calificaron de beneficencia. La enmienda fue rechazada por 120 votos a favor, 145 en contra y seis abstenciones.

Cooperación internacional "a la española"

En la sección correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores, los socialistas defendieron varias enmiendas. Sólo lograron modificar la denominación de las asignaciones al Tribunal de la Rota, si bien Gregorio Peces-Barba consideró inaceptable la solución, por ser contraria a lo establecido en los acuerdos entre España y la Santa Sede.