El Congreso aprobó la elevación al 2,5 % del impuesto sobre tráfico de empresas

El Pleno del Congreso de los Diputados reanudó ayer por la tarde el debate del proyecto de Presupuestos del Estado para 1981, y en la sesión se aprobaron los últimos doce artículos y las dos primeras disposiciones adicionales del proyecto, en la segunda de las cuales se incluye el presupuesto-resumen de la Seguridad Social, con un montante total de más de dos billones de pesetas. Los artículo aprobados establecen varios preceptos tributarios, entre ellos la elevación al 2,5% del impuesto sobre tráfico de empresas.

Socialistas y comunistas objetaron la mayor parte de estos artículos referidos a normas tributarias, por entender que no es constitucional su inclusión en los Presupuestos del Estado. Así, ambos grupos pidieron la supresión de los artículos 36, 37 y 38, argumentando que modifican leyes tributarias, lo cual está prohibido por la Constitución si no se hace mediante una ley sustantiva.El artículo 36 establece que los beneficios obtenidos al vender la vivienda propia no pagarán impuesto si se invierten en la adquisición de otra vivienda. El 37 autoriza al Gobierno a modificar la valoración patrimonial de las transmisiones, y el 38 establece normas relativas al impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas. El socialista Félix Pons se limitó a utilizar el argumento de la inconstitucionalidad, mientras el comunista Fernando Pérez Royo añadió que hay razones de pura justicia tributaría porque las modificaciones propuestas van en sentido de la contrarreforma tributaría Ambos anunciaron que presentarán recursos de inconstitucionalidad contra los tres artículos.

El centrista José Manuel García Margallo enhebró una complicadísima argumentación legal y técnica para demostrar la viabilidad constitucional de los tres artículos, y replicó que ninguno de ellos va en el sentido de la pretendida contrarreforma fiscal. Por su parte, el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, aclaró que el Gobierno había estudiado previamente las modificaciones tributarias previstas para 1981 y separado en un decreto-ley las que no tenían encaje constitucional. Añadió que para el resto, que son las contenidas en la ley de Presupuestos, la asesoría-jurídica de su Ministerio no encontró ninguna objeción constitucional.

Impuestos indirectos

El Grupo Parlamentario Comunista pidió también la supresión de los artículos 39 y 40, que contienen normas para el impuesto sobre sociedades. Asimismo, socialistas y comunistas pidieron el voto contrario al artículo 43, que es uno de los preceptos claves de la política económica del Gobierno contenida en este proyecto, ya que eleva en un punto -del 1, 5% al 2,5%- el impuesto sobre el tráfico de empresas (ITE), del cual proviene una gran parte de la imposición indirecta. Sin embargo, ninguno de los dos grupos provocó un debate amplio y a fondo sobre este artículo. El socialista Félix Pons se limitó a objetarlo junto con los tres citados en primer lugar, con el argumento de la inconstitucionalidad.

No obstante, este artículo sufrió una profunda transformación aunque el tipo general queda en el 2,5% como consecuencia de una enmienda transacional de UCD defendida por Mariano Alierta. La propuesta fue aprobada con la abstención de la izquierda, y establece que el ITE será del 2,8% para las tranmisiones directas de fabricante a minorista, y del 3,8% en total cuando intervenga un intermediario mayorista, todo ello para favorecer los canales de comercialización directa.

Asimismo, el tipo impositivo será del 0, 8% par a las ventas, suministros, entregair y transmisiones realizadas por comerciantes mayoristas, y del 7,5 %en los espectáculos cinematográficos. Estos últimos tipos tuvieron que fijarse en un cálculo posterior a la aprobación del artículo, ya que los porcentajes inicialmente fijados y aprobados quedaban de hecho inútiles cuan do el grupo socialista retiró un apartado introducido por pro puesta de sus diputados, en el que se refundían otros impuestos en el ITE. La sesión hubo incluso de interrumpirse para corregir este defecto, y una vez arreglado, UCD emitió una nota en la que se quejaba de esta confusión de «tener que corregir unos tipos ya aprobados ante la veleidad socialista con sus propias propuestas».

Seguridad Social y pensiones

Aprobados sin debate el resto de los artículos y la disposición adicional primera, el socialista Esteban Granados defendió una enmienda para mejorar y regular el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Entre otras cosas, Granados proponía elevar los mínimos en un 16%, que la pensión de viudedad equivalga al menos al 85% de la de jubilación, asegurar que los pensionistas tengan dos pagas extraordinarias y que el complemento por gran invalidez sea, como mínimo, el 75 % del salario base interprofesional.

José Miguel Bravo de Laguna, de UCD, dijo que, su grupo no es taba contra los criterios de fondo, pero se opuso a la enmienda por que aumentaría el coste de 70.000 millones y porque la ley de Presupuestos no es el lugar adecuado para modificar el régimen de pensiones. Estas, no obstante, aumentan un 12% de promedio, que se distribuye entre un 14% para las más bajas, disminuyendo a partir de ahí hasta las 7.000 pesetas lineales que aumentarán las pensiones de más de 60.000 pesetas.

A ello replicó. el socialista Granados que cuando el Gobierno está utilizando los Presupuestos para modificar las leyes que quiere, se impide a la oposición que trate de incluir otras normas cuando se lleva un año esperando un proyecto de ley general de pensiones. Contra este argumento, Bravo de Laguna indicó que la labor legislativa es tan intensa que los retrasos son inevitables.

El mismo Esteban Granados defendió otras enmiendas a la Seguridad Social, con propuestas tales como que los incapacitados laboralmente o inválidos no paguen ,medicinas, que éstas cuesten al afiliado sólo el 30%, elevar a seiscientas pesetas por hijo la ayuda familiar, y dotar un fondo de investigaciones sanitarias. De nuevo Bravo de Laguna se opuso, por razones económicas, a estas propuestas. Sin embargo, advirtió que los inválidos ya están excluidos del pago de medicinas, y respecto a los incapacitados transitoriamente, mostró su reserva, porque, según dijo, el eximirles del pago de las medicinas podría favorecer el absentismo.

La sesión continuó hasta la madrugada con el estudio del resto de disposiciones adicionales y finales, previo al análisis de las secciones.